lunes, 29 de noviembre de 2021

Honduras, el cambio es ahora

 


Por Fabrizio Casari
www.altrenotizie.org

Tal y como preveían todas las encuestas, Xiomara Castro, candidata de la izquierda hondureña, es la nueva Presidenta de Honduras. Doce años después de que el golpe de Estado de Hillary Clinton derrocara al presidente legítimo Mel Zelaya, ahora líder del Partido Libre Progresista, Xiomara -la esposa de Mel- ha devuelto las cosas a su orden natural, con el consenso popular en el gobierno y el golpismo en la oposición. Los intentos desesperados de impedir la victoria de Xiomara por parte
del gobierno estadounidense y de la UE, de la mano de la OEA, resultaron ineficaces. Un margen tan amplio, que si ha impedido cualquier posible fraude en lo que se refiere a la victoria de los candidatos presidenciales, ve ahora a la derecha trabajar duro para intentar anular o al menos modificar parcialmente la victoria igualmente abrumadora de la izquierda, tanto en lo que se refiere a los votos parlamentarios como a los de las administraciones locales. Aquí, de hecho, en las elecciones para alcaldes, la derecha está intentando operaciones sucias, pero la impresión es que pueden reducirse a acciones disruptivas que tendrán poco efecto en la proclamación de los resultados reales.

Una propuesta posible y viable

La identidad del "socialismo democrático" reivindicada por Xiomara Castro no debe inducir a error sobre una supuesta blandura hacia las clases dominantes y el sistema político. Habla de democracia directa y consulta popular, de acabar con la pobreza y la corrupción. Pues bien, unir la situación de los desposeídos y la lucha contra la corrupción y la delincuencia es un eslabón estratégico en la construcción de una Honduras diferente. Es precisamente la soldadura entre anexionismo y criminalidad lo que constituye la quinta esencia del sistema de poder que tiene secuestrado al país, ahora más cercano a la representación del horror que a la de una sociedad moderna y desequilibrada. Precisamente por eso, Estados Unidos y la derecha local, mucho más circunspectos que ciertos izquierdistas con sus adjetivos fáciles y fuera de lugar, ven claramente la amenaza a sus intereses.
La propuesta política de reconciliación nacional y de reforma profunda del Estado y de la sociedad hondureña, a través de una lucha encarnizada contra la corrupción y el crimen organizado, ha demostrado ser la baza de una batalla política por la redención de un país sumido en la delincuencia atroz y la corrupción rampante, la otra cara de la moneda de un país reducido a su mínima expresión, donde los índices de delincuencia y pobreza se combinan en una mezcla horrenda, entre los más altos de todo el continente americano. San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, es más peligrosa que Bagdad en cuanto a la tasa de asesinatos en relación con sus habitantes. Un país ahora dominado desde fuera por Estados Unidos y dominado desde dentro por el crimen organizado. Una pinza mortal cuyos dos brazos responden a los mismos intereses, aunque no siempre a los mismos señores.
Una condición que necesitaba una propuesta política amplia y compartida, desencadenando una rebelión tanto cívica como política, que se resume en el manifiesto político de la izquierda vencedora. En este sentido, la victoria de Xiomara no sólo es una reparación tardía de lo sufrido con el golpe de Estado de 2009, al que siguieron doce años de luchas sociales y políticas y una dura represión, con el asesinato de numerosos líderes de movimientos sociales, sino que también recoge los frutos de las luchas contra las políticas antipopulares de los distintos gobiernos que siguieron al golpe de Estado de Micheletti y la incidencia del crimen organizado en las políticas gubernamentales.
Es precisamente la combinación de las luchas por las reivindicaciones sociales y contra la brutal represión, por un lado, y la aspiración a un país libre de narcotráfico, por otro, lo que ha representado el vínculo entre distintos sectores sociales del país, ahora reflejado en una votación que, por su amplitud y transversalidad, debe leerse como una protesta generalizada y no sólo del segmento más débil de la población.
La dictadura hondureña ha sufrido gravemente el abandono incluso de algunos de sus sectores sociales de referencia en zonas tradicionalmente conservadoras. Una caída vertical del consenso amplificada por los aproximadamente dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales emigraron ilegalmente durante los últimos doce años de la narcodictadura imperante en Tegucigalpa. No es casualidad que el gobierno haya establecido un mecanismo de actualización de documentos que complica enormemente el voto en el extranjero.
Pero no ha servido para poner trampas en el camino de los votantes, que sin embargo tendrán que, con toda probabilidad, defender su voto en las calles, dado que es difícil que la derecha y el narcogobierno de Hernández cedan el poder, reconociendo el valor del proceso democrático que produjo su derrota electoral.
De hecho, no se pueden descartar intentos de anular el voto mediante presiones e iniciativas de tipo golpista, pudiendo contar con el total apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que ve en la victoria de Xiomara Castro, una importante amenaza a su papel de dominio sobre el País.

Los reflejos internacionales

Honduras se caracteriza por ser, a todos los efectos, un portaaviones terrestre de Estados Unidos en Centroamérica. Todos los golpes y asaltos a los gobiernos progresistas de la época centroamericana y caribeña tuvieron su origen en las gigantescas bases estadounidenses en su territorio y el país fue la principal base de operaciones y de retaguardia de la Contra antisandinista de los años 80. El control total de Honduras es crucial para el control militar sobre el Golfo de Fonseca (en el Océano Pacífico) y el Mar Caribe y las fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Es precisamente esta ubicación geográfica la que le confiere una posición clave, preparatoria para el control de toda la región centroamericana.
Una región que no sólo es vital para el comercio y la red de telecomunicaciones de la que EE.UU. se ve afectado en gran medida por las tendencias del mercado en sus estados del sur, sino que, junto con México, garantiza la emigración incontrolada de mano de obra barata y sin derechos, que es útil para socavar lo que queda de los derechos laborales en el mercado interno de EE.UU.
El acuerdo con la vecina Nicaragua recuerda el apoyo de Mel Zelaya al proyecto Alba, por lo que la gestión del Bukele en El Salvador, que con la introducción de la moneda virtual podría reducir significativamente su dependencia del dólar, provocando problemas políticos y financieros que no son fáciles de prever. Estas son algunas de las preocupaciones que angustian en estos momentos a la CIA y a la Casa Blanca, que obviamente ya están pensando qué hacer para disuadir a Xiomara Castro de aventurarse por el camino de su marido o, si no quiere, deshacerse de ella como hicieron con Mel Zelaya.
Estados Unidos no quiere ni puede permitirse una Honduras diferente con una Nicaragua sandinista y un El Salvador parcialmente descontrolado. Por una razón general y circunstancial. La general es que Estados Unidos no tolera a los gobiernos que no le son sumisos; no necesariamente hostiles, sino simplemente no obedientes. El bastón de mando gira permanentemente sobre las cabezas de los países que quieren reducir la nefasta influencia estadounidense y el continuo saqueo de los recursos terrestres y subterráneos, así como del espacio geográfico y satelital para los fines de Washington.
En particular, si la proximidad geográfica con Nicaragua se convirtiera también en una fuerte proximidad política, muchas de las amenazas de aislamiento de la nación sandinista tomarían la forma de amenazas ociosas. La red de comercio e intercambio se vería ciertamente impulsada por un desarrollo positivo de las relaciones entre Managua y Tegucigalpa, que ya han mejorado significativamente con la firma del acuerdo bilateral sobre aguas territoriales en Nicaragua en octubre. Y la capacidad de Nicaragua para exportar alimentos permitiría una agenda social hondureña que decidiera combatir la pobreza a través de subsidios alimentarios a los grupos más débiles, lo que incidiría directamente en la reducción de la microcriminalidad.
En definitiva, un cuadro en ciernes que preocupa a Washington, precisamente porque la victoria de Xiomara Castro es el motor de una mayor integración regional y una mayor independencia de Washington y el empuje que viene de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia para una superación definitiva de la OEA, para ser sustituida por la CELAC, encontraría una nueva, inesperada e importante pieza en la construcción de una América Latina diferente y más independiente.
Ante la noticia de la virrotia de Xiomara, la bandera hondureña ondeó ayer como nunca antes sobre los edificios de Tegucigalpa. Movido por un viento de cambio que acentuaba sus colores, ajeaba sinuosamente, bailando y tocando el cielo.
Muchos juran haber visto los brazos de Berta Cáceres agitando banderas y la sonrisa de Xiomara dictando las olas. Desde ayer, el momento de un cambio en la música se puede sentir desde arriba, así como desde abajo.

