¿Cuán complejo resultó el primer año de gobierno de Xiomara Castro en Honduras?

 

Por Danay Galletti Hernández, Sputnik.

El 27 de enero se cumple un año de la asunción de Xiomara Castro de Zelaya, luego de haber sido elegida presidenta por los hondureños que confiaron en la candidata de Libertad y Refundación (Libre) y en su promesa para enfrentar la profunda crisis económica, desigualdad, violencia y corrupción, acentuadas durante los gobiernos del Partido Nacional.

La primera mujer presidenta en la historia del país centroamericano debió enfrentar una larga lista de problemáticas, la aguda crisis migratoria, incremento ostensible de la deuda externa y la pobreza, saqueo de recursos, narcotráfico y profundización del modelo neoliberal.

Xiomara heredó una nación "totalmente ocupada por los actores del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, en el Ejecutivo durante 13 años, con el apoyo de los grandes grupos de poderes fácticos que ejercen el control sobre Honduras", dijo a Sputnik Giorgio Trucci, periodista y analista político italiano radicado en Centroamérica.

Esos sectores, a su juicio, "estaban enquistados en todas las instituciones". Por ello los primeros meses de mandato fueron muy complejos debido a la estrategia diseñada por el Partido Nacional, las esferas de dominio económico y el propio expresidente Juan Orlando Hernández "para hacerle la vida imposible a este Gobierno", aseguró Trucci.

Reconstrucción de Honduras

Xiomara Castro defendió la materialización de su lema de campaña: la refundación de Honduras. Impulsó, entre otras iniciativas, el subsidio estatal del costo de la energía y el combustible, frente al alza de esos sectores como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Derogó "leyes nefastas", implementadas por las administraciones anteriores, en beneficio de las trasnacionales y promotoras del establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y la privatización de enormes territorios, así como la Ley de empleo por horas, que precarizaba el trabajo, puntualizó Trucci.

También anuló la Ley de Secreto de 2014, usada para ocultar "acciones y medidas asumidas durante la presidencia de Juan Orlando Hernández", quien fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. La supresión de esas disposiciones era una de las demandas más fuertes de los votantes.

En paralelo comenzaron las labores para la recuperación de empresas estatales, asociadas a la energía y telecomunicaciones, "saqueadas y usadas como caja chica en el manejo sucio del dinero público", aseguró el analista.

"En un territorio donde los servicios públicos están totalmente privatizados", comenzó la tarea de restauración, remodelación y recuperación, explicó Trucci. Además, desarrollaron varios programas sociales a favor de la mujer, producción agrícola y los sectores pobres. "Sabíamos que su primer año de Gobierno sería bastante complicado".

Cumplimiento de promesas electorales

Para Jorge Capelán, analista político uruguayo radicado en Nicaragua, Xiomara Castro puso en práctica desde el inicio varias de sus promesas electorales, como la política de energía gratuita para familias pobres que consumen menos de 150 kilovatios mensuales.

A ello se suma la instalación de una Comisión Anticorrupción y la firma de un memorando de entendimiento con la ONU para ese fin, así como las iniciativas para la reducción de los intereses de la banca, el fomento de la agroforestación y el turismo, todavía pendientes de cumplimiento.

"El Partido Libre enfrenta una larga lista de desafíos para materializar su ambicioso y detallado plan de Gobierno, pero en medio de todo esto Honduras sufre una alta tasa de criminalidad, con elevados índices de extorsión, una de las mayores tasas de homicidios y femicidios en América Latina y un historial de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos", argumentó a Sputnik.

El analista considera que el Gobierno de Xiomara Castro sufre las repetidas presiones de EEUU en su intento por mediatizar la implementación del programa político de Libre y encauzarlo hacia los objetivos de Washington en la región.

"Por ejemplo, en el último año, la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, ha visitado Honduras en tres ocasiones y la embajadora estadounidense en Tegucigalpa es Laura Dogu, arquitecta de la derrotada 'revolución de colores', implementada en 2018 con el fin de derrocar al Gobierno sandinista de Managua", aseveró.

