Por Fabrizio Casari.
Un millón y cuarto de euros escondidos en casas y maletines, una ONG, 3 detenciones e investigaciones en curso que amplían el campo. El escándalo de los fondos qataríes a los eurodiputados para producir una imagen democrática del emirato ya ha sido engullido y absorbido con un acuerdo entre socialistas y populares mientras la derecha y el GUE se apartan. Se amurallan para proteger cada uno a su parroquia, y vigilan lo que podría adquirir una dimensión mayor cada día que pasa. Es decisivo sortear la cuestión de fondo, es decir, la permeabilidad a la corrupción de individuos o grupos de diputados, transversal a todas las fuerzas políticas.
El objetivo es limitar la acción de la justicia, que incluso durante unas semanas deberá continuar; se trata de reducir los hechos a una contingencia y no a una costumbre consolidada, garantizándose así mutuamente la reducción del daño, que será cosa de unos pocos y no un camino a seguir, al relegarlo a la responsabilidad ad personam y no al sistema. Tras la primera semana de investigaciones y cobertura mediática, estamos ahora en la semana de la indignación; luego vendrá una de debate abstracto y después todo el asunto quedará absorbido sin ninguna consecuencia política sustancial.
Pero este escándalo, de cientos de miles de euros distribuidos desde Qatar y Marruecos, entre espías, hombres de negocios y eurodiputados ideologizados a una fracción de kilo, habla de una formidable hipocresía europea. Se trata de llamar a las cosas por su nombre: se puede llamar corrupción cuando hay incidentes aislados, pero cuando la corrupción se repite con regularidad, se llama lobby, que de caso aislado se convierte en sistema.
La Vicepresidenta Kaili y su compañero Francesco Giorgi, junto con el ex eurodiputado Panzeri, formaban parte del mecanismo que pretendía sobornar a un número suficiente de eurodiputados para que votaran a favor de agendas y documentos que certificaban que el emirato de Doha era digno de confianza y sostenible en materia de derechos humanos, incluidos los que respetan la dignidad del trabajo. La reconstrucción de la imagen de un país es una actividad estratégica, porque las posiciones de Estrasburgo tienen una prominencia política y mediática que repercute en los negocios y en la realización de acuerdos de asociación y seguro de inversiones, y la mayor relación política ofrece aspectos mutuamente beneficiosos.
Pero en Qatar, 6500 trabajadores han muerto este año por la ausencia de medidas de seguridad en la construcción de los estadios utilizados para disputar la Copa del Mundo que acaba de terminar. Obligados a vivir en 30 en 80 metros cuadrados, sin aire acondicionado y a trabajar 13 horas al día, incluidas las horas centrales, donde la temperatura supera los 50 grados, los inmigrantes ganaban 300 dólares al mes. El hecho de que en un país con un PIB de 180.000 millones de dólares anuales para unos 3 millones de personas y una renta per cápita de 62.000 dólares anuales, el salario de los trabajadores inmigrantes de la construcción fuera de 300 dólares al mes y que el trabajo fuera de altísimo riesgo (muchas de las 6.500 muertes se produjeron por derrumbes y caídas desde andamios) no causó ninguna preocupación entre los eurodiputados preocupados por los derechos humanos.
Luego está el ridículo, que nunca falta. Como lo de Andrea Cozzolino, eurodiputado del PD, que, como Kaili, ha luchado por defender a Qatar en materia de derechos humanos. Pues bien, Cozzolino debe de tener una concepción extravagante de los derechos humanos, porque es uno de esos eurodiputados que firmaron y votaron a favor de una moción de condena a Nicaragua por supuestas violaciones de los derechos humanos, a pesar de la absoluta endeblez de la acusación. Recapitulando: Managua, que se defiende de un golpe de Estado y encarcela a sus inspiradores viola los derechos humanos, mientras que el Qatar - por el que Cozzolino muestra aprecio - ha financiado guerras en Yemen y el golpe contra Gadafi, y hace morir a 6500 trabajadores en un año es, en cambio, un ejemplo de salvaguarda de esos mismos derechos. El emirato qatarí niega a las mujeres la dignidad legal y civil: no pueden trabajar, poseer tierras, tener dinero, decir lo que piensan; no tienen poder de decisión dentro de la unidad familiar y no están representadas a nivel institucional. Ah, Qatar respecta a los derechos humanos, Nicaragua no. Divertido.
Hay quien afirma que este estrabismo de Cozzolino se debe a que Managua no paga a los eurodiputados, Doha sí. Más recientemente, el 16 de septiembre, Cozzolino hizo una defensa de la jerarquía eclesiástica en Nicaragua. Se comprende la furia de Cozzolino y amigos contra Managua: como afirma Giorgi (el triangulador del combinado), “las ONG sólo están ahí para transitar dinero”, pero la justicia nicaragüense ha metido las manos donde debía, es decir en las cuentas opacas de las ONG.
Muchas de las cuales no están en el mar rescatando migrantes, sino que tienen oficinas, personal y una importante financiación del extranjero y cumplen una función precisa en favor del país que les paga, desestabilizando al que les acoge. Son la cara limpia de la intromisión, la versión exportable del golpe suave, venden solidaridad y cobran dólares.
El iceberg que hay debajo
Este operado por Qatar no es ciertamente el único caso de corrupción (hay que reconocer que de forma bastante torpe) en cuanto a hombres y métodos. Sin embargo, estos hechos no son más que la punta del iceberg de lo que ocurre a niveles mucho más elevados. Existen - y tampoco de forma demasiado encubierta - otros niveles de conflicto de intereses que representan un escándalo mucho mayor y que definitivamente se están ocultando.
En este sentido, sería interesante preguntarse qué hacía y hace la Open Foundation de George Soros, que hasta hace dos años otorgaba el título de “aliados leales” a nada menos que 226 eurodiputados de un total de 751. Pero los 226 eurodiputados eran “aliados leales” ¿para qué? Los especuladores financieros, aunque se disfracen de filántropos, no tienen aliados, tienen intereses. ¿Y cuáles son los intereses de la Fundación Open en el Parlamento Europeo? La Fundación ejerce una fuerte influencia en las decisiones de las instancias europeas, gracias sobre todo a un capital de nada menos que 18.000 millones de dólares con el que financia diversas actividades. Como es bien sabido, Soros financia varias ONG, a menudo implicadas en actividades poco transparentes.
¿Más? Desde 1954, el Club Bilderberg reúne anualmente a las élites de Europa y Norteamérica con el objetivo de facilitar el intercambio de información entre personalidades de distintos centros de poder. Es un club privado muy influyente, capaz de dirigir importantes decisiones políticas y económicas. Las investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto la estrecha relación entre las reuniones anuales del Club Bilderberg y algunas decisiones importantes tomadas por la UE, así como las exitosas carreras de algunos políticos que han participado. ¿Y cómo quiere llamar a la pertenencia al Club Bilderberg del Sr. PESC, nacido Josè Borrell? ¿Realmente no hay conflicto de intereses entre el representante de los intereses internacionales de los gobiernos europeos y el grupo que representa a las élites privadas?
Sigamos adelante. Uno de los mayores conflictos de intereses afecta a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha encontrado en el centro de varias historias poco claras. La primera se refiere a la lucha contra la pandemia de Covid-19, con su decisión de no aceptar la circulación y compra de vacunas rusas, chinas, cubanas e indias, mientras que da luz verde a las británicas y estadounidenses, a saber, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson y, sobre todo, Pfizer. De ellos, la Sra. von der Leyen ha organizado la compra de 4.200 millones de dosis: más de la mitad proceden de las plantas de BioNTech/Pfizer, mientras que las demás empresas farmacéuticas se reparten el resto del suministro de la UE. No sólo eso: los contratos firmados por la Comisión Europea son secretos.
¿Dónde está el conflicto de intereses? Heiko Echter von der Leyen, marido de la Presidenta de la Comisión Europea, es desde 2020 Director Médico de la empresa biotecnológica estadounidense Orgenesis, cuyo Vicepresidente, Vincent Vandamme, trabajaba para Pfizer. Orgenesis está especializada en terapias celulares y génicas y, al parecer, es propiedad de la propia Pfizer. Algunos analistas estadounidenses se preguntaron si una multinacional estadounidense necesitaría a un alemán como director médico, pero no se plantearon de quién era marido. Es decir, del que hizo posible el mayor y más rápido beneficio de la historia de Pfizer. ¿Cómo queremos llamar a este extraño entramado de papeles e intereses familiares y políticos?
¿Otra historia? En junio de 2022, la Universidad de Padua creó una Fundación para gestionar un gran proyecto de investigación sobre terapia génica y fármacos de ARN, financiado con dinero de la UE. La Universidad de Padua obtuvo 320 millones de euros en un tiempo récord y pagados por la UE directamente a la Universidad de Padua. Un caso, tal vez. La misma casualidad que quiso que Heiko Echter von der Leyen fuera miembro del comité de seguimiento del proyecto, para verificar la conducta y el trabajo del consejo de administración, responsable de la administración y las decisiones operativas. Pero las preguntas impertinentes de la prensa italiana convencieron a von Der Leyen para dimitir.
Ese hemiciclo de Estrasburgo que difunde sanciones y declara guerras, que afirma una civilización supuestamente superior pero vive entre corrupción y conflictos de intereses, que habla de finanzas éticas mientras acoge a empresas y Estados off-shore, que enseña democracia pero está gobernado por un buen número de Monarquías, se ve, gracias a Qatar, como lo que es: fariseos de sepulcros blanqueados. Pasar de ser la cuna de la civilización a la desgracia de la misma es un instante, el tiempo de viaje de un maletìn lleno de dólares por dos calles de Estrasburgo.