martes, 23 de noviembre de 2021

Elecciones Honduras: El reto de acabar con doce años de neoliberalismo

Por Giorgio Trucchi | LINyM

El 28 de noviembre, más de 5 millones de hondureños serán llamados a elegir al Presidente de la República, a 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y más de 2 mil regidores.

A medida que se acerca la fecha electoral, se polariza el ambiente político, se agudiza el conflicto y crece la tensión social.

Nadie olvida la violenta represión de 2017 contra quienes protestaban por el burdo fraude electoral que prolongó la agonía del actual régimen. En aquella ocasión, más de treinta personas perdieron la vida de forma violenta y estos crímenes quedaron en total impunidad.

Los hechos sangrientos de los últimos días vuelven a despertar los fantasmas de la violencia y la represión.

El 11 de noviembre, el candidato a regidor por el Partido Liberal, Óscar Moya, fue ultimado de varios balazos en Santiago de Puringla (La Paz). Dos días después fue asesinado el alcalde de Cantarranas (Francisco Morazán) y aspirante a la reelección, siempre por el Partido Liberal, Francisco Gaitán.

Al día siguiente perdieron la vida de forma violenta el dirigente del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Elvir Casaña, y un activista del Partido Liberal, Luis Gustavo Castellanos, respectivamente en San Luis (Santa Bárbara) y San Jerónimo (Copán). En el ataque mortal contra Castellanos fueron heridos otros dos activistas.

El 15 de noviembre, otro ataque acabó con la vida de Darío Juárez, aspirante a vicealcalde por el Partido Liberal del municipio de Concordia (Olancho). Dos días después, desconocidos atentaron contra la vida de Héctor Estrada, candidato independiente a la alcaldía de Campamento (Olancho) y Juan Carlos Carbajal, candidato a alcalde de El Progreso por el Partido Salvador de Honduras.
 
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) son más de 30 las muertes violentas registradas en el marco del actual proceso electoral, que se perfila como hasta más violento que el del año 2017.

El Observatorio reportó hasta el 25 de octubre al menos 64 casos de violencia electoral, entre ellos 27 homicidios y 11 atentados. A estos hay que sumarles los más recientes ataques que segaron la vida de cinco personas en cinco días (como se detalla más arriba) y otros ataques no mortales.

La Oacnudh condenó los actos de violencia electoral “que afectan el derecho a la participación política” e instó a las autoridades a llevar cabo “investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales”.

Una herencia de impunidad

“Estos asesinatos de liderazgos locales son el preludio de lo que podría suceder durante y después de las elecciones. Recordemos que todo esto ocurre luego de la aprobación en el Congreso de reformas y leyes que profundizan la criminalización de la protesta social y la movilización ciudadana”, advirtió Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“Prácticamente han venido legalizando la represión contra quienes manifiestan su descontento y defienden los derechos humanos. Estos son los resultados”, agregó.

En el 2017, la represión contra quienes protestaban por el fraude electoral orquestado por el oficialista Partido Nacional cobró la vida de 37 víctimas inocentes (Cofadeh 2018). De todos estos casos solamente uno se logró judicializar y el agente acusado de disparar y asesinar fue sobreseído.

“Nunca se investigó a la cadena de mando, ni el contexto en que se ocasionaron estas muertes. La dictadura le dio a la policía militar garantías de impunidad para capturar, torturar y ejecutar a opositores en las calles. Esto no hace más que generar las condiciones para que eventos similares y hasta más violentos se repitan”, vaticinó la defensora de derechos humanos.

En este sentido, Cofadeh estará monitoreando y denunciando tanto los delitos electorales que se cometan antes y durante la jornada electoral, como las violaciones contra las personas que ejerzan su derecho al voto.

Tres para una silla

De los 16 aspirantes a la presidencia, solamente tres tienen posibilidades reales de alcanzar la victoria: Xiomara Castro del opositor Partido Libre, quien puntea las principales encuestas; Nasry “Tito” Asfura Zablah del Partido Nacional, principal contrincante de la ex primera dama e Yani Rosenthal del Partido Liberal, representando al otro partido tradicional de Honduras y con escasas posibilidades de victoria.

Para Xiomara Castro se trata de su segundo intento de llegar a la presidencia del país, tras las denuncias de fraude y la cuestionada derrota sufrida en 2013 a manos de Juan Orlando Hernández.

Después de la presentación pública de su “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026”, Castro y Salvador Nasralla (Partido Salvador de Honduras) conformaron una alianza, a la que se sumó el Partido de Innovación y Unidad (Pinu), sectores del Partido Liberal y una candidatura independiente. En aras de sumar esfuerzos y votos potenciales, Nasralla renunció a su candidatura presidencial y apoyó a la de Libre.

Nasralla, un excéntrico y reconocido conductor de programas deportivos, fue candidato presidencial en 2017 de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que también integraron Libre y el Pinu y que recibió el apoyo de un amplio abanico de organizaciones sociales, populares y sindicales.

En aquella ocasión, la Alianza denunció la inconstitucionalidad de una nueva candidatura de Juan Orlando Hernández, ya que en Honduras la Carta Magna prohíbe la reelección presidencial. Asimismo, se movilizó durante semanas contra el fraude electoral que privó Nasralla de la silla presidencial, con el consenso tácito de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA.

“Tito” Asfura, conocido popularmente como “Papi a la orden”, ha sido alcalde de Tegucigalpa durante dos períodos (2014-2022) por el partido de gobierno. Empresario con más de 30 años ocupando puestos gubernamentales y legislativos, fue accionista de una sociedad offshore en Panamá mientras era funcionario público. Al final, dicha sociedad terminó bajo el control de Banco Ficohsa, propiedad de la poderosa familia Atala Faraj.

En junio de este año, la Corte de Apelaciones declaró “en suspenso” un antejuicio en contra del candidato oficialista por los delitos de abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. Para poder avanzar, el Tribunal Superior de Cuentas tendrá que llevar a cabo una auditoría especial sobre los fondos cuestionados por el Ministerio Público.

De acuerdo con informaciones publicadas en los últimos días, el nombre del ex alcalde de Tegucigalpa ha sido relacionado con el sonado caso de corrupción “Diamante”, que involucra al alcalde de San José, Costa Rica, Johnny Araya, quien está siendo investigado por las autoridades costarricenses por supuestos sobornos a cambio de obras públicas.

El tercer candidato es el ex diputado y banquero Yani Rosenthal, quien en 2017 fue acusado y sentenciado a tres años de cárcel en Estados Unidos por participar en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita (lavado de dinero del narcotráfico). Se entregó voluntariamente y fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Regresó a Honduras a mediados de 2020.

Tanto las investigaciones realizadas por los fiscales estadounidenses como los Pandora Papers revelaron la conexión que existía entre la familia Rosenthal, una de las más ricas de la región, y varias sociedades offshore que habrían sido usadas para lavar dinero.

Programas y propuestas

Si en su plan de gobierno, Xiomara Castro señala la necesidad de reconstruir la democracia quebrantada por el golpe de 2009 y refundar el país a través de una Asamblea Constituyente que “reúna a todos los sectores para convenir las bases legales de su convivencia futura en un nuevo orden consensuado”, enrumbando la nación hacia la construcción de un estado socialista democrático, tanto Asfura como Rosenthal proponen las mismas desgastadas recetas neoliberales que han llevado Honduras a ubicarse entre los países más pobres y desiguales del continente.

“Xiomara propone un gobierno de reconciliación nacional que agregue a todos los sectores de la oposición. Un gobierno que tiene el objetivo de superar estos años tan nefastos que han profundizado el modelo neoliberal, privatizando servicios, concesionando territorios, entregando bienes comunes, expandiendo el extractivismo, poniendo en venta la soberanía nacional”, dijo Gilberto Ríos, candidato a diputado por Libre.

El dirigente social explicó que el plan de gobierno de Libre propone pasar de un Estado profundamente oligárquico a uno socialista democrático. Entre muchos otros puntos se pretende derogar todas aquellas leyes y reformas aprobadas por la dictadura, que perjudican profundamente los intereses y derechos de la inmensa mayoría de la población hondureña.

Estamos hablando, entre otras, de la Ley de Empleo por Hora que profundiza la precarización laboral y anula los derechos de las y los trabajadores, la Ley de Secretos que no permite la auditoría pública a los fondos del Estado, así como la Ley de Escuchas que permite espiar a la oposición política y la Ley Orgánica de las ZEDE que violenta la soberanía nacional. También se espera revertir las reformas aportadas al Código Penal que criminalizan la protesta y movilización social.

“Va a ser un gobierno más redistributivo, de obras y proyectos sociales, que defiende los derechos humanos, consecuente con las necesidades y la seguridad de la población. En este sentido – aclaró Ríos – nos diferenciamos de los demás candidatos y partidos políticos porque son abiertamente neoliberales y representan los intereses de la oligarquía hondureña, del capital transnacional y el viejo bipartidismo. De eso se trata: derrotar al bipartidismo tradicional y al neoliberalismo”.

¿Cómo está Honduras?

El país centroamericano llega a estas elecciones en condiciones difíciles, para usar un eufemismo.

Actualmente Honduras se ubica entre los países más desiguales de América Latina, con un 62 por ciento de la población hundida en la pobreza y casi el 40 por ciento en la pobreza extrema (EPHPM 2020). Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE 2021), retirado de la página web de la institución doce horas después de su publicación, en julio de 2021 la pobreza había alcanzado el 73.6% de la población.

Un aumento que también es el resultado de la decepcionante gestión gubernamental ante los impactos de la pandemia de Covid-19 y los dos huracanes que embistieron al país el año pasado.

Según cifras de la Unidad técnica de seguridad alimentaria y nutricional (Utsan), son 1.3 millones las y los hondureños que enfrentan inseguridad alimentaria y casi 350 mil las personas en “situación crítica”. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha alcanzado el 10% de la población económicamente activa (PEA), quizás la más alta de la región latinoamericana. Son al menos 4 millones los hondureños con problemas de empleo y más de 700 mil los trabajadores desahuciados.

Ante este escenario, hay miles de familias que han encontrado como única opción la migración irregular, la inmensa mayoría de las cuales están siendo retenidas en las fronteras. Es el retrato de una de las tragedias más profundas de los últimos 40 años.

“En los últimos diez años Honduras ha tenido un franco deterioro, no sólo en el estado de derecho en general, en la institucionalidad democrática, en el acceso de la población a los servicios básicos y en la lucha contra la pobreza, sino también en lo socio-económico. Cuando uno mira todos estos indicadores, se da cuenta que más que de Estado fallido debemos hablar de Estado fallecido”, dijo Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

Actualmente la deuda pública de Honduras ha superado el 70% del PIB: El crecimiento económico del país se concentra fundamentalmente en tres sectores: financiero, energía y telecomunicaciones.

“Son sectores que no producen desarrollo, ni generan redistribución, más bien producen más acaparamiento. Además, tenemos a un ejército de más de 250 mil empleados públicos que absorben casi el 50% del presupuesto, mientras hay una preocupante caída de las recaudaciones. La situación es insostenible y va a representar una carga muy pesada para quien gane las elecciones”, explicó Zepeda.

Durante años, el Partido Nacional ha mantenido a un personal supernumerario, integrado principalmente por activistas partidarios. Prácticamente se ha utilizado al Estado como un gran botín para emplear a sus dirigentes políticos y crear sus redes clientelares para mantenerse en el poder.

Reingeniería estatal

Para el economista del Fosdeh es necesaria una reingeniería inmediata del gobierno, una reconversión del sistema productivo, un pacto fiscal para dinamizar la economía y la búsqueda de una progresividad en los impuestos. Asimismo, es imperioso garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, impulsando a la par una estrategia de desendeudamiento interno y externo.

Finalmente, la generación de empleos dignos, la creación de programas que eviten la profundización de la pobreza, una gestión más equitativa y políticas redistributivas para reducir la desigualdad social, son otros de los elementos torales que el nuevo gobierno deberá implementar.

“Cuando un país está sumido en una multicrisis y está fuertemente deteriorado es fácil, por así decirlo, para un candidato hacer promesas. Lo más importante, entonces, no es tanto lo que se ofrece, sino el modo en que se van haciendo las cosas”, concluyó Zepeda.

Precarización laboral

El golpe de estado de 2009 en Honduras no sólo quebrantó la institucionalidad y afianzó la oligarquía y los grupos de poder, sino que permitió a los gobiernos continuadores del golpe profundizar el modelo neoliberal extractivista, incentivando el saqueo de territorios y bienes comunes y desregularizando, cada vez más, el mercado laboral.

Para Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), los impactos de estas políticas sobre los derechos laborales y sindicales han sido devastadores para la inmensa mayoría de la población.

“Ha habido una creciente desregularización del trabajo, unido a la profundización de la flexibilización y precarización laboral. Una de las leyes más nefastas ha sido sin duda la Ley de Empleo por Hora: se han perdido derechos y se han precarizado empleos permanentes”, dijo Almendares.

“También hubo empresas o instituciones que simplemente cambiaron de denominación o razón social y acabaron con los sindicatos. Otras crearon sindicatos paralelos para contrarrestar un verdadero proceso de organización”, añadió.

Retrocesos

Todas estas medidas anti obreras han impactado negativamente en la salvaguarda de derechos.

“Hay claros retrocesos en el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva. Los programas para generar empleo han sido una burla y se hicieron a la medida de los intereses de las grandes transnacionales. Definitivamente Juan Orlando Hernández ha sido un verdadero caos para el sector laboral y sindical”, sentenció el secretario general de la CUTH.

Otro factor que contribuyó a profundizar la crisis ha sido el comportamiento de las autoridades del trabajo.

“Escudándose en la necesidad de generar empleo y un supuesto desarrollo, se han parcializado y han venido protegiendo de manera sistemática los intereses del gran capital nacional y transnacional. Lo han hecho a costa de los derechos de trabajadores y trabajadoras, abandonándolos y permitiendo la violación de sus derechos. No los han tutelado, más bien han sido sus verdugos”, lamentó.

Ante esta situación, la CUTH hizo entrega a la candidata de Libre de la propuesta política del sector sindical donde, entre otros puntos, se pide la derogación inmediata de las leyes ya mencionadas más arriba, poner un alto a la tercerización y precarización laboral, garantizar el respeto del Estatuto del Docente y de los convenios de la OIT[1].

El cáncer de la corrupción

El pasado 17 de noviembre, se estrenó en una sala de cine en Tegucigalpa el largometraje “Al borde de las sombras” (pueden verlo aquí), un documental que refleja entramados de corrupción, impunidad, despojo territorial y violencia que vive el pueblo hondureño, obligado a enfrentarse a planes perversos que operan desde las sombras.

Luís Méndez, miembro del colectivo ‘La Cofradía’ que realizó el documental, explicó que el objetivo de la obra es justamente mostrar a la ciudadanía como están conformadas y como se articulan las redes de corrupción, que involucran de manera transversal políticos, funcionarios públicos, grupos económicos nacionales y transnacionales.

El documental aborda cuatro ámbitos que son cruciales: el saqueo al Seguro Social y la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, el despojo de territorios y bienes comunes, la cooptación del sistema de justicia y su colusión con la corrupción, el crimen organizado y la criminalización de la protesta. El cuarto ámbito tiene que ver con el concepto de democracia en un contexto colapsado como es el hondureño.

A través de personajes claves y expertos, y con la participación del actual titular de la Unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, para atar cabos, la obra le mueve el piso y sacude la conciencia de la gente, evidenciando como Honduras está controlada por una red criminal que ha gobernado desde el golpe de 2009, y se ha enquistado en el aparato estatal.

“El documental provoca decepción, enojo y rabia, pero también deja la sensación de que no estamos vencidos, de que es posible luchar, como lo hacen muchas organizaciones y personas desde los territorios y las ciudades.

En medio de tanta violencia de Estado, en medio de un Estado capturado – continuó Méndez – hay resistencia y lucha. Como decía Berta, los pueblos saben hacer justicia y lo hacen a partir de su trayectoria, de su resistencia, de su lucha para emanciparse”.

¡Basta ya!

Faltando pocos días a la cita electoral, la Convergencia contra el Continuismo, espacio que integran varias organizaciones y personalidades, se pronunció públicamente y recordó que estas elecciones “se realizan en un contexto de narco-dictadura, cuyos constructores llegaron al control del Estado por la vía violenta e inconstitucional y no están en la disposición de entregar el poder por la vía política democrática”.

En tal sentido, la Convergencia ratificó su repudio “a la mafia que lidera Juan Orlando Hernández” y alertó ante la posibilidad que, ante una inminente derrota, “orqueste un nuevo y violento fraude electoral a partir de la manipulación del proceso de votaciones y conteo de los votos”.

Finalmente, hizo un vehemente llamado al pueblo hondureño para que “se movilice masivamente a las urnas” y defienda su voto “de esas maquinaciones antidemocráticas”.

Asimismo, lo instó a castigar con el voto “al grupo delincuencial que ha secuestrado al Estado” y a votar por aquellas candidaturas “que han dado firmes muestras de estar en contra de la narco-dictadura, de luchar contra la corrupción y por la defensa de la soberanía nacional”.

Violencia contra personas defensoras

Diferentes informes a nivel internacional, entre otros "Última línea de defensa" publicado este año por la organización británica Global Witness, señalan a Honduras como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.

Los casos emblemáticos del asesinato de Berta Cáceres, la desaparición de los activistas garífunas de Triunfo de la Cruz y el encarcelamiento ilegal de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, son un claro ejemplo de lo que está pasando en el país.
 
El uso y abuso del sistema de justicia y la colusión del Estado con empresas extractivistas son dos de los elementos que caracterizan la violación sistemática de derechos humanos en Honduras.

Según Global Witness, en 2020 al menos 129 personas garífunas e indígenas sufrieron ataques por oponerse a proyectos extractivos y son 153 las y los defensores asesinados en la última década. Además, el Centro de información sobre empresas y derechos humanos (Ciedh) señala a Honduras como el país con más acoso judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos.

Dramática también es la situación de las mujeres y las personas LGBTI.

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señala que, en los primeros cinco meses del año, el Ministerio Público registró un total de 1.423 denuncias por delitos sexuales (9,5 al día). De estas, 1.238 fueron agresiones contra mujeres (8,1 al día) y el 63,4 por ciento (785) fueron contra menores de edad. Estos datos ratifican que en Honduras cada 3 horas agreden sexualmente a una mujer o una niña.

En los últimos diez años, en Honduras han sido asesinadas 4.707 mujeres. Son 710 las que perdieron la vida en los últimos dos años (2019-2020) y 301 las víctimas de femicidio hasta el 15 de noviembre de este año. La impunidad es prácticamente absoluta.

Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, en poco más de 12 años han sido asesinadas 390 personas LGBTI, 17 en lo que va del año. El 91 por ciento de los casos queda en total olvido e impunidad. Solamente el 9 por ciento logra una sentencia condenatoria.

En meses pasados, un nutrido y representativo grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizó un conversatorio con Xiomara Castro, para exponer sus demandas y propuestas. La actividad desembocó en la firma de un ‘pacto de Estado’, cuyo contenido se iniciará a implementar en caso de ser electa primera presidenta de Honduras.

De igual manera, en su plan de gobierno, la candidata de la alianza opositora se comprometió a implementar políticas públicas que salvaguarden la existencia y garanticen el acceso a los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI (p.64).

Votar en contra de la dictadura

El Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh) sumó su voz “en momentos de la batalla por la sobrevivencia frente a la máxima expresión de despojo, miedo y violencia de la historia de nuestro país dados por la instauración de un gobierno de facto y autoritario”.

Si bien en las urnas no cambiará Honduras – explica el comunicado del Copinh – votar en contra de la dictadura que nos gobierna será un paso. El pueblo hondureño, en su mayoría, dará un voto de rechazo frente a los padeceres acumulados.

La organización cofundada por Berta Cáceres alertó a la población que “las condiciones del fraude están instaladas” y expresó que como ciudadanía “nos preparamos para rechazar el fraude electoral desde las expresiones populares”.

