¿Cuán complejo resultó el primer año de gobierno de Xiomara Castro en Honduras?

 

Por Danay Galletti Hernández, Sputnik.

El 27 de enero se cumple un año de la asunción de Xiomara Castro de Zelaya, luego de haber sido elegida presidenta por los hondureños que confiaron en la candidata de Libertad y Refundación (Libre) y en su promesa para enfrentar la profunda crisis económica, desigualdad, violencia y corrupción, acentuadas durante los gobiernos del Partido Nacional.

La primera mujer presidenta en la historia del país centroamericano debió enfrentar una larga lista de problemáticas, la aguda crisis migratoria, incremento ostensible de la deuda externa y la pobreza, saqueo de recursos, narcotráfico y profundización del modelo neoliberal.

Xiomara heredó una nación "totalmente ocupada por los actores del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, en el Ejecutivo durante 13 años, con el apoyo de los grandes grupos de poderes fácticos que ejercen el control sobre Honduras", dijo a Sputnik Giorgio Trucci, periodista y analista político italiano radicado en Centroamérica.

Esos sectores, a su juicio, "estaban enquistados en todas las instituciones". Por ello los primeros meses de mandato fueron muy complejos debido a la estrategia diseñada por el Partido Nacional, las esferas de dominio económico y el propio expresidente Juan Orlando Hernández "para hacerle la vida imposible a este Gobierno", aseguró Trucci.

Reconstrucción de Honduras

Xiomara Castro defendió la materialización de su lema de campaña: la refundación de Honduras. Impulsó, entre otras iniciativas, el subsidio estatal del costo de la energía y el combustible, frente al alza de esos sectores como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Derogó "leyes nefastas", implementadas por las administraciones anteriores, en beneficio de las trasnacionales y promotoras del establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y la privatización de enormes territorios, así como la Ley de empleo por horas, que precarizaba el trabajo, puntualizó Trucci.

También anuló la Ley de Secreto de 2014, usada para ocultar "acciones y medidas asumidas durante la presidencia de Juan Orlando Hernández", quien fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. La supresión de esas disposiciones era una de las demandas más fuertes de los votantes.

En paralelo comenzaron las labores para la recuperación de empresas estatales, asociadas a la energía y telecomunicaciones, "saqueadas y usadas como caja chica en el manejo sucio del dinero público", aseguró el analista.

"En un territorio donde los servicios públicos están totalmente privatizados", comenzó la tarea de restauración, remodelación y recuperación, explicó Trucci. Además, desarrollaron varios programas sociales a favor de la mujer, producción agrícola y los sectores pobres. "Sabíamos que su primer año de Gobierno sería bastante complicado".

Cumplimiento de promesas electorales

Para Jorge Capelán, analista político uruguayo radicado en Nicaragua, Xiomara Castro puso en práctica desde el inicio varias de sus promesas electorales, como la política de energía gratuita para familias pobres que consumen menos de 150 kilovatios mensuales.

A ello se suma la instalación de una Comisión Anticorrupción y la firma de un memorando de entendimiento con la ONU para ese fin, así como las iniciativas para la reducción de los intereses de la banca, el fomento de la agroforestación y el turismo, todavía pendientes de cumplimiento.

"El Partido Libre enfrenta una larga lista de desafíos para materializar su ambicioso y detallado plan de Gobierno, pero en medio de todo esto Honduras sufre una alta tasa de criminalidad, con elevados índices de extorsión, una de las mayores tasas de homicidios y femicidios en América Latina y un historial de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos", argumentó a Sputnik.

El analista considera que el Gobierno de Xiomara Castro sufre las repetidas presiones de EEUU en su intento por mediatizar la implementación del programa político de Libre y encauzarlo hacia los objetivos de Washington en la región.

"Por ejemplo, en el último año, la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, ha visitado Honduras en tres ocasiones y la embajadora estadounidense en Tegucigalpa es Laura Dogu, arquitecta de la derrotada 'revolución de colores', implementada en 2018 con el fin de derrocar al Gobierno sandinista de Managua", aseveró.

Inseguridad y estado de excepción

Con el fin de reducir la violencia y el crímen, el 6 de diciembre entró en vigor el estado de excepción en Honduras, con vigencia hasta el 20 de febrero próximo, en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula. Suspende, en la práctica, la libertad de circulación, derecho de asociación y reunión, e inviolabilidad del domicilio, con lo cual "otorga a fuerzas de carácter militar roles de seguridad interna", explicó Capelán.

Para el analista la agresiva política de "mano dura" contra las maras implementada por el Gobierno de El Salvador provoca que esas organizaciones criminales expandan su radio de acción a los demás países de la región, que no cuentan con un marco común en el enfrentamiento de este fenómeno.

"A pesar de todas las críticas que se le hacen, políticas similares implementadas por Bukele en El Salvador, han contado con el apoyo de sectores de la población que ven con buenos ojos el librarse de la constante violencia de estos grupos, que amenazan las actividades económicas y la libre circulación de las personas", expresó.

Capelán advirtió también que no existen demasiadas razones para creer que las fuerzas policiales y armadas de Honduras cambiaron su carácter represivo y corrupto solo por la llegada al poder de un partido de izquierda, al tiempo que en zonas donde los campesinos e indígenas luchan contra las transnacionales, como en el Aguán, continúan los asesinatos de activistas sociales.La presidenta de Honduras declara emergencia nacional por inseguridad

"El control de las actividades de las maras puede reducir el miedo de las personas, la amenaza constante y la obligatoriedad de emigrar, pero las razones del éxodo de miles de hondureños son mucho más multifacéticas", concluyó.

A su juicio, el Gobierno de Xiomara Castro está en una situación difícil, en medio de los acuciantes problemas de la herencia de los gobiernos neoliberales, los poderes fácticos corruptos y las presiones de Washington para que "algo cambie sin cambiar nada".

Giorgio Trucci considera que a diferencia de la política asumida por el vecino Bukele, Xiomara Castro da una respuesta concreta y dura a las demandas de estabilidad, seguridad y tranquilidad, y trata de hacerlo con una atención particular a los derechos humanos.

La inconformidad y desconfianza de algunas esferas y organizaciones con esa disposición del Gobierno radican en que en el pasado las Fuerzas Armadas y la Policía eran "los principales represores de las personas" y ahora no creen que ellos estén al lado de los sectores sociales, pues no ha transcurrido tiempo suficiente para formarlos y capacitarlos.

No obstante, Trucci manifestó que la política funcionará por etapas, con una revisión sistemática de sus efectos y las modificaciones necesarias; sin embargo, la inseguridad es un tema que "no podía aplazarse porque toca la vida de millones de hondureños".

¡La conspiración y el cerco gringo comienzan a sentirse en Honduras!

FOTO: Salvador Nasrala, uno de tres vicepresidentes en Honduras que es considerado por la base del partido gobernante Libre como ’El HOMBRE de la EMBAJADA’, en la foto saludando al dictador chileno Augusto Pinochet en 1975 cuando Nasrala tuvo su formación política en neoliberalismo en Chile bajo la bota fascista y la batuta de Milton Friedman, el gurú del modelo neoliberal, junto con sus ’Chicago Boys’.

Por Dick Emanuelsson.

Ahora viene la tercera visita a Tegucigalpa en un año de la general y jefa del Comando Sur, junto con el director de la USAID, “Padrino” de la CIA y los demás órganos conspirativos para desestabilizar a la nación centroamericana. Se preparan para entrar a Honduras.