Inseguridad y estado de excepción

Con el fin de reducir la violencia y el crímen, el 6 de diciembre entró en vigor el estado de excepción en Honduras, con vigencia hasta el 20 de febrero próximo, en 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula. Suspende, en la práctica, la libertad de circulación, derecho de asociación y reunión, e inviolabilidad del domicilio, con lo cual "otorga a fuerzas de carácter militar roles de seguridad interna", explicó Capelán.

Para el analista la agresiva política de "mano dura" contra las maras implementada por el Gobierno de El Salvador provoca que esas organizaciones criminales expandan su radio de acción a los demás países de la región, que no cuentan con un marco común en el enfrentamiento de este fenómeno.

"A pesar de todas las críticas que se le hacen, políticas similares implementadas por Bukele en El Salvador, han contado con el apoyo de sectores de la población que ven con buenos ojos el librarse de la constante violencia de estos grupos, que amenazan las actividades económicas y la libre circulación de las personas", expresó.

Capelán advirtió también que no existen demasiadas razones para creer que las fuerzas policiales y armadas de Honduras cambiaron su carácter represivo y corrupto solo por la llegada al poder de un partido de izquierda, al tiempo que en zonas donde los campesinos e indígenas luchan contra las transnacionales, como en el Aguán, continúan los asesinatos de activistas sociales.La presidenta de Honduras declara emergencia nacional por inseguridad

"El control de las actividades de las maras puede reducir el miedo de las personas, la amenaza constante y la obligatoriedad de emigrar, pero las razones del éxodo de miles de hondureños son mucho más multifacéticas", concluyó.

A su juicio, el Gobierno de Xiomara Castro está en una situación difícil, en medio de los acuciantes problemas de la herencia de los gobiernos neoliberales, los poderes fácticos corruptos y las presiones de Washington para que "algo cambie sin cambiar nada".

Giorgio Trucci considera que a diferencia de la política asumida por el vecino Bukele, Xiomara Castro da una respuesta concreta y dura a las demandas de estabilidad, seguridad y tranquilidad, y trata de hacerlo con una atención particular a los derechos humanos.

La inconformidad y desconfianza de algunas esferas y organizaciones con esa disposición del Gobierno radican en que en el pasado las Fuerzas Armadas y la Policía eran "los principales represores de las personas" y ahora no creen que ellos estén al lado de los sectores sociales, pues no ha transcurrido tiempo suficiente para formarlos y capacitarlos.

No obstante, Trucci manifestó que la política funcionará por etapas, con una revisión sistemática de sus efectos y las modificaciones necesarias; sin embargo, la inseguridad es un tema que "no podía aplazarse porque toca la vida de millones de hondureños".

Honduras: Gobierno de Xiomara Castro, avanzando por un camino minado

Cinco meses con ojos puestos en la refundación de Honduras y cuidándose las espaldas 

Por Giorgio Trucchi, TerceraInformacion.es

El 27 de enero, Xiomara Castro asumió el cargo de presidenta de Honduras. Un discurso vibrante el suyo, donde dejó en claro que iba a recibir un país en bancarrota, saqueado, con una deuda que suma más de 20 mil millones de dólares, y con una estructura clientelar prácticamente intacta de corrupción e impunidad, que en los últimos 12 años ha venido copando espacios públicos y privados.

Un pueblo devastado por la pobreza – casi el 74% de la población y con el 50% en miseria absoluta – y la desesperanza. Una cantidad creciente de personas con la mirada puesta hacia el norte, no tanto atraídas por el “sueño americano”, sino huyendo de la miseria, la violencia y la falta de oportunidades.

Un pueblo que, a pesar de todo, decidió salir masivamente a votar en noviembre del año pasado para castigar a los continuadores del golpe, a los carniceros de cuello blanco, a los ladrones y corruptos que pusieron en venta el país, sus mejores tierras, los bienes comunes, la soberanía y la dignidad misma de nación.