Finalmente, el Copinh urgió la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular y Democrática “que dé pie a la reconstrucción de nuestro país asumiendo las demandas históricas de las comunidades indígenas, negras, campesinas, de las mujeres, las comunidades migrantes, a los trabajadores y trabajadoras, comunidad LGBTI, sectores eclesiales de base, entre otros, para derogar toda legislación que exponga a los pueblos a la entrega de sus territorios y a la violación de derechos”.

“Llamamos a los pueblos – concluye el comunicado – a activar los procesos organizativos, de articulación y debate para lograr el sueño urgente de Berta Cáceres de refundar Honduras. El pueblo de Honduras necesita de un gobierno de interés popular que haga frente a los sectores económicos que se han enriquecido indebidamente en estos 12 años de golpes a los pueblos indígenas, negros y campesinos y a la mayor parte de la población”.

El reto de acabar con el neoliberalismo

Sin lugar a duda, las elecciones del próximo domingo representan una pieza muy importante en el tablero político y social hondureño.

“La ciudadanía tiene un enorme deseo de cambio. Quiere tener una alternativa a lo que le ha tocado vivir en estos años. Tiene la expectativa de que se empiece un proceso de recuperación de derechos perdidos. Quiere tener oportunidades, que se respeten los territorios, la soberanía nacional”, explicó el sociólogo y analista político Eugenio Sosa.

“Honduras se encuentra entonces en una encrucijada. Debe escoger entre el continuismo de un régimen y un modelo fracasado y el inicio de un proceso de apertura y cambio”, añadió el analista.

¿Respetará el régimen una eventual derrota o buscará, como en el 2017, una manera ilegal para retener el poder?, se pregunta Sosa.

“La gente no ha olvidado lo que pasó hace cuatro años. Hay mucha incertidumbre alrededor de lo que será el desempeño de las autoridades electorales, el conteo de votos, la transmisión de resultados, la identificación del personal de mesa para evitar la compra de credenciales.

Al mismo tiempo hay una determinación nunca antes vista y Xiomara (Castro) ha sabido rescatar y arrastrar el consenso de amplios y diversos sectores de la sociedad hondureña”, concluyó.

Notas

[1] Convenios sobre libertad sindical, negociación colectiva, relaciones de trabajo en la administración pública, trabajadoras y los trabajadores domésticos, violencia y acoso en el mundo del trabajo, consulta previa, libre e informada

lunes, 22 de noviembre de 2021

Ante la intromisión, la auto determinación

 


Por Miguel Necoechea

Antes que los tres poderes del Estado nicaragüense, a saber el Legislativo, el Judicial y el Electoral, emitieran sus resoluciones condenando a la Organización de Estados Americanos- OEA -por entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua, al decretar sin fundamento legal alguno, que las elecciones celebradas el pasado 7 de noviembre, fueron ilegales e ilegitimas y, solicitaran al representante del poder Ejecutivo, el comandante presidente de la República Daniel Ortega Saavedra, la salida del organismo y, que en consecuencia, el Presidente solicitara al canciller Denis Moncada, que, ante su intolerable intromisión en la vida de los nicaragüenses y expresando el sentir del pueblo, informará al organismo la decisión soberana y definitiva de Nicaragua de retirarse de la OEA, nosotros nos preguntábamos si acaso la citada organización tenía la autoridad política y moral para sancionar a Nicaragua con su arma preferida: la tal Carta Democrática.

La autónoma decisión de Nicaragua de separarse de la OEA, está en consonancia con la obsoleta existencia de ese Ministerio de las Colonias, como atinadamente le llamó el comandante Fidel Castro cuando la organización, sin tener las facultades para ello, expulsó a Cuba en 1962. Cabe recordar que aún sigue siendo vergonzosa la abyección de los Estados de América Latina que secundaron sin objetar la embestida del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Quisieron enmendar su imperdonable desatino al invitarla Cuba a regresar al seno de la impresentable Organización de Estados Americanos, ¡cuarenta y siete años después!, propuesta que la dignidad del pueblo cubano rechazó de manera contundente.

Para contextualizar mejor la decisión que ha adoptado el pueblo de Nicaragua al retirarse de la OEA, vale la pena hacer un recuento somero de las barbaridades, por decir lo menos, que han cometido los Estados miembros de la organización en su abyecta conducta, alabando siempre al imperio norteamericano.

Desde la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y, señaladamente, desde el final de la contienda, que, sin aceptarlo públicamente estaban ciertos que el Ejercito Rojo de la URSS, había derrotado al nazismo, ha sido política de los gobiernos de los Estados Unidos de América mantener a su sumido en el miedo permanente ante un sin número de amenazas, generalmente inventadas, con el objeto de aislarlo de las decisiones políticas y económicas que los dueños del dinero y el poder del imperio imponen al mundo.

Es así que en 1948 el presidente Truman, protegiendo a las élites de su país, se da a la tarea de crear una organización, en la que participaran todos los países de su “patio trasero”, entiéndase América Latina y el Caribe, que fuera un escudo impenetrable frente a la amenaza del “comunismo soviético”. La propaganda anti comunista fue (y es) feroz y permeó en prácticamente todos los países del continente. La represión ante cualquier manifestación popular que implicará la demanda de justicia, mejores condiciones de vida, mejores salarios, educación, salud pública, vivienda, se justificaba porque los gobiernos de las oligarquías regionales defendían a sus países del comunismo por órdenes del amo del norte. Para los oligarcas latinoamericanos comunismo era sinónimo de ateísmo, perdida de la propiedad privada, adoctrinamiento comunista a los niños en edad escolar, pero, sobretodo, la perdida de sus privilegios económicos y de clase.

A pesar de la represión que ejercían y la impunidad que detentaban los sátrapas que gobernaban en los países del continente, la Revolución Cubana triunfó en 1959 ante la mirada atónita del presidente EE. UU y sus acólitos regionales. ¿Qué falló? deben haberse preguntado. Solo dos años después en la rivera del hondureño río Patuca Carlos Fonseca, Tomás Borge, Silvio Mayorga y otros compañeros fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que también escribiría con su lucha revolucionaria páginas históricas.

Al declarar el comandante Fidel Castro el carácter socialista de la Revolución cubana, a raíz del fracasado intento de invasión en Playa Girón, el gobierno de Estados Unidos ordenó al Secretario General de la OEA de ese entonces, que instruyera a los Estados miembros de la organización que expulsaran a Cuba. Prestos y sin objetar nada, en la cumbre en Punta del Este, en Uruguay, los estados miembros adoptan la Resolución VI el 31 de enero de 1962. Salvo México, y las abstenciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador (que no tenían nada que ver con los gobiernos de Kirchner, Evo, Lula, Correa) todos los demás países acataron la orden. El triunfo cubano provocó un estado de alerta en los países de América Latina. En lugar de atender y resolver las causas que provocaban los estallidos sociales, los gobernantes regionales, con el beneplácito y apoyo económico del imperio yanqui, desatan una represión muy violenta. Ejecuciones, desapariciones, encarcelamientos, expulsiones, exilios, son el sello que marca a los gobiernos de las oligarquías de la región durante décadas. ¿Y qué hizo la OEA, guardiana de la democracia, de las libertades, de la propiedad privada, de los derechos humanos (derechos civiles se les decía entonces) frente a esos ominosos suceso? Nada, salvo continuar siendo cómplice y comparsa de los poderosos.

¿Acaso la OEA alguna vez condenó los asesinatos, las torturas, las desapariciones, de la satrapía nepotica de los Somoza? Jamás. Recordemos que al presidente Roosevelt alguno de sus funcionarios le dijo que Somoza era un hijo de puta, y sin chistar el presidente contestó: “sí, pero es nuestro hijo de puta”.

Mientras más apretaban la represión los salvajes que nos gobernaban, mayor iba siendo la toma de conciencia revolucionaria, lo que nos lleva a recordar lo que nos decía el comandante Borge lo que seguiría después del triunfo del 19 de julio de 1979, aplicando como metáfora la teoría de la física tradicional, a los movimientos sociales: a toda acción (el triunfo revolucionario) corresponde una reacción (la contrarrevolución) de la misma proporción y fuerza.

Y la respuesta no se hizo esperar.

Durante la década de los años sesenta y setenta, frente a la cerrazón y represión de la oligarquía latinoamericana, surgen y se multiplican los movimientos armados en la región.

Salvo con México, como ya apuntamos, Cuba sigue sin tener relaciones con las naciones latinoamericanas. Es hasta que Omar Torrijos llega al gobierno en Panamá en 1968 que reanuda las relaciones diplomáticas y comerciales con ese país. Ya para entonces el triunfo del presidente Salvador Allende, militante y candidato a la presidencia por el partido Socialista de Chile, parece inminente. Pero como ya dijimos, esta acción lleva aparejada una reacción, la desestabilización política y económica no se hace esperar al manifestarse desde el inicio del mandato del presidente socialista. Una vez presidente constitucional de Chile, el doctor Salvador Allende invita al comandante Fidel Castro a visitar de manera oficial su país. Es el primer mandatario del continente que se atreve a hacerlo. Su visita queda inscrita en los anales del ejercicio de la soberanía y auto determinación ejercida por Allende. Y, como debía suceder, esto alimenta el delirio de persecución anticomunista en los Estados Unidos (mal llamados) de América.

En los inicios de la década de 1970 Richard Nixon llega a la Casa Blanca junto con Henry Kissinger, Secretario de Estado y pieza clave en la política de golpes de Estado durante la década del setenta. Cómo sabemos el gobierno de Salvador Allende es derrocado por un violento golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. Por documentos desclasificados, catalogados como de máxima secrecía en los dos primeros años de 1970, el secretario de Estado estadounidense Kissinger, sostuvo una conversación con el general Augusto Pinochet, en los momentos en que tramaba, junto con sus colegas militares, el golpe de Estado al presidente Allende, hemos podido conocer que dijo, palabras más, palabras menos: “Estados Unidos simpatiza con lo que ustedes están haciendo”.

El 11 de septiembre el presidente Allende es derrocado y asesinado ¿Y la OEA? Guardó silencio cómplice y abyecto.

En junio de 1973, la mano de Kissinger se extiende a Uruguay y ahí promueve un golpe de Estado civil y militar, quedando al mando, solo para guardar las apariencias, el civil Jorge Pacheco Areco, pero en realidad fueron los militares que integraron la junta los que se apoderaron del poder. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros enfrenta la más brutal represión que se haya dado en la historia de ese país septentrional. ¿Y la OEA? No dijo nada.

En medio del régimen de terror encabezado por Pinochet, la OEA, en un acto vergonzoso, decidió que su VI Asamblea General se celebrara en el Chile de Pinochet en 1976. Acuden 23 cancilleres, entre ellos Kissinger. Una vez más se reafirma la vocación, ahora golpista, de la Organización de los Estados Americanos con los supuestos principios democráticos de la época. ¡Otra vez el Ministerio de las Colonias en acción!

Para continuar Kissinger, el pro-nazi de origen alemán, que habla inglés con un acento hitleriano, éste, sin el menor pudor, aconseja al general argentino Rafael Videla que siga el ejemplo del general Pinochet: “Apliquen el método chileno, pero en menor tiempo. Entendemos que ustedes deben restablecer su autoridad. Si tienen que hacer ciertas cosas, háganlas pronto, de modo que al menor plazo posible puedan volver a la normalidad”, dijo según se lee en el segundo documento desclasificado que referimos. La OEA guardó silencio cómplice, ya no era novedad, menos noticia.

En 1972 la CIA nombró subdirector a Vernon Walters, (recordemos que este señor llegó a Managua a principios de los años ochenta con un mensaje de Reagan que, en síntesis era: o se alinean con EEUU o los invadimos), quien ya tenía amplia experiencia en propiciar y ejecutar golpes de Estado, como el de Brasil contra el presidente constitucional Joao Goulart, instalando una junta militar anticomunista y muy sangrienta; en Bolivia Walters opera el golpe militar encabezado por el criminal coronel Hugo Bánzer contra Juan José Torres, un presidente de ideas progresistas. En Haití, a la muerte del salvaje y sanguinario dictador Duvalier, apodado Papa Doc,, Walters encabeza el apoyo de Estados Unidos a su heredero (el chigüín) Jean Claude Duvalier, mejor conocido por el pueblo como Baby Doc. ¿Y la OEA? Sin novedad en el frente (de guerra contra los pueblos).

El terror siguió avanzando. Los EE. UU, en su histeria anticomunista, ya una enfermedad incurable, derrocó a ala presidenta de Argentina, Martínez de Perón e impuso una junta militar encabezada por Videla, Massera y Agosti, que, si no superaron en violencia y represión a Augusto Pinochet, cuando menos sí lo copiaron. La doctrina de la Seguridad Nacional, escudo creado por la CIA, para reprimir las aspiraciones de justicia y libertad de los pueblos de América Latina, da lugar a la creación y ejecución del Plan Cóndor, diseñado y coordinado por la CIA y los servicios de seguridad de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, para aniquilar a la izquierda opositora. Cómo comentario suplementario, los remanentes de ese plan a finales de los setenta y durante los ochenta, los encontramos en América Central, particularmente mente en Honduras y Costa Rica, países en los que opero el Batallón 601 del ejercito argentino encargado de la inteligencia de esa nación, para cazar y aniquilar a los guerrilleros de izquierda que a la sazón combatían en Nicaragua, al lado del FSLN, contra Somoza.

El comentario supletorio nos da pie para abordar el suceso más importante del final de la década de 1970: el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979. Ante el avance imparable del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos entonces, hace un último esfuerzo para salvar a la dinastía somocista e intenta, invocando al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -TIAR-, movilizando a los ejércitos regionales para imponer un gobierno de reconciliación que incluyera al FSLN, pero por supuesto con la Guardia nacional de Somoza integra y los cipayos de derecha como ala civil del gobierno, Pero esta vez la OEA, no lo apoya. (Quizá ese hecho histórico marca el inicio de una nueva era en América Latina, que, otra vez la OEA, se encarga de descarrilar al promover un golpe de Estado contra el presidente de Bolivia Evo Morales) En aquel momento, 1979, México y cinco naciones más rompen relaciones diplomáticas con el gobierno dictatorial de Nicaragua. Apenas cae Somoza, Estados Unidos empieza a organizar la contrarrevolución. Una vez más recordemos lo que nos dijo el comandante Tomás Borge.

Durante la década de 1980, ya con Ronald Reagan, el ultraderechista y pésimo actor de películas de vaqueros, en la presidencia yanqui, vivimos fuertemente el conflicto bélico en Centro América. La contrarrevolución nicaragüense, bautizada como la Contra, principalmente integrada por los derrotados Guardias Nacionales de Somoza, dirigida y financiada por la CIA, emprendió una agresión armada contra la Revolución Sandinista. Esto provocó la perdida de cincuenta mil vidas, devastación económica y, por encima de todo, dolor, mucho dolor en todos los hogares del país. Mientras alimentaba el fuego en Nicaragua, Reagan y la CIA establecieron bases militares en Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

Por su parte el FMLN y la URNG en El Salvador y Guatemala respectivamente desplegaban una guerra de liberación contra la oligarquía opresora en sus países. La CIA, siguiendo las órdenes de Ronald Reagan se hizo cargo de la respuesta militar contra los dos pueblos centroamericanos, provocando muertes, desapariciones, magnicidios, genocidios y toda la gama de atrocidades que han demostrado que son capaces los agentes norteamericanos, gracias a que han salido a la luz pública en años recientes, los ejemplos de torturas y asesinatos, ejecuciones selectivas con drones en Iraq, Siria, Afganistán, entre muchas otras naciones.

También en Colombia se multiplican las fuerzas revolucionarias de las FARC y el ELN. En respuesta y apretando la represión al sur del continente en Argentina se crea la Triple A, grupo paramilitar fascista y asesino, emulo del genocida Patria y Libertad chileno. Las oligarquías de los otros países regionales copian el modelo de asunción de los paramilitares como fuerzas que en teoría no responden a los poderes del Estado: “son fuerzas civiles hartas de la violencia comunista”, suelen decir justificando su presencia, pero en la práctica todas son dirigidas por la élite militar de sus países.

En 1983, el primer ministro de Granada, isla del Caribe, Maurice Bishop, entabló relaciones diplomáticas con la isla vecina de Cuba y pidió, en su pleno derecho, la colaboración de ingenieros y trabajadores cubanos para construir una pista de aterrizaje en la que pudieran aterrizar jets DC 10 y Jumbos, con el propósito de facilitar la llegada de turistas de Europa. Este hecho, aunado al golpe de Estado perpetrado por Hudson Austin, militante resentido y ambicioso de poder, (como Dora Téllez, Hugo Torres, Tinoco, traidores al FSLN, camarada de Bishop en el partido New Jewel, da a Reagan el pretexto ideal para invadir la isla granadina. En menos de tres días se hace presente frente a las costas granadinas el portaviones Independence de la Marina estadunidense, en franca amenaza al país. Cerca de dos mil marines, y unos trescientos soldados caribeños invaden la isla. Maurice Bishop y varios de sus ministros son asesinados y veinte trabajadores cubanos, que enfrentaron la agresión yanqui con una valentía que forma parte de la historia de la defensa de la soberanía de América Latina, caen en combate. La OEA, que estaba al borde del naufragio, y en aras de recuperar algo del prestigio perdido, declaró que la ocupación no se justificaba.

A pesar de su intento la OEA ya no puede ni tiene la voluntad política de impulsar una solución para propiciar la paz en la región en conflicto bélico. Más bien ante el hueco diplomático que ha dejado el desprestigiado organismo, son otros países, incluso de fuera de la región que proponen algún tipo de salida a los conflictos centroamericanos. Francia y México presentan una iniciativa para resolver la guerra en El Salvador; el Grupo Contadora, que aboga por poner fin a la guerra sin la participación de Estados Unidos; el diálogo de Esquipulas, en Guatemala, que logra que todos los gobiernos centroamericanos avalen el acuerdo de Contadora. Esto es muy importante porque marca un hito en el ejercicio de soberanía de los países de Centro América. Solo que mientras México, Venezuela, Colombia y Panamá, integrantes de Contadora, logran el respaldo de diecisiete países latinoamericanos y del Consejo de Seguridad de la ONU, Ronald Reagan amenaza con que Estados Unidos podría revivir en Nicaragua la “diplomacia de los cañoneras” (gunboat diplomacy).

La diplomacia de la cañoneras ya en acción, al años siguiente siembra minas de profundidad con doscientos kilogramos de explosivos, en las inmediaciones de Corinto, en el mar Pacífico nicaragüense, acto de guerra no declarada por los yanquis, para bloquear el principal puerto del país e impedir la llegada de petróleo, alimentos, refacciones (repuestos), medicinas, productos de primera necesidad, en su intento por asfixiar económicamente a la revolución Sandinista. La OEA que intentó congraciarse con los Estados que la integran, en este caso se vio obligada a escuchar la voz del amo le ordeno oídos sordos a la denuncia nicaragüense ante el organismo del acto de guerra perpetrado por el gobierno de Ronald Reagan. Nicaragua en respuesta recurrió a la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar a Estados Unidos por minar su puerto, un acto de guerra sin precedentes en contra de cualquier país latinoamericano. (Solo Nixon minó el puerto de Haig Phong en Vietnam en 1975, sin haber declarado la guerra a ese país hermano) La Haya falla a favor de Nicaragua dos años después. La OEA ni vio ni oyó.

En los ochenta, el general Manuel Antonio Noriega había grabado las conversaciones que sostuvo con los enviados de William Casey, director de la CIA del gobierno de Reagan, en las que éstos le solicitaron (casi le ordenaron) utilizar su territorio como puente aéreo para el tráfico de cocaína, cuyo destino final era el aeropuerto de Mena en Arkansas, EEUU. El general en principio se mostró reacio. Los emisarios le aseguraron que el vicepresidente George H. W. Bush, estaba la tanto de la maniobra y había dado su visto bueno para que la CIA protegiera y asegurará el éxito de la operación. Oliendo dólares para su bolsillo el general aceptó. No preguntó para que se utilizaría el dinero recaudado con la venta de la droga, él, por su cercanía con un capo del cártel de Cali, ya sabía que era para financiar la guerra que desplegaba la Contra nicaragüense. Cuando la DEA lo acusó de narcotraficante, el general amenazó con dar a conocer las grabaciones que había hecho de las conversaciones que sostuvo con los enviados de Casey. No acababa de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush cuando ordena invadir Panamá y traerle esposado al osado general que lo amenazó. Para tomar preso a Noriega, ex agente de la CIA y en efecto narcotraficante, Bush y su maquinaria bélica de marines, desembarcaron, bombardean e incendian el antiguo barrio El Chorrillo. Hasta el día de hoy nadie a sido juzgado y condenado por esa cruel sangría, llevada a cabo impunemente por un miembro fundador de la OEA, Estados Unidos de América.

A cada acción corresponde una reacción. Los países de América Latina intentan un hasta aquí, señalando sus fronteras soberanas y pretendiendo deslindarse de los yanquis. Para eso crean el Grupo de Río, el Grupo de los Ocho, y en los noventa la Cumbre Iberoamericana en la que se incluyen a Cuba y España y se excluye a Estados Unidos. La reacción: Bill Clinton, presidente de EE. UU. anuncia la creación de la Cumbre de las Américas.

El cambio de siglo trajo consigo nuevos presagios. La geopolítica latinoamericana dio un giro. Hugo Chávez ganó la presidencia en Venezuela en 1999. Néstor Kirchner, en Argentina, y Lula da Silva en Brasil en 2003, Daniel Ortega, en Nicaragua y Evo Morales, en Bolivia en 2006, Rafael Correa, en Ecuador en 2007, Fernando Lugo, en Paraguay en 2008, Pepe Mujica, en Uruguay en 2010. Estos gobiernos progresistas cambiaron el equilibrio de fuerzas en la región y, por supuesto, en la OEA.

Escasos momentos ilustran mejor la influencia que alcanzaron como bloque regional que el fracaso del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que George Bush hijo intentó hacer aprobar en la Cumbre de las Américas en Río de la Plata, en 2005. Con el comercio como garlito engañoso y ruin de ser el motor del desarrollo, el ALCA era la trampa made in USA para subordinar a las economías locales a las grandes corporaciones gringas y, ejercer con mayor rudeza un mayor aislamiento de Cuba. La falta de consenso dio por muertas las negociaciones para el ALCA. Hugo Chávez festejó el momento: “ALCA… ¡al carajo!”

Pero el embate de la resucitada OEA de la segunda década del siglo XXI no se hizo esperar. Ésta se dio a la nada ejemplar tarea de subvertir el orden constitucional en Honduras, derrocando al presidente Manuel Zelaya, mediante una nueva modalidad: el Golpe de Estado Legislativo; la misma dosis en Paraguay al presidente Fernando Lugo, a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, la persecución judicial a Rafael Correa expresidente de Ecuador y el golpe de Estado promovido y operado directamente por Luis Almagro Secretario General de la OEA, en contra del presidente de Bolivia Evo Morales.

La ultraderecha nicaragüense intenta dar un golpe de Estado en abril de 2018. Esta intentona estuvo financiada por la USAID, NED, y demás agencias fachada de la CIA, fracaso frente a la defensa del pueblo de Nicaragua encabezada por el FSLN. La ultra derecha y destacadamente los traidores al FSLN, Téllez y Torres, movilizaron como carne de cañón a la juventud, principalmente de clase media y reclutó al peor lumpen urbano,. A los primeros para salir a la calle a protestar en contra de algo que bien a bien nunca lograr discernir; solo gritaban: “fuera Ortega”, fuera Ortega y Murillo, cobijados por la bandera nacional. Los segundos, pagados con 500 Córdobas diarios, para asesinar, torturar, quemar, apalear a la población, acusando al FSLN y a la Policía nacional de asesinar a los que ellos habían abatido. Colocaron los tranques en las ciudades y carreteras y lograron mantenerse parapetados tras ellos tres meses gracias al dinero, varios millones de dólares que desembolsaron principalmente las fundaciones de los Barrios Chamorro. El pueblo y el FSLN les dieron una lección que difícilmente olvidaran. No obstante, el costo fue muy alto: cerca de trescientos muertos, parálisis de la economía, una caída del 28% del Producto Interno Bruto, desasosiego y el espectro de la guerra nuevamente. Es de hacerse notar que la OEA en ningún momento condeno lo que acontecía, más bien denuncio al gobierno legitimo de la República de represión e incitó veladamente a seguir el intento de derrocarlo.

El ensayo nicaragüense dio la pauta para emprender de nueva cuenta el ataque contra el gobierno de Cuba desde la Organización de Estados Americanos ha resucitado bajo el patrocinio del secretario general del organismo Luis Almagro, utilizando como pretexto las “protestas de la sociedad civil” en varias ciudades del país, promovidas y financiadas al igual que en Nicaragua por USAID, NED , y demás agencias fachada de la CIA, encargadas de la nueva estrategia de el gobierno de Estados Unidos, encaminada a propiciar y dirigir los golpes blandos (equivalentes a las revoluciones de colores de Hilary Clinton, ¡otra vez la huella de esa pareja nefasta e hipócrita!) Esta ofensiva diplomática para engendrar en un país que ni siquiera es mimbro de la OEA, lo que Biden llamó cambios drásticos, sabemos que se refiere veladamente a un cambio de gobierno, no ha logrado todavía consenso entre los Estados miembros ni siquiera para reunir al Consejo Permanente.

Las arbitrariedades y desatinos de la OEA han provocado que el diálogo político en América latina este suspendido. La OEA es dirigida por un secretario general, Luis Almagro, que en nada contribuye al diálogo, más bien exacerba los ataques en su afán personal de imponer su política obtusa y pro imperialista.

La OEA está hoy al margen de las conversaciones que se llevan a cabo en México entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición venezolana (Almagro sigue respaldando al payaso Guaidó) En Bolivia, después del fracaso político del Secretario General de la OEA, quien debe ser llamado a dar cuenta por propiciar un genocidio, gana el presidente Arce del MAS, el partido político de Evo Morales.

El 7 de noviembre, pese a la campaña internacional en contra del proceso electoral de Nicaragua y las mentiras vertidas por la CIDH, engendro de la OEA, se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas. El 66% del padrón electoral salió a ejercer su derecho constitucional para elegir a los candidatos de su elección mediante su voto. El candidato del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, ganó la Presidencia de la república con el 78% una vez que el Consejo Supremo Electoral contó el cien por ciento de los votos emitidos.

Biden, con su sonrisa fingida y tonta, dijo a los medios de comunicación que las elecciones en Nicaragua habían sido una “pantomima”. Dando sus últimas patadas de ahogado y pasar sin pena ni gloria al basurero de la historia, Almagro se apresuró a exigir a su corte de Estados lacayos, a declarar ilegales e ilegitimas las elecciones nicaragüenses.

Invocando a Zeledón, a Sandino y a Carlos Fonseca, en un acto de dignidad, de soberanía, de libertad y de autodeterminación nacional, los tres poderes de la Republica de Nicaragua, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, solicitaron al presidente comandante Daniel Ortega Saavedra la salida inmediata del organismo injerencista. El Presidente instruyó al Canciller de la República que informará al Consejo General y a los Estados miembros la renuncia irrevocable del país a la OEA organismo decadente y sin autoridad política ni moral como ya hemos visto.

La OEA está derrotada. Se intenta crear la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe para sustituirla. La CELAC es una iniciativa latinoamericana que excluye a los Estado Unidos de América y a Canadá. No se ha visto hasta el momento una renuncia en masa de los Estados miembros para sumarse a la iniciativa de la CELAC. Todo parece indicar que hay consenso sobre la necesidad de crear un nuevo organismo que de por terminada la triste y nefasta historia del Ministerio de las Colonias. ¿Habrá la voluntad política? Al parecer no totalmente. La actuación de México y Argentina, sin mencionar a los demás Estados esclavos de siempre, deja mucho que desear al secundar al gobierno de Biden en su negativa a reconocer el proceso electoral legítimo y constitucional de Nicaragua.

Nicaragua al renunciar a la OEA ha dado una lección de dignidad y soberanía a todos los Estados que no se atreven a dar ese paso. Nicaragua, Venezuela y Cuba, han adquirido una enorme autoridad política y moral al no pertenecer más a la OEA. Si se logra constituir la CELAC, los tres países brillaran como un emblema de autodeterminación, soberanía y libertad democrática.

Conferencia: Rusia entre Occidente y el Oriente

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