LAURA DOGU, embajadora y “Araña de la intentona golpista en Nicaragua 2018” tiene preparado, ahora como embajadora gringa en Honduras, un dossier del Plan de la Conspiración, que incluye nuevos partidos al servicio al imperialismo yankiee en donde figura Salvador Nasrala, uno de los vicepresidentes de Honduras que está abriendo una fisura del gobierno popular al servicio a la Embajada.

En 1975 tuvo su “formación política” en Chile del dictador Augusto Pinochet que le saludó en mano ese año.

¿Quien dijo que la tarea de Xiomara sería fácil?

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras

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Lo que está pasando en Honduras es verdaderamente increíble.

Dos ensayos de laboratorio están en construcción, por parte de la ultraderecha nacional e internacional.

Dos nuevos partidos políticos apoyados y financiados por los Demócratas de los EEUU.

Se trata del Partido Nacional Repúblicano, fundado por el activista del partido José Arturo Vides Berlioz.

Y el otro experimento es la construcción por parte de un activista del PSH Isaac Dubon que junto a los diputados del partido nacional y Salvador Nasralla, están atrás del Partido del Migrante, fundado, por Isaac Dubon y el objetivo es dividir el voto en mil pedazos, en lo que serían las elecciones generales del 2025.

Esto estaría indicando que ya el partido nacional y liberal, dejaron de ser una opción para los grupos de poder fáctico y fascistas nacionales e internacionales.

Es tanto el desprestigio del bipartidismo que sus diputados han sido Extraditados hacia los EEUU y el principal líder del partido nacional Juan Orlando Hernández preso por narcotráfico.

Yani Rosental líder del partido liberal exconvicto de la cárcel en los EEUU, por lavado de activos del narcotráfico, crimen organizado y corrupción en Honduras.

Mario Pérez mencionado, con vínculos de narcotráfico, crimen organizado y corrupción en Honduras, manifestó que la presidencia de la nueva CSJ debería estar en poder del partido liberal de Yani Rosental o bien del PSH de Salvador Nasralla

David Chávez propone que la presidencia de la nueva CSJ la tenga Salvador Nasralla del PSH.

Tomás Zambrano, luego de una reunión con la embajadora de los EEUU en Honduras, Laura Dogu, manifestó que la presidencia de la nueva CSJ deberia estar en control del partido liberal de Yani Rosental.

Hay que analizar muy bien, cuál es el verdadero trasfondo de que el partido nacional quiera entregar la presidencia de la nueva CSJ a Salvador Nasralla o Yani Rosental.

¿Cuáles son las negociaciones que podrían tener los cachurecos, liberales y PSH?

En conclusión, dos ensayos de laboratorio con dos nuevos partidos políticos de maletín o USB apoyados por la ultraderecha nacional e internacional.

Cachurecos, sus socios y aliados del narcoestado, aterrorizados dispuestos a negociar la nueva CSJ con Liberales y PSH.

Una comisión de alto nivel injerencista, llega la próxima semana, entre ellos la general del comando Sur de los EEUU y la jefe de la USAID y la subsecretaría de estado para la seguridad civil, democracia y derechos humanos.

Temas a tratar:

• Democracia 
• Derechos humanos 
• Corrupción 
• Migración 
• Maquilas 
• Trabajo por hora 
• Ciudades Modelos o ZEDES 
• Eleccion de la nueva CSJ 
• Reclamo a Honduras por anuncio de relaciones internacionales con China.

Honduras: Gobierno de Xiomara Castro, avanzando por un camino minado

Cinco meses con ojos puestos en la refundación de Honduras y cuidándose las espaldas 

Por Giorgio Trucchi, TerceraInformacion.es

El 27 de enero, Xiomara Castro asumió el cargo de presidenta de Honduras. Un discurso vibrante el suyo, donde dejó en claro que iba a recibir un país en bancarrota, saqueado, con una deuda que suma más de 20 mil millones de dólares, y con una estructura clientelar prácticamente intacta de corrupción e impunidad, que en los últimos 12 años ha venido copando espacios públicos y privados.

Un pueblo devastado por la pobreza – casi el 74% de la población y con el 50% en miseria absoluta – y la desesperanza. Una cantidad creciente de personas con la mirada puesta hacia el norte, no tanto atraídas por el “sueño americano”, sino huyendo de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades.

Un pueblo que, a pesar de todo, decidió salir masivamente a votar en noviembre del año pasado para castigar a los continuadores del golpe, a los carniceros de cuello blanco, a los ladrones y corruptos que pusieron en venta el país, sus mejores tierras, los bienes comunes, la soberanía y la dignidad misma de nación.

Un voto también por el cambio, por la esperanza de que una Honduras diferente aún es posible. Un voto para la mujer que se fajó en las calles, junto a su pueblo, contra la ruptura del orden constitucional, el derrumbe de la democracia, contra balas y toletes, militares y policías, denunciando detenciones ilegales, represión física y psicológica, desapariciones, torturas y asesinatos.

Muy altas las expectativas de un pueblo herido, desilusionado de la política y los políticos tradicionales. Nutridas las promesas de Xiomara Castro.

En mayo, casi cuatro meses después de asumir el cargo, la presidenta hizo una primera evaluación de las cosas hechas, de las dificultades enfrentadas, de los retos y desafíos futuros.

“Con responsabilidad he asumido el reto de dirigir Honduras, un país sometido por una narcodictadura violenta y corrupta, que entregó todo el control del Estado a la oligarquía, a cambio de su silencio cómplice, frente al desmantelamiento de nuestra patria”, dijo la presidenta en cadena nacional.

“Nos anticipamos a las fuerzas más oscuras y a los sectores más conservadores y extremistas de Honduras, que pretendieron asestarnos un golpe tempranero tomando el control del Congreso, pero fracasaron gracias a la movilización popular que me acompañó a defender lo que ganamos abrumadoramente en las urnas”, agregó.

El llamado a la unidad como elemento fundamental e imprescindible para hacerle frente a la ofensiva de los sectores más retrógrados y reaccionarios de la sociedad hondureña e impulsar la refundación del país, ha caracterizado la acción política del nuevo gobierno, en especial de la mandataria.

Pese a las diferencias y conflictos que existen dentro del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), la bancada parlamentaria de la primera fuerza política del país parece haber encontrado cierta estabilidad.

De hecho, este 14 de junio, diputados y diputadas se reunieron con la presidenta Xiomara Castro y con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, para reafirmar que la unidad colectiva y partidaria es la misma que se forjó durante la lucha de resistencia contra el golpe de 2009.

Asimismo, aclararon que en el Congreso no existe una bancada independiente dentro de la bancada de Libre – como ventilaron algunos medios de comunicación – y reafirmaron su total e incondicional respaldo al gobierno presidido por Castro.

Unidad interna y alianzas parlamentarias permitieron avanzar en el cumplimiento de algunas de las promesas electorales.

Desmontando la dictadura

Se aprobó la Ley de Amnistía[1], facilitando la excarcelación de presos políticos y el regreso al país de decenas de exiliados, se condenó de manera oficial el cruento golpe de 2009, y se reconoció la responsabilidad del Estado en casos emblemáticos como los asesinatos de Vicky Hernández[2] (2009) y Herminio Deras[3] (1983), iniciando un proceso de reparación para las víctimas.

Para el Comité de familiares de detenidos desaparecidos en Honduras (Cofadeh), las nuevas autoridades están demostrando a la sociedad hondureña y la comunidad internacional la voluntad política para generar un cambio estructural en el abordaje del tema de los derechos humanos y la memoria.

También se creó la Secretaría de la Mujer y se está avanzando para la aprobación consensuada con las organizaciones de mujeres y feministas de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Asimismo, se derogó la Ley de Empleo por Hora, que durante ocho años ha profundizado la desregulación del mercado del trabajo, institucionalizando la precarización laboral, promoviendo nuevas formas de acumulación capitalista y generando un cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones obrero-patronales[4].

De igual forma se derogaron todas las normas y reformas constitucionales relacionadas con las cuestionadas Zonas de empleo y desarrollo económico (Zede) y su ley orgánica[5], así como la polémica Ley de Secretos Oficiales.

Se reformó y se aumentó en más de 2 mil millones de dólares el presupuesto general, privilegiando la inversión en gasto social, en especial salud, educación y programas de compensación social, y la generación de puestos de trabajo.

Se impulsó la liquidación gradual de los contratos de fideicomiso y las alianzas público-privadas, usadas por los gobiernos continuadores del golpe como herramientas jurídicas para privatizar las finanzas públicas, en el marco de negocios oscuros que lesionaron severamente los intereses del Estado hondureño.

En este sentido, ya se solicitó al Congreso un nuevo decreto que permita la cancelación de fideicomisos y que reintegre los fondos a las arcas del Estado, al tiempo que se comenzó a suprimir “las capas de administración pública inoperantes que sirvieron al manejo oscuro de la cosa pública”, detalló la presidenta.

Para enfrentar la grave crisis económica, el gobierno de Xiomara Castro inició un programa de subsidio de los combustibles y de la energía eléctrica, beneficiando a 1.3 millones de familias. También se dio a la tarea, para nada fácil, de rescatar la empresa pública de energía (ENEE), sometida durante más de doce años a un despiadado saqueo, y se aprobó una nueva ley que reconoce la energía eléctrica como bien público de seguridad nacional y un derecho humano.

También se autorizó al Banco nacional de desarrollo agrícola (Banadesa) a colocar 40 millones de dólares en créditos para unos 7500 pequeños productores agrícolas a tasas reducidas de interés. Vale la pena recordar que Banadesa estuvo a punto de ser liquidado por el régimen de Juan Orlando Hernández por su elevada mora.

Finalmente, se creó la Secretaría de transparencia y lucha contra la corrupción, se inició el diálogo con Naciones Unidas para la instalación de una Comisión internacional contra la impunidad en Honduras (CICIH), una de las más sentidas demandas del pueblo hondureño, se otorgaron amplias facultades y autonomías a la Unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) y se creó en el Congreso Nacional una Comisión Anticorrupción.

Varias fueron también las medidas tomadas en materia de salud, educación y defensa del medio ambiente, como la creación de “batallones verdes” para la defensa de las reservas forestales y el combate a la tala ilegal de bosques.

“Es como caminar por un camino minado, pero avanzamos. Este modelo privatizador y de acumulación de riqueza más despiadada vive su fase más salvaje que lo destruye todo. Son capaces de hacer lo que tengan que hacer para asegurar sus ganancias.

He recibido un país en ruina y estoy construyendo la base del desarrollo humano, el respeto al medio ambiente y la justicia. El futuro es nuestro, nada es inmutable, la historia la hacen los pueblos, en dialéctica y siempre tiende hacia la liberación de lo más postergado”, sentenció la presidenta Castro.

“El nuevo gobierno se encontró a una Estado totalmente desnaturalizado, es decir que no cumple con sus funciones sociales a favor de la población, sino que se ha convertido en una maquinaria para enriquecer aún más a las clases dominantes.

Estamos hablando de la nueva oligarquía nacional, vinculada principalmente al capital transnacional colombiano, israelí y estadounidense, y a sectores de la política tradicional corrupta”, explicó Gilberto Ríos Munguía, analista político y dirigente de Libre.

“La corrupción está estrictamente vinculada al sistema y modelo capitalista. Se estima que por la corrupción se pierden, cada año, algo como 3 mil millones de dólares, es decir casi el 33% del presupuesto general”, añadió.

“Combatir este estado de cosas es imprescindible, aunque nos lleve en rota de colisión con la oligarquía y el gran capital. El gobierno, solo, no va a poder. Necesita de todo el apoyo posible”, advirtió Ríos Munguía.

Muchas expectativas

“Las expectativas en la población son muy grandes y las respuestas hasta el momento se han enfocado en desmontar el sistema que dejó el régimen de Juan Orlando Hernández, en borrar el anclaje de la dictadura”, dijo el catedrático Eugenio Sosa.

“Además de varias leyes que fueron derogadas, se va a intervenir para renegociar los contratos con las empresas térmicas o generadoras de energía, que aprovecharon de la red de corrupción pública después del golpe de 2009. Esto va en la lógica de desmontar el aparato de la dictadura”, agregó.

Sin embargo, asegura el también director del Instituto nacional de estadística (Ine), la expectativa más grande está en lo que se va a hacer para enfrentar y resolver los grandes problemas del país, en especial dar respuesta a la demanda urgente de empleos dignos y enfrentar la inseguridad y la violencia.

“La gente se encuentra entre la desesperación por la situación económica y social y la esperanza política de que va a haber un cambio real. Se percibe que sigue dándole el respaldo a la presidenta, con la expectativa de que, una vez enfrentada la fase más difícil, pueda dar señales más fuertes, más contundentes”.

“La realidad – continuó Sosa – es que Xiomara (Castro) ganó la presidencia, pero la oligarquía sigue teniendo el poder y está lista para querer imponer límites al gobierno, si tan sólo trata de quitarle privilegios. Lo hemos visto en los días pasados cuando se tocó el tema energético”.

Para Sosa, los próximos meses serán cruciales.

“Se viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General. Se necesita una mayoría calificada de los dos tercios de los diputados, y no va a ser fácil convencer a los miembros de los partidos tradicionales. Tampoco hay votos seguros para promover consultas populares”.

Además, hay hilos, mecanismos y actores del antiguo régimen que todavía están vivos y activos, trabajando para boicotear cualquier intento de promover verdaderos cambios estructurales.

“Pareciera que radicalizar y profundizar el cambio en este momento aún no es posible. Todavía estamos amarrados y no tenemos la fuerza política para hacerlo.

En este sentido – continuó Sosa – será clave hacer una reingeniería del aparato administrativo estatal y tomar el control de las instituciones, donde la mayoría de cuadros intermedios todavía responde a los intereses del antiguo régimen”.

“Los ministerios están copados de gente joven, de personas que vienen de la lucha contra el golpe y contra el régimen de Juan Orlando (Hernández). En la medida que este gobierno logre afianzarse, podrá mostrar su verdadero rostro y su capacidad operativa”, explicó Ríos Munguía.

Aciertos y desafíos

El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) hizo público el documento “Cuatro meses de gestión: aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro”, donde se da una primera valoración centrada en temas torales como, por ejemplo, estado de derecho y derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción, justicia ambiental.

Cespad valoró como positivo el esfuerzo del nuevo gobierno por modificar las prioridades nacionales, fortaleciendo el rol del Estado en el desarrollo nacional, revirtiendo la privatización de los bienes públicos y recuperando el gasto social.

Al mismo tiempo, mostró preocupación por el alto nivel de la deuda pública y del gasto militar, así como por “los débiles signos hacia la desmilitarización del Estado y la sociedad”.

El informe evidenció “avances notables en el área de anticorrupción y transparencia”, así como en la “gestión territorial y ambiental”. Sin embargo, señala también la necesidad de impulsar rápidamente “acciones políticas estratégicas, encaminadas a desmontar la política extractivista del despojo del territorio y la política agraria de concentración de la tierra”.

En cuanto a derechos de las mujeres, Cespad insta a las nuevas autoridades a establecer “una ruta estratégica para ir convirtiendo en políticas públicas y acciones afirmativas las demandas históricas de las mujeres”.

Entre los grandes desafíos de la nueva administración Castro, el informe destaca la renegociación de la deuda pública y la reducción del gasto militar, más recursos para la inversión pública y para enfrentar las grandes problemáticas que atañen los sectores históricamente excluidos de la sociedad hondureña.

Asimismo, avanzar en la transformación, democratización y desmilitarización del Estado y la sociedad, realizar una reforma agraria con enfoque de género, proceder con el desmontaje de la normativa y del modelo extractivista y avanzar en el establecimiento de un sistema de justicia independiente, entre otros puntos.

Poder popular

Según Ríos Munguía, para el gobierno es fundamental trabajar tres ejes estratégicos: el fortalecimiento del partido y su estructura a nivel nacional, mantener alianza multipartidista hasta donde sea posible y fortalecer la relación, colaboración e intercambio con el movimiento social y popular”.

En diciembre del año pasado, previo a la toma de posesión de Xiomara Castro, la Comisión de Transición instaló varias mesas donde diferentes sectores de la sociedad hondureña presentaron sus demandas[6].

En especial, la Comisión de Transición para movimientos sociales abarcó tres ejes: soberanía nacional, acceso a la tierra indígena y campesinas, asentamientos humanos; extractivismo, defensa del agua, ambiente, bienestar animal y autonomía; institucionalidad pública del ambiente, tierra y territorio

De estos encuentros se sistematizaron 33 propuestas y se pasó a la fase sucesiva, es decir la búsqueda de las herramientas legales y fondos para soportar dichas propuestas.

A mediados de mayo pasado, se realizó el Encuentro nacional del poder popular para la refundación, donde decenas de activistas y organizaciones se reunieron con el objetivo de avanzar, desde la autonomía de los movimientos sociales, hacia la refundación de la sociedad, mediante la construcción de propuestas para ser implementadas por el nuevo gobierno.

“No va a poder haber cambios sin el apoyo popular. Me inclino por una fuerte alianza y unidad del movimiento social y popular con el gobierno, en plena autonomía y basado en propuestas programáticas”, manifestó Sosa.

(continúa)

[1] http://www.rel-uita.org/honduras/amnistia-justicia-y-reconciliacion/

[2] http://www.rel-uita.org/honduras/estado-se-responsabiliza-por-el-asesinato-de-vicky-hernandez/

[3] http://www.rel-uita.org/honduras/una-rendija-de-luz-en-un-mar-de-oscuridad/

[4] https://www.pressenza.com/es/2022/05/honduras-deroga-ley-de-empleo-por-hora/

[5] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2022/04/honduras-derogaron-las-zede.html

[6] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2022/01/honduras-es-un-volcan.html

Honduras: La dictadura que no acaba de morir…

 

Por Gilberto Ríos Munguía, El Pulso.

Desde el 27 de enero de 2022 asumió en Honduras el primer gobierno Socialista Democrático de su historia, dirigido por una mujer Iris Xiomara Castro Sarmiento, respaldada en las urnas electorales el pasado 28 de noviembre por más de 1,7 millones de hondureños y hondureñas, en unas elecciones en las que participaron más del 68% de la población habilitada para votar. El mensaje del pueblo es claro hacia la Unidad Opositora, al Partido Libertad y Refundación y a la historia: es preciso acabar con la narco dictadura del Partido Nacional y su cogobierno con el Partido Liberal.

En el mes de diciembre y las primeras semanas de enero la alegría continuaba desbordando a la gran mayoría de la población; El contundente triunfo electoral a nivel presidencial, tuvo –entre otras- un par de réplicas muy importantes; el triunfo de las alcaldías más grandes del país, la del Municipio del Distrito Central la capital política, y la de San Pedro Sula la capital industrial. A eso se sumaba el crecimiento en el poder legislativo que de 30 diputados electos en la anterior contienda, ahora sumaban 50, obteniendo un crecimiento de más del 60% de representación partidaria en el hemiciclo.

No obstante, lo que para la mayoría era un momento de alegría, para otro sector era momento de negociaciones oscuras, cálculos políticos y financieros. La traición de 18 diputados y diputadas de la bancada de Libertad y Refundación se fraguó con los diputados de la narco dictadura, como un acto político de la oligarquía; se debía frenar la posibilidad de que la oposición controlara un segundo poder del Estado, también debían frenar la euforia de las masas. Los textos, audios, fotos y vídeos que circularon inmediatamente por las redes, más las pesquisas realizadas por el partido, terminaron de armar el cuadro.

El zarpazo deja una gran herida en la dirigencia nacional, el enorme esfuerzo de organización electoral se realizó en medio de una grave crisis económica y enfrentando una pandemia. La democracia estuvo amenazada y atacada por muchos flancos. Fue una transición democrática pero en medio de una enorme tensión, sobre todo cuando se recordaban las experiencias de 2009, 2013 y 2017, que cobraron muchas vidas y sacrificios. El odio popular se hizo sentir en las redes sociales y también en las calles. Ningún dirigente del partido hizo una convocatoria, las acciones contra los diputados y diputadas que habían traicionado al pueblo, surgieron espontáneamente; siendo incluso más fuertes de los mismos dirigentes que habían trabajado de forma directa con los candidatos traidores.

Sus declaraciones públicas evidencian la construcción de débiles argumentos; su caída en la popularidad –medida por varias empresas durante la semana de mayor conflicto- demostró que no pudieron engañar a la población. De manera muy oportuna, aún como candidata electa, a dos días de tomar posesión, Xiomara Castro hizo una convocatoria muy valiente a los bajos del Palacio Legislativo “¡Acompáñenme!” decía en sus redes sociales. El acto demostró nuevamente la disposición de la totalidad del partido a cerrar filas contra la traición y las maniobras de la narco dictadura.

El anuncio público del golpe legislativo se llevó a cabo nuevamente desde los foros televisivos de la derecha, al igual que el conteo y proyección de Batson con los votos rurales del 2017, la legitimación del fraude de 2013 o el respaldo al golpe de Estado en el 2009. La ambigüedad intencionada en la información, la complicidad de los mismos medios y la propagación de información falsa en las redes, también nos dan cuenta la batalla que continuaremos enfrentando.

Es claro que el triunfo electoral ha colocado a las fuerzas de oposición en mejores condiciones para la batalla, es necesario avanzar. “Hemos tomado la colina” decíamos en la evaluación de diciembre; estamos seguros que el gobierno avanzará a pasos agigantados con la nueva administración. 12 años y 7 meses de neoliberalismo crudo han dejado el país en ruinas, pero una correcta conducción del Estado de Honduras, el ejercicio transparencia de la ejecución de los fondos públicos y la participación permanente y protagónica del pueblo en cada momento que el enemigo aceche, conseguirán mantener el rumbo.

Honduras, el cambio es ahora

 

Por Fabrizio Casari
www.altrenotizie.org

Tal y como preveían todas las encuestas, Xiomara Castro, candidata de la izquierda hondureña, es la nueva Presidenta de Honduras. Doce años después de que el golpe de Estado de Hillary Clinton derrocara al presidente legítimo Mel Zelaya, ahora líder del Partido Libre Progresista, Xiomara -la esposa de Mel- ha devuelto las cosas a su orden natural, con el consenso popular en el gobierno y el golpismo en la oposición. Los intentos desesperados de impedir la victoria de Xiomara por parte
del gobierno estadounidense y de la UE, de la mano de la OEA, resultaron ineficaces. Un margen tan amplio, que si ha impedido cualquier posible fraude en lo que se refiere a la victoria de los candidatos presidenciales, ve ahora a la derecha trabajar duro para intentar anular o al menos modificar parcialmente la victoria igualmente abrumadora de la izquierda, tanto en lo que se refiere a los votos parlamentarios como a los de las administraciones locales. Aquí, de hecho, en las elecciones para alcaldes, la derecha está intentando operaciones sucias, pero la impresión es que pueden reducirse a acciones disruptivas que tendrán poco efecto en la proclamación de los resultados reales.

Una propuesta posible y viable

La identidad del "socialismo democrático" reivindicada por Xiomara Castro no debe inducir a error sobre una supuesta blandura hacia las clases dominantes y el sistema político. Habla de democracia directa y consulta popular, de acabar con la pobreza y la corrupción. Pues bien, unir la situación de los desposeídos y la lucha contra la corrupción y la delincuencia es un eslabón estratégico en la construcción de una Honduras diferente. Es precisamente la soldadura entre anexionismo y criminalidad lo que constituye la quinta esencia del sistema de poder que tiene secuestrado al país, ahora más cercano a la representación del horror que a la de una sociedad moderna y desequilibrada. Precisamente por eso, Estados Unidos y la derecha local, mucho más circunspectos que ciertos izquierdistas con sus adjetivos fáciles y fuera de lugar, ven claramente la amenaza a sus intereses.
La propuesta política de reconciliación nacional y de reforma profunda del Estado y de la sociedad hondureña, a través de una lucha encarnizada contra la corrupción y el crimen organizado, ha demostrado ser la baza de una batalla política por la redención de un país sumido en la delincuencia atroz y la corrupción rampante, la otra cara de la moneda de un país reducido a su mínima expresión, donde los índices de delincuencia y pobreza se combinan en una mezcla horrenda, entre los más altos de todo el continente americano. San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, es más peligrosa que Bagdad en cuanto a la tasa de asesinatos en relación con sus habitantes. Un país ahora dominado desde fuera por Estados Unidos y dominado desde dentro por el crimen organizado. Una pinza mortal cuyos dos brazos responden a los mismos intereses, aunque no siempre a los mismos señores.
Una condición que necesitaba una propuesta política amplia y compartida, desencadenando una rebelión tanto cívica como política, que se resume en el manifiesto político de la izquierda vencedora. En este sentido, la victoria de Xiomara no sólo es una reparación tardía de lo sufrido con el golpe de Estado de 2009, al que siguieron doce años de luchas sociales y políticas y una dura represión, con el asesinato de numerosos líderes de movimientos sociales, sino que también recoge los frutos de las luchas contra las políticas antipopulares de los distintos gobiernos que siguieron al golpe de Estado de Micheletti y la incidencia del crimen organizado en las políticas gubernamentales.
Es precisamente la combinación de las luchas por las reivindicaciones sociales y contra la brutal represión, por un lado, y la aspiración a un país libre de narcotráfico, por otro, lo que ha representado el vínculo entre distintos sectores sociales del país, ahora reflejado en una votación que, por su amplitud y transversalidad, debe leerse como una protesta generalizada y no sólo del segmento más débil de la población.
La dictadura hondureña ha sufrido gravemente el abandono incluso de algunos de sus sectores sociales de referencia en zonas tradicionalmente conservadoras. Una caída vertical del consenso amplificada por los aproximadamente dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales emigraron ilegalmente durante los últimos doce años de la narcodictadura imperante en Tegucigalpa. No es casualidad que el gobierno haya establecido un mecanismo de actualización de documentos que complica enormemente el voto en el extranjero.
Pero no ha servido para poner trampas en el camino de los votantes, que sin embargo tendrán que, con toda probabilidad, defender su voto en las calles, dado que es difícil que la derecha y el narcogobierno de Hernández cedan el poder, reconociendo el valor del proceso democrático que produjo su derrota electoral.
De hecho, no se pueden descartar intentos de anular el voto mediante presiones e iniciativas de tipo golpista, pudiendo contar con el total apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que ve en la victoria de Xiomara Castro, una importante amenaza a su papel de dominio sobre el País.

Los reflejos internacionales

Honduras se caracteriza por ser, a todos los efectos, un portaaviones terrestre de Estados Unidos en Centroamérica. Todos los golpes y asaltos a los gobiernos progresistas de la época centroamericana y caribeña tuvieron su origen en las gigantescas bases estadounidenses en su territorio y el país fue la principal base de operaciones y de retaguardia de la Contra antisandinista de los años 80. El control total de Honduras es crucial para el control militar sobre el Golfo de Fonseca (en el Océano Pacífico) y el Mar Caribe y las fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Es precisamente esta ubicación geográfica la que le confiere una posición clave, preparatoria para el control de toda la región centroamericana.
Una región que no sólo es vital para el comercio y la red de telecomunicaciones de la que EE.UU. se ve afectado en gran medida por las tendencias del mercado en sus estados del sur, sino que, junto con México, garantiza la emigración incontrolada de mano de obra barata y sin derechos, que es útil para socavar lo que queda de los derechos laborales en el mercado interno de EE.UU.
El acuerdo con la vecina Nicaragua recuerda el apoyo de Mel Zelaya al proyecto Alba, por lo que la gestión del Bukele en El Salvador, que con la introducción de la moneda virtual podría reducir significativamente su dependencia del dólar, provocando problemas políticos y financieros que no son fáciles de prever. Estas son algunas de las preocupaciones que angustian en estos momentos a la CIA y a la Casa Blanca, que obviamente ya están pensando qué hacer para disuadir a Xiomara Castro de aventurarse por el camino de su marido o, si no quiere, deshacerse de ella como hicieron con Mel Zelaya.
Estados Unidos no quiere ni puede permitirse una Honduras diferente con una Nicaragua sandinista y un El Salvador parcialmente descontrolado. Por una razón general y circunstancial. La general es que Estados Unidos no tolera a los gobiernos que no le son sumisos; no necesariamente hostiles, sino simplemente no obedientes. El bastón de mando gira permanentemente sobre las cabezas de los países que quieren reducir la nefasta influencia estadounidense y el continuo saqueo de los recursos terrestres y subterráneos, así como del espacio geográfico y satelital para los fines de Washington.
En particular, si la proximidad geográfica con Nicaragua se convirtiera también en una fuerte proximidad política, muchas de las amenazas de aislamiento de la nación sandinista tomarían la forma de amenazas ociosas. La red de comercio e intercambio se vería ciertamente impulsada por un desarrollo positivo de las relaciones entre Managua y Tegucigalpa, que ya han mejorado significativamente con la firma del acuerdo bilateral sobre aguas territoriales en Nicaragua en octubre. Y la capacidad de Nicaragua para exportar alimentos permitiría una agenda social hondureña que decidiera combatir la pobreza a través de subsidios alimentarios a los grupos más débiles, lo que incidiría directamente en la reducción de la microcriminalidad.
En definitiva, un cuadro en ciernes que preocupa a Washington, precisamente porque la victoria de Xiomara Castro es el motor de una mayor integración regional y una mayor independencia de Washington y el empuje que viene de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia para una superación definitiva de la OEA, para ser sustituida por la CELAC, encontraría una nueva, inesperada e importante pieza en la construcción de una América Latina diferente y más independiente.
Ante la noticia de la virrotia de Xiomara, la bandera hondureña ondeó ayer como nunca antes sobre los edificios de Tegucigalpa. Movido por un viento de cambio que acentuaba sus colores, ajeaba sinuosamente, bailando y tocando el cielo.
Muchos juran haber visto los brazos de Berta Cáceres agitando banderas y la sonrisa de Xiomara dictando las olas. Desde ayer, el momento de un cambio en la música se puede sentir desde arriba, así como desde abajo.

Elecciones Honduras: El reto de acabar con doce años de neoliberalismo

Por Giorgio Trucchi | LINyM

El 28 de noviembre, más de 5 millones de hondureños serán llamados a elegir al Presidente de la República, a 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y más de 2 mil regidores.

A medida que se acerca la fecha electoral, se polariza el ambiente político, se agudiza el conflicto y crece la tensión social.

Nadie olvida la violenta represión de 2017 contra quienes protestaban por el burdo fraude electoral que prolongó la agonía del actual régimen. En aquella ocasión, más de treinta personas perdieron la vida de forma violenta y estos crímenes quedaron en total impunidad.

Los hechos sangrientos de los últimos días vuelven a despertar los fantasmas de la violencia y la represión.

El 11 de noviembre, el candidato a regidor por el Partido Liberal, Óscar Moya, fue ultimado de varios balazos en Santiago de Puringla (La Paz). Dos días después fue asesinado el alcalde de Cantarranas (Francisco Morazán) y aspirante a la reelección, siempre por el Partido Liberal, Francisco Gaitán.

Al día siguiente perdieron la vida de forma violenta el dirigente del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Elvir Casaña, y un activista del Partido Liberal, Luis Gustavo Castellanos, respectivamente en San Luis (Santa Bárbara) y San Jerónimo (Copán). En el ataque mortal contra Castellanos fueron heridos otros dos activistas.

El 15 de noviembre, otro ataque acabó con la vida de Darío Juárez, aspirante a vicealcalde por el Partido Liberal del municipio de Concordia (Olancho). Dos días después, desconocidos atentaron contra la vida de Héctor Estrada, candidato independiente a la alcaldía de Campamento (Olancho) y Juan Carlos Carbajal, candidato a alcalde de El Progreso por el Partido Salvador de Honduras.
 
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) son más de 30 las muertes violentas registradas en el marco del actual proceso electoral, que se perfila como hasta más violento que el del año 2017.

El Observatorio reportó hasta el 25 de octubre al menos 64 casos de violencia electoral, entre ellos 27 homicidios y 11 atentados. A estos hay que sumarles los más recientes ataques que segaron la vida de cinco personas en cinco días (como se detalla más arriba) y otros ataques no mortales.

La Oacnudh condenó los actos de violencia electoral “que afectan el derecho a la participación política” e instó a las autoridades a llevar cabo “investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales”.

Una herencia de impunidad

“Estos asesinatos de liderazgos locales son el preludio de lo que podría suceder durante y después de las elecciones. Recordemos que todo esto ocurre luego de la aprobación en el Congreso de reformas y leyes que profundizan la criminalización de la protesta social y la movilización ciudadana”, advirtió Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“Prácticamente han venido legalizando la represión contra quienes manifiestan su descontento y defienden los derechos humanos. Estos son los resultados”, agregó.

En el 2017, la represión contra quienes protestaban por el fraude electoral orquestado por el oficialista Partido Nacional cobró la vida de 37 víctimas inocentes (Cofadeh 2018). De todos estos casos solamente uno se logró judicializar y el agente acusado de disparar y asesinar fue sobreseído.

“Nunca se investigó a la cadena de mando, ni el contexto en que se ocasionaron estas muertes. La dictadura le dio a la policía militar garantías de impunidad para capturar, torturar y ejecutar a opositores en las calles. Esto no hace más que generar las condiciones para que eventos similares y hasta más violentos se repitan”, vaticinó la defensora de derechos humanos.

En este sentido, Cofadeh estará monitoreando y denunciando tanto los delitos electorales que se cometan antes y durante la jornada electoral, como las violaciones contra las personas que ejerzan su derecho al voto.

Tres para una silla

De los 16 aspirantes a la presidencia, solamente tres tienen posibilidades reales de alcanzar la victoria: Xiomara Castro del opositor Partido Libre, quien puntea las principales encuestas; Nasry “Tito” Asfura Zablah del Partido Nacional, principal contrincante de la ex primera dama e Yani Rosenthal del Partido Liberal, representando al otro partido tradicional de Honduras y con escasas posibilidades de victoria.

Para Xiomara Castro se trata de su segundo intento de llegar a la presidencia del país, tras las denuncias de fraude y la cuestionada derrota sufrida en 2013 a manos de Juan Orlando Hernández.

Después de la presentación pública de su “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026”, Castro y Salvador Nasralla (Partido Salvador de Honduras) conformaron una alianza, a la que se sumó el Partido de Innovación y Unidad (Pinu), sectores del Partido Liberal y una candidatura independiente. En aras de sumar esfuerzos y votos potenciales, Nasralla renunció a su candidatura presidencial y apoyó a la de Libre.

Nasralla, un excéntrico y reconocido conductor de programas deportivos, fue candidato presidencial en 2017 de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que también integraron Libre y el Pinu y que recibió el apoyo de un amplio abanico de organizaciones sociales, populares y sindicales.

En aquella ocasión, la Alianza denunció la inconstitucionalidad de una nueva candidatura de Juan Orlando Hernández, ya que en Honduras la Carta Magna prohíbe la reelección presidencial. Asimismo, se movilizó durante semanas contra el fraude electoral que privó Nasralla de la silla presidencial, con el consenso tácito de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA.

“Tito” Asfura, conocido popularmente como “Papi a la orden”, ha sido alcalde de Tegucigalpa durante dos períodos (2014-2022) por el partido de gobierno. Empresario con más de 30 años ocupando puestos gubernamentales y legislativos, fue accionista de una sociedad offshore en Panamá mientras era funcionario público. Al final, dicha sociedad terminó bajo el control de Banco Ficohsa, propiedad de la poderosa familia Atala Faraj.

En junio de este año, la Corte de Apelaciones declaró “en suspenso” un antejuicio en contra del candidato oficialista por los delitos de abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. Para poder avanzar, el Tribunal Superior de Cuentas tendrá que llevar a cabo una auditoría especial sobre los fondos cuestionados por el Ministerio Público.

De acuerdo con informaciones publicadas en los últimos días, el nombre del ex alcalde de Tegucigalpa ha sido relacionado con el sonado caso de corrupción “Diamante”, que involucra al alcalde de San José, Costa Rica, Johnny Araya, quien está siendo investigado por las autoridades costarricenses por supuestos sobornos a cambio de obras públicas.

El tercer candidato es el ex diputado y banquero Yani Rosenthal, quien en 2017 fue acusado y sentenciado a tres años de cárcel en Estados Unidos por participar en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita (lavado de dinero del narcotráfico). Se entregó voluntariamente y fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Regresó a Honduras a mediados de 2020.

Tanto las investigaciones realizadas por los fiscales estadounidenses como los Pandora Papers revelaron la conexión que existía entre la familia Rosenthal, una de las más ricas de la región, y varias sociedades offshore que habrían sido usadas para lavar dinero.

Programas y propuestas

Si en su plan de gobierno, Xiomara Castro señala la necesidad de reconstruir la democracia quebrantada por el golpe de 2009 y refundar el país a través de una Asamblea Constituyente que “reúna a todos los sectores para convenir las bases legales de su convivencia futura en un nuevo orden consensuado”, enrumbando la nación hacia la construcción de un estado socialista democrático, tanto Asfura como Rosenthal proponen las mismas desgastadas recetas neoliberales que han llevado Honduras a ubicarse entre los países más pobres y desiguales del continente.

“Xiomara propone un gobierno de reconciliación nacional que agregue a todos los sectores de la oposición. Un gobierno que tiene el objetivo de superar estos años tan nefastos que han profundizado el modelo neoliberal, privatizando servicios, concesionando territorios, entregando bienes comunes, expandiendo el extractivismo, poniendo en venta la soberanía nacional”, dijo Gilberto Ríos, candidato a diputado por Libre.

El dirigente social explicó que el plan de gobierno de Libre propone pasar de un Estado profundamente oligárquico a uno socialista democrático. Entre muchos otros puntos se pretende derogar todas aquellas leyes y reformas aprobadas por la dictadura, que perjudican profundamente los intereses y derechos de la inmensa mayoría de la población hondureña.

Estamos hablando, entre otras, de la Ley de Empleo por Hora que profundiza la precarización laboral y anula los derechos de las y los trabajadores, la Ley de Secretos que no permite la auditoría pública a los fondos del Estado, así como la Ley de Escuchas que permite espiar a la oposición política y la Ley Orgánica de las ZEDE que violenta la soberanía nacional. También se espera revertir las reformas aportadas al Código Penal que criminalizan la protesta y movilización social.

“Va a ser un gobierno más redistributivo, de obras y proyectos sociales, que defiende los derechos humanos, consecuente con las necesidades y la seguridad de la población. En este sentido – aclaró Ríos – nos diferenciamos de los demás candidatos y partidos políticos porque son abiertamente neoliberales y representan los intereses de la oligarquía hondureña, del capital transnacional y el viejo bipartidismo. De eso se trata: derrotar al bipartidismo tradicional y al neoliberalismo”.

¿Cómo está Honduras?

El país centroamericano llega a estas elecciones en condiciones difíciles, para usar un eufemismo.

Actualmente Honduras se ubica entre los países más desiguales de América Latina, con un 62 por ciento de la población hundida en la pobreza y casi el 40 por ciento en la pobreza extrema (EPHPM 2020). Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE 2021), retirado de la página web de la institución doce horas después de su publicación, en julio de 2021 la pobreza había alcanzado el 73.6% de la población.

Un aumento que también es el resultado de la decepcionante gestión gubernamental ante los impactos de la pandemia de Covid-19 y los dos huracanes que embistieron al país el año pasado.

Según cifras de la Unidad técnica de seguridad alimentaria y nutricional (Utsan), son 1.3 millones las y los hondureños que enfrentan inseguridad alimentaria y casi 350 mil las personas en “situación crítica”. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha alcanzado el 10% de la población económicamente activa (PEA), quizás la más alta de la región latinoamericana. Son al menos 4 millones los hondureños con problemas de empleo y más de 700 mil los trabajadores desahuciados.

Ante este escenario, hay miles de familias que han encontrado como única opción la migración irregular, la inmensa mayoría de las cuales están siendo retenidas en las fronteras. Es el retrato de una de las tragedias más profundas de los últimos 40 años.

“En los últimos diez años Honduras ha tenido un franco deterioro, no sólo en el estado de derecho en general, en la institucionalidad democrática, en el acceso de la población a los servicios básicos y en la lucha contra la pobreza, sino también en lo socio-económico. Cuando uno mira todos estos indicadores, se da cuenta que más que de Estado fallido debemos hablar de Estado fallecido”, dijo Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

Actualmente la deuda pública de Honduras ha superado el 70% del PIB: El crecimiento económico del país se concentra fundamentalmente en tres sectores: financiero, energía y telecomunicaciones.

“Son sectores que no producen desarrollo, ni generan redistribución, más bien producen más acaparamiento. Además, tenemos a un ejército de más de 250 mil empleados públicos que absorben casi el 50% del presupuesto, mientras hay una preocupante caída de las recaudaciones. La situación es insostenible y va a representar una carga muy pesada para quien gane las elecciones”, explicó Zepeda.

Durante años, el Partido Nacional ha mantenido a un personal supernumerario, integrado principalmente por activistas partidarios. Prácticamente se ha utilizado al Estado como un gran botín para emplear a sus dirigentes políticos y crear sus redes clientelares para mantenerse en el poder.

Reingeniería estatal

Para el economista del Fosdeh es necesaria una reingeniería inmediata del gobierno, una reconversión del sistema productivo, un pacto fiscal para dinamizar la economía y la búsqueda de una progresividad en los impuestos. Asimismo, es imperioso garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, impulsando a la par una estrategia de desendeudamiento interno y externo.

Finalmente, la generación de empleos dignos, la creación de programas que eviten la profundización de la pobreza, una gestión más equitativa y políticas redistributivas para reducir la desigualdad social, son otros de los elementos torales que el nuevo gobierno deberá implementar.

“Cuando un país está sumido en una multicrisis y está fuertemente deteriorado es fácil, por así decirlo, para un candidato hacer promesas. Lo más importante, entonces, no es tanto lo que se ofrece, sino el modo en que se van haciendo las cosas”, concluyó Zepeda.

Precarización laboral

El golpe de estado de 2009 en Honduras no sólo quebrantó la institucionalidad y afianzó la oligarquía y los grupos de poder, sino que permitió a los gobiernos continuadores del golpe profundizar el modelo neoliberal extractivista, incentivando el saqueo de territorios y bienes comunes y desregularizando, cada vez más, el mercado laboral.

Para Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), los impactos de estas políticas sobre los derechos laborales y sindicales han sido devastadores para la inmensa mayoría de la población.

“Ha habido una creciente desregularización del trabajo, unido a la profundización de la flexibilización y precarización laboral. Una de las leyes más nefastas ha sido sin duda la Ley de Empleo por Hora: se han perdido derechos y se han precarizado empleos permanentes”, dijo Almendares.

“También hubo empresas o instituciones que simplemente cambiaron de denominación o razón social y acabaron con los sindicatos. Otras crearon sindicatos paralelos para contrarrestar un verdadero proceso de organización”, añadió.

Retrocesos

Todas estas medidas anti obreras han impactado negativamente en la salvaguarda de derechos.

“Hay claros retrocesos en el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva. Los programas para generar empleo han sido una burla y se hicieron a la medida de los intereses de las grandes transnacionales. Definitivamente Juan Orlando Hernández ha sido un verdadero caos para el sector laboral y sindical”, sentenció el secretario general de la CUTH.

Otro factor que contribuyó a profundizar la crisis ha sido el comportamiento de las autoridades del trabajo.

“Escudándose en la necesidad de generar empleo y un supuesto desarrollo, se han parcializado y han venido protegiendo de manera sistemática los intereses del gran capital nacional y transnacional. Lo han hecho a costa de los derechos de trabajadores y trabajadoras, abandonándolos y permitiendo la violación de sus derechos. No los han tutelado, más bien han sido sus verdugos”, lamentó.

Ante esta situación, la CUTH hizo entrega a la candidata de Libre de la propuesta política del sector sindical donde, entre otros puntos, se pide la derogación inmediata de las leyes ya mencionadas más arriba, poner un alto a la tercerización y precarización laboral, garantizar el respeto del Estatuto del Docente y de los convenios de la OIT[1].

El cáncer de la corrupción

El pasado 17 de noviembre, se estrenó en una sala de cine en Tegucigalpa el largometraje “Al borde de las sombras” (pueden verlo aquí), un documental que refleja entramados de corrupción, impunidad, despojo territorial y violencia que vive el pueblo hondureño, obligado a enfrentarse a planes perversos que operan desde las sombras.

Luís Méndez, miembro del colectivo ‘La Cofradía’ que realizó el documental, explicó que el objetivo de la obra es justamente mostrar a la ciudadanía como están conformadas y como se articulan las redes de corrupción, que involucran de manera transversal políticos, funcionarios públicos, grupos económicos nacionales y transnacionales.

El documental aborda cuatro ámbitos que son cruciales: el saqueo al Seguro Social y la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, el despojo de territorios y bienes comunes, la cooptación del sistema de justicia y su colusión con la corrupción, el crimen organizado y la criminalización de la protesta. El cuarto ámbito tiene que ver con el concepto de democracia en un contexto colapsado como es el hondureño.

A través de personajes claves y expertos, y con la participación del actual titular de la Unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, para atar cabos, la obra le mueve el piso y sacude la conciencia de la gente, evidenciando como Honduras está controlada por una red criminal que ha gobernado desde el golpe de 2009, y se ha enquistado en el aparato estatal.

“El documental provoca decepción, enojo y rabia, pero también deja la sensación de que no estamos vencidos, de que es posible luchar, como lo hacen muchas organizaciones y personas desde los territorios y las ciudades.

En medio de tanta violencia de Estado, en medio de un Estado capturado – continuó Méndez – hay resistencia y lucha. Como decía Berta, los pueblos saben hacer justicia y lo hacen a partir de su trayectoria, de su resistencia, de su lucha para emanciparse”.

¡Basta ya!

Faltando pocos días a la cita electoral, la Convergencia contra el Continuismo, espacio que integran varias organizaciones y personalidades, se pronunció públicamente y recordó que estas elecciones “se realizan en un contexto de narco-dictadura, cuyos constructores llegaron al control del Estado por la vía violenta e inconstitucional y no están en la disposición de entregar el poder por la vía política democrática”.

En tal sentido, la Convergencia ratificó su repudio “a la mafia que lidera Juan Orlando Hernández” y alertó ante la posibilidad que, ante una inminente derrota, “orqueste un nuevo y violento fraude electoral a partir de la manipulación del proceso de votaciones y conteo de los votos”.

Finalmente, hizo un vehemente llamado al pueblo hondureño para que “se movilice masivamente a las urnas” y defienda su voto “de esas maquinaciones antidemocráticas”.

Asimismo, lo instó a castigar con el voto “al grupo delincuencial que ha secuestrado al Estado” y a votar por aquellas candidaturas “que han dado firmes muestras de estar en contra de la narco-dictadura, de luchar contra la corrupción y por la defensa de la soberanía nacional”.

Violencia contra personas defensoras

Diferentes informes a nivel internacional, entre otros "Última línea de defensa" publicado este año por la organización británica Global Witness, señalan a Honduras como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.

Los casos emblemáticos del asesinato de Berta Cáceres, la desaparición de los activistas garífunas de Triunfo de la Cruz y el encarcelamiento ilegal de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, son un claro ejemplo de lo que está pasando en el país.
 
El uso y abuso del sistema de justicia y la colusión del Estado con empresas extractivistas son dos de los elementos que caracterizan la violación sistemática de derechos humanos en Honduras.

Según Global Witness, en 2020 al menos 129 personas garífunas e indígenas sufrieron ataques por oponerse a proyectos extractivos y son 153 las y los defensores asesinados en la última década. Además, el Centro de información sobre empresas y derechos humanos (Ciedh) señala a Honduras como el país con más acoso judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos.

Dramática también es la situación de las mujeres y las personas LGBTI.

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señala que, en los primeros cinco meses del año, el Ministerio Público registró un total de 1.423 denuncias por delitos sexuales (9,5 al día). De estas, 1.238 fueron agresiones contra mujeres (8,1 al día) y el 63,4 por ciento (785) fueron contra menores de edad. Estos datos ratifican que en Honduras cada 3 horas agreden sexualmente a una mujer o una niña.

En los últimos diez años, en Honduras han sido asesinadas 4.707 mujeres. Son 710 las que perdieron la vida en los últimos dos años (2019-2020) y 301 las víctimas de femicidio hasta el 15 de noviembre de este año. La impunidad es prácticamente absoluta.

Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, en poco más de 12 años han sido asesinadas 390 personas LGBTI, 17 en lo que va del año. El 91 por ciento de los casos queda en total olvido e impunidad. Solamente el 9 por ciento logra una sentencia condenatoria.

En meses pasados, un nutrido y representativo grupo de organizaciones de mujeres y feministas realizó un conversatorio con Xiomara Castro, para exponer sus demandas y propuestas. La actividad desembocó en la firma de un ‘pacto de Estado’, cuyo contenido se iniciará a implementar en caso de ser electa primera presidenta de Honduras.

De igual manera, en su plan de gobierno, la candidata de la alianza opositora se comprometió a implementar políticas públicas que salvaguarden la existencia y garanticen el acceso a los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI (p.64).

Votar en contra de la dictadura

El Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh) sumó su voz “en momentos de la batalla por la sobrevivencia frente a la máxima expresión de despojo, miedo y violencia de la historia de nuestro país dados por la instauración de un gobierno de facto y autoritario”.

Si bien en las urnas no cambiará Honduras – explica el comunicado del Copinh – votar en contra de la dictadura que nos gobierna será un paso. El pueblo hondureño, en su mayoría, dará un voto de rechazo frente a los padeceres acumulados.

La organización cofundada por Berta Cáceres alertó a la población que “las condiciones del fraude están instaladas” y expresó que como ciudadanía “nos preparamos para rechazar el fraude electoral desde las expresiones populares”.

Finalmente, el Copinh urgió la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular y Democrática “que dé pie a la reconstrucción de nuestro país asumiendo las demandas históricas de las comunidades indígenas, negras, campesinas, de las mujeres, las comunidades migrantes, a los trabajadores y trabajadoras, comunidad LGBTI, sectores eclesiales de base, entre otros, para derogar toda legislación que exponga a los pueblos a la entrega de sus territorios y a la violación de derechos”.

“Llamamos a los pueblos – concluye el comunicado – a activar los procesos organizativos, de articulación y debate para lograr el sueño urgente de Berta Cáceres de refundar Honduras. El pueblo de Honduras necesita de un gobierno de interés popular que haga frente a los sectores económicos que se han enriquecido indebidamente en estos 12 años de golpes a los pueblos indígenas, negros y campesinos y a la mayor parte de la población”.

El reto de acabar con el neoliberalismo

Sin lugar a duda, las elecciones del próximo domingo representan una pieza muy importante en el tablero político y social hondureño.

“La ciudadanía tiene un enorme deseo de cambio. Quiere tener una alternativa a lo que le ha tocado vivir en estos años. Tiene la expectativa de que se empiece un proceso de recuperación de derechos perdidos. Quiere tener oportunidades, que se respeten los territorios, la soberanía nacional”, explicó el sociólogo y analista político Eugenio Sosa.

“Honduras se encuentra entonces en una encrucijada. Debe escoger entre el continuismo de un régimen y un modelo fracasado y el inicio de un proceso de apertura y cambio”, añadió el analista.

¿Respetará el régimen una eventual derrota o buscará, como en el 2017, una manera ilegal para retener el poder?, se pregunta Sosa.

“La gente no ha olvidado lo que pasó hace cuatro años. Hay mucha incertidumbre alrededor de lo que será el desempeño de las autoridades electorales, el conteo de votos, la transmisión de resultados, la identificación del personal de mesa para evitar la compra de credenciales.

Al mismo tiempo hay una determinación nunca antes vista y Xiomara (Castro) ha sabido rescatar y arrastrar el consenso de amplios y diversos sectores de la sociedad hondureña”, concluyó.

Notas

[1] Convenios sobre libertad sindical, negociación colectiva, relaciones de trabajo en la administración pública, trabajadoras y los trabajadores domésticos, violencia y acoso en el mundo del trabajo, consulta previa, libre e informada