Por Danay Galletti Hernández, Sputnik.
El 27 de enero se cumple un año de la asunción de Xiomara Castro de Zelaya, luego de haber sido elegida presidenta por los hondureños que confiaron en la candidata de Libertad y Refundación (Libre) y en su promesa para enfrentar la profunda crisis económica, desigualdad, violencia y corrupción, acentuadas durante los gobiernos del Partido Nacional.
La primera mujer presidenta en la historia del país centroamericano debió enfrentar una larga lista de problemáticas, la aguda crisis migratoria, incremento ostensible de la deuda externa y la pobreza, saqueo de recursos, narcotráfico y profundización del modelo neoliberal.
Xiomara heredó una nación "totalmente ocupada por los actores del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, en el Ejecutivo durante 13 años, con el apoyo de los grandes grupos de poderes fácticos que ejercen el control sobre Honduras", dijo a Sputnik Giorgio Trucci, periodista y analista político italiano radicado en Centroamérica.
Esos sectores, a su juicio, "estaban enquistados en todas las instituciones". Por ello los primeros meses de mandato fueron muy complejos debido a la estrategia diseñada por el Partido Nacional, las esferas de dominio económico y el propio expresidente Juan Orlando Hernández "para hacerle la vida imposible a este Gobierno", aseguró Trucci.
Reconstrucción de Honduras
Xiomara Castro defendió la materialización de su lema de campaña: la refundación de Honduras. Impulsó, entre otras iniciativas, el subsidio estatal del costo de la energía y el combustible, frente al alza de esos sectores como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Derogó "leyes nefastas", implementadas por las administraciones anteriores, en beneficio de las trasnacionales y promotoras del establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y la privatización de enormes territorios, así como la Ley de empleo por horas, que precarizaba el trabajo, puntualizó Trucci.
También anuló la Ley de Secreto de 2014, usada para ocultar "acciones y medidas asumidas durante la presidencia de Juan Orlando Hernández", quien fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. La supresión de esas disposiciones era una de las demandas más fuertes de los votantes.
En paralelo comenzaron las labores para la recuperación de empresas estatales, asociadas a la energía y telecomunicaciones, "saqueadas y usadas como caja chica en el manejo sucio del dinero público", aseguró el analista.
"En un territorio donde los servicios públicos están totalmente privatizados", comenzó la tarea de restauración, remodelación y recuperación, explicó Trucci. Además, desarrollaron varios programas sociales a favor de la mujer, producción agrícola y los sectores pobres. "Sabíamos que su primer año de Gobierno sería bastante complicado".
Cumplimiento de promesas electorales
Para Jorge Capelán, analista político uruguayo radicado en Nicaragua, Xiomara Castro puso en práctica desde el inicio varias de sus promesas electorales, como la política de energía gratuita para familias pobres que consumen menos de 150 kilovatios mensuales.
A ello se suma la instalación de una Comisión Anticorrupción y la firma de un memorando de entendimiento con la ONU para ese fin, así como las iniciativas para la reducción de los intereses de la banca, el fomento de la agroforestación y el turismo, todavía pendientes de cumplimiento.
"El Partido Libre enfrenta una larga lista de desafíos para materializar su ambicioso y detallado plan de Gobierno, pero en medio de todo esto Honduras sufre una alta tasa de criminalidad, con elevados índices de extorsión, una de las mayores tasas de homicidios y femicidios en América Latina y un historial de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos", argumentó a Sputnik.
El analista considera que el Gobierno de Xiomara Castro sufre las repetidas presiones de EEUU en su intento por mediatizar la implementación del programa político de Libre y encauzarlo hacia los objetivos de Washington en la región.
"Por ejemplo, en el último año, la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, ha visitado Honduras en tres ocasiones y la embajadora estadounidense en Tegucigalpa es Laura Dogu, arquitecta de la derrotada 'revolución de colores', implementada en 2018 con el fin de derrocar al Gobierno sandinista de Managua", aseveró.
Inseguridad y estado de excepción
Con el fin de reducir la violencia y el crímen, el 6 de diciembre entró en vigor el estado de excepción en Honduras, con vigencia hasta el 20 de febrero próximo, en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula. Suspende, en la práctica, la libertad de circulación, derecho de asociación y reunión, e inviolabilidad del domicilio, con lo cual "otorga a fuerzas de carácter militar roles de seguridad interna", explicó Capelán.
Para el analista la agresiva política de "mano dura" contra las maras implementada por el Gobierno de El Salvador provoca que esas organizaciones criminales expandan su radio de acción a los demás países de la región, que no cuentan con un marco común en el enfrentamiento de este fenómeno.
"A pesar de todas las críticas que se le hacen, políticas similares implementadas por Bukele en El Salvador, han contado con el apoyo de sectores de la población que ven con buenos ojos el librarse de la constante violencia de estos grupos, que amenazan las actividades económicas y la libre circulación de las personas", expresó.
Capelán advirtió también que no existen demasiadas razones para creer que las fuerzas policiales y armadas de Honduras cambiaron su carácter represivo y corrupto solo por la llegada al poder de un partido de izquierda, al tiempo que en zonas donde los campesinos e indígenas luchan contra las transnacionales, como en el Aguán, continúan los asesinatos de activistas sociales.La presidenta de Honduras declara emergencia nacional por inseguridad
"El control de las actividades de las maras puede reducir el miedo de las personas, la amenaza constante y la obligatoriedad de emigrar, pero las razones del éxodo de miles de hondureños son mucho más multifacéticas", concluyó.
A su juicio, el Gobierno de Xiomara Castro está en una situación difícil, en medio de los acuciantes problemas de la herencia de los gobiernos neoliberales, los poderes fácticos corruptos y las presiones de Washington para que "algo cambie sin cambiar nada".
Giorgio Trucci considera que a diferencia de la política asumida por el vecino Bukele, Xiomara Castro da una respuesta concreta y dura a las demandas de estabilidad, seguridad y tranquilidad, y trata de hacerlo con una atención particular a los derechos humanos.
La inconformidad y desconfianza de algunas esferas y organizaciones con esa disposición del Gobierno radican en que en el pasado las Fuerzas Armadas y la Policía eran "los principales represores de las personas" y ahora no creen que ellos estén al lado de los sectores sociales, pues no ha transcurrido tiempo suficiente para formarlos y capacitarlos.
No obstante, Trucci manifestó que la política funcionará por etapas, con una revisión sistemática de sus efectos y las modificaciones necesarias; sin embargo, la inseguridad es un tema que "no podía aplazarse porque toca la vida de millones de hondureños".