En Costa Rica en el año 2017 vivían casi 300 mil nicaragüenses de los 658 mil nicas que habitaban en el extranjero, según estimaciones del BID con datos de las Naciones Unidas. Los nicaragüenses son el mayor grupo de extranjeros de Costa Rica.
En general se considera que la mitad de los nicaragüenses en ese país, es decir unas 150 mil personas, no tienen papeles. Incluso, la ya tradicionalmente restrictiva política migratoria en ese país se había hecho mucho más estricta en los últimos años con un aumento de los rechazos y las deportaciones.
El 16 de agosto pasado, un mes después de haberse levantado todos los tranques y según datos de las propias autoridades de Costa Rica, se habían presentado 10 mil solicitantes de asilo nicaragüenses. El presidente de ese país, Carlos Alvarado, reconoció públicamente que el 80% de esas solicitudes correspondían a nicaragüenses indocumentados que ya vivían en territorio tico antes de comenzar la crisis.
Lo anterior sucedió en el mes de agosto, cuando ya se habían quitado los tranques y el país estaba en franco proceso de normalización.
Es lógico, cuando un país que recibe un gran número de inmigrantes pone campos para recibir refugiados del país emisor, muchos de los migrantes tratarán de conseguir papeles a cualquier precio, sin importar si tienen razones convincentes o no para pedir asilo.
Una cosa son los artículos ponzoñosos de la prensa golpista, y las declaraciones politizadas de organismos como ACNUR, pero lo cierto es que el Estado nicaragüense tiene una propuesta seria para garantizar el retorno asistido voluntario de todos los expatriados que así lo deseen.
Y esta política es avalada por la Organización Internacional para las Migraciones que ha aceptado apoyar al Gobierno en ese sentido.