Un voto también por el cambio, por la esperanza de que una Honduras diferente aún es posible. Un voto para la mujer que se fajó en las calles, junto a su pueblo, contra la ruptura del orden constitucional, el derrumbe de la democracia, contra balas y toletes, militares y policías, denunciando detenciones ilegales, represión física y psicológica, desapariciones, torturas y asesinatos.

Muy altas las expectativas de un pueblo herido, desilusionado de la política y los políticos tradicionales. Nutridas las promesas de Xiomara Castro.

En mayo, casi cuatro meses después de asumir el cargo, la presidenta hizo una primera evaluación de las cosas hechas, de las dificultades enfrentadas, de los retos y desafíos futuros.

“Con responsabilidad he asumido el reto de dirigir Honduras, un país sometido por una narcodictadura violenta y corrupta, que entregó todo el control del Estado a la oligarquía, a cambio de su silencio cómplice, frente al desmantelamiento de nuestra patria”, dijo la presidenta en cadena nacional.

“Nos anticipamos a las fuerzas más oscuras y a los sectores más conservadores y extremistas de Honduras, que pretendieron asestarnos un golpe tempranero tomando el control del Congreso, pero fracasaron gracias a la movilización popular que me acompañó a defender lo que ganamos abrumadoramente en las urnas”, agregó.

El llamado a la unidad como elemento fundamental e imprescindible para hacerle frente a la ofensiva de los sectores más retrógrados y reaccionarios de la sociedad hondureña e impulsar la refundación del país, ha caracterizado la acción política del nuevo gobierno, en especial de la mandataria.

Pese a las diferencias y conflictos que existen dentro del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), la bancada parlamentaria de la primera fuerza política del país parece haber encontrado cierta estabilidad.

De hecho, este 14 de junio, diputados y diputadas se reunieron con la presidenta Xiomara Castro y con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, para reafirmar que la unidad colectiva y partidaria es la misma que se forjó durante la lucha de resistencia contra el golpe de 2009.

Asimismo, aclararon que en el Congreso no existe una bancada independiente dentro de la bancada de Libre – como ventilaron algunos medios de comunicación – y reafirmaron su total e incondicional respaldo al gobierno presidido por Castro.

Unidad interna y alianzas parlamentarias permitieron avanzar en el cumplimiento de algunas de las promesas electorales.

Desmontando la dictadura

Se aprobó la Ley de Amnistía[1], facilitando la excarcelación de presos políticos y el regreso al país de decenas de exiliados, se condenó de manera oficial el cruento golpe de 2009, y se reconoció la responsabilidad del Estado en casos emblemáticos como los asesinatos de Vicky Hernández[2] (2009) y Herminio Deras[3] (1983), iniciando un proceso de reparación para las víctimas.

Para el Comité de familiares de detenidos desaparecidos en Honduras (Cofadeh), las nuevas autoridades están demostrando a la sociedad hondureña y la comunidad internacional la voluntad política para generar un cambio estructural en el abordaje del tema de los derechos humanos y la memoria.

También se creó la Secretaría de la Mujer y se está avanzando para la aprobación consensuada con las organizaciones de mujeres y feministas de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Asimismo, se derogó la Ley de Empleo por Hora, que durante ocho años ha profundizado la desregulación del mercado del trabajo, institucionalizando la precarización laboral, promoviendo nuevas formas de acumulación capitalista y generando un cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones obrero-patronales[4].

De igual forma se derogaron todas las normas y reformas constitucionales relacionadas con las cuestionadas Zonas de empleo y desarrollo económico (Zede) y su ley orgánica[5], así como la polémica Ley de Secretos Oficiales.

Se reformó y se aumentó en más de 2 mil millones de dólares el presupuesto general, privilegiando la inversión en gasto social, en especial salud, educación y programas de compensación social, y la generación de puestos de trabajo.

Se impