Por Danay Galletti, Sputnik.
Este 6 de noviembre tendrán lugar las cuartas elecciones municipales desde la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del presidente Daniel Ortega en 2007, y los segundos comicios sin la verificación de organismos internacionales "prodemocracia", financiados por Estados Unidos y la Unión Europea.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) orientó la distribución de las maletas electorales en las 153 demarcaciones. Se espera la continuidad del FSLN en ciudades emblemáticas como Managua, León y Chinandega.
Para Fabrizio Casari, analista político italiano y director del medio alternativo Altrenotizie, en los comicios está en juego su proyecto-país, "la credibilidad y sostenibilidad de su plan de renovación radical del tejido social nicaragüense" y suponen la medición del grado de consenso popular respecto al liderazgo de Ortega y Rosario Murillo.
Jorge Capelán, analista uruguayo radicado en Managua, cree no existirán "sorpresas", pues el gobernante FSLN es hegemónico e incluso "está por verse si los partidos de oposición logran mantenerse en las pocas alcaldías que gobiernan".
Actualmente, la oposición gobierna en Jinotega, Boaco, Río San Juan, Estelí, Nueva Segovia, Chontales, Caribe Norte y Caribe Sur, "ninguna perteneciente a los centros urbanos importantes". Y teniendo en cuenta los resultados de las presidenciales de 2021, la oposición presumiblemente no vencerá en regiones como Caribe Norte, donde el sandinismo predominó con más de 80% de las boletas.
Según Capelán, el reto más significativo es lograr un alto nivel de participación —si se tiene en cuenta que los comicios locales generalmente motivan a menos electores, en un país donde el voto no es obligatorio—, y seleccionar a los representantes entre unos 27.000 candidatos, de los cuales al menos 50 % son mujeres.
¿Quiénes participan?
El Frente interviene con su Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que comprende a 11 agrupaciones partidistas. La oposición participa con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Yatama, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (APRE).
También, la alianza entre el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) aportará candidatos a estas votaciones donde 3.722.884 ciudadanos mayores de 16 años están autorizados para elegir a los alcaldes, vicealcaldes y concejales, según datos divulgados por el CSE.
¿Qué representará el voto nicaragüense?
El periodista Casari recordó que desde 2007 el sandinismo centró sus acciones en la satisfacción inmediata de las necesidades básicas.
Uno de los puntos centrales fue el restablecimiento y mejor distribución de la energía eléctrica y la salida de la transnacional española Unión Fenosa, encargada de ese trámite tras la privatización del servicio siete años antes por el Gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002).
Luego vino la reconstrucción y planificación de "su potente desarrollo urbano y rural e infraestructura vial", la rehabilitación y edificación de la red hospitalaria y sanitaria y la "renovación de miles de aulas, prólogo de una educación gratuita hasta el nivel más alto y subvencionada con material didáctico, herramientas personales y alimentación", enumeró a Sputnik.
"Aquí radica el eje del proyecto socioeconómico del sandinismo: la universalidad y gratuidad de los derechos sociales y civiles; el reconocimiento de la prioridad absoluta de la lucha contra la pobreza y sus políticas de igualdad de género, que colocan al país centroamericano en los primeros puestos sobre el tema en el ranking mundial", expresó.
A su juicio, la nación es de los pocos Estados en el mundo "donde los logros superan las promesas, a diferencia de otros en los cuales predomina una desconexión entre los elegidos y los votantes".
Oposición ¿debilitada?
En Nicaragua permanece un bloque histórico de conservadores y liberales que ronda el 25 o 30% del país, con fluctuaciones durante las diversas coyunturas políticas. No obstante, en casi dos décadas de la administración del FSLN, una parte del electorado de las corrientes mencionadas con anterioridad se sumaron al sandinismo.
En las pasadas elecciones municipales de 2017 la oposición apenas obtuvo 18 alcaldías de las 153 existentes; luego vino el intento de golpe un año después, cuando grupos que buscaban la derrota del presidente Ortega ocasionaron, mediante enfrentamientos violentos y actos terroristas, la muerte de al menos 198 personas, la violación de los derechos humanos y severos daños a la economía nacional.
Estas fuerzas salieron aún más debilitadas, "tanto por las contradicciones internas como por el hecho de que la población perdió toda confianza en ellos", dijo Capelán.
Después rechazaron la oferta de diálogo del Gobierno. Sumado a ello, su dirigencia estuvo vinculada directamente a los Estados Unidos y a las posturas contra la soberanía nacional y la solicitud de sanciones contra el propio país. Algunos terminaron en la cárcel o el exilio, y los que aceptaron las reglas democráticas y participaron en las elecciones quedaron en extremo frágiles.
"Seguramente van a conservar algunas de las alcaldías que conquistaron en 2017, ya que en muchos casos se trata de bolsones sociopolíticos de familias con viejos resentimientos contra el sandinismo, pero difícilmente la oposición actual logre levantar cabeza porque no tienen un proyecto alternativo que ofrecer", añadió.
Raúl Áreas Vanegas, mayor retirado del Ejército Nacional, presidente de la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR) y analista colaborador del Centro Regional de Estudios Internacionales (CREI), también considera que la oposición está golpeada, ante la imposibilidad de obtener el poder por la vía violenta en 2018.
"La oligarquía, la empresa privada y algunos segmentos políticos mantuvieron un rol protagónico en las acciones de ese año, muchos cumplen condenas y fueron descubiertos en la puesta en marcha de un plan organizado y financiado por el imperialismo, mediante las organizaciones no gubernamentales ya conocidas", indicó.
Similar a lo ocurrido en 2021, diferentes organizaciones opositoras realizaron un llamado a "no votar" y exigieron la liberación de los catalogados por ellos como presos políticos, el retorno de los exiliados y la apertura a una transición democrática en el país.
Un año después de las presidenciales
Este año, el Gobierno de Daniel Ortega, que renovó su mandato en el año 2021, ha adoptado una nueva estrategia ante los desafíos de la realidad internacional, la inflación y el aumento del precio de los combustibles provocado por las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania.
El Estado decidió absorber, desde marzo, el alza de los combustibles "para no agravar la vida de las familias, en particular, las dedicadas a la producción, distribución y comercio minorista de alimentos y no generar riesgos de menor crecimiento económico", aseguró Casari.
Hay que recordar que la llamada economía informal contribuye de manera ostensible en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) y las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares, representan alrededor de 70% de la riqueza del país.
En este periodo también resulta perceptible la construcción de obras sociales, entre ellas, dos puentes que favorecen la circulación interna del país y el progreso en la zona del Caribe nicaragüense, tradicionalmente la más abandonada durante la dictadura somocista (1937-1979) y los Gobiernos neoliberales de la década de 1990.
Desde el punto de vista económico, la nación regresa a indicadores previos al intento de golpe de 2018, con un crecimiento del 10% del PIB en 2021 y récords históricos de las exportaciones, pese a la pandemia de COVID-19 y los eventos meteorológicos.
¿Cuándo comenzó la democracia?
Capelán señaló que antes del 19 de julio de 1979, triunfo de la Revolución Sandinista, "no existía democracia en Nicaragua", pues después de la independencia de la Corona española, el 15 de septiembre de 1821, solo podían ejercer el derecho al voto los hombres con estudios, dinero y cabezas de familia, aunque las disputas políticas "se resolvían a balazos".
En 1856, el médico, abogado y mercenario estadounidense William Walker llegó al país centroamericano, atacó las ciudades de Rivas y Granada, convocó a "comicios" y pocas semanas después decretó la esclavitud; durante ese siglo Washington ponía y sacaba presidentes a su antojo.
Capelán recuerda que en 1927, los marines de EEUU supervisaron las elecciones y durante la dictadura somocista —impuesta y apoyada por Washington desde 1937 a 1979—, los procesos eleccionarios funcionaban según el principio de las tres P: "Plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos".
"En todo ese período a nadie en Estados Unidos se le ocurrió decir que la democracia estaba en peligro aquí", sentenció el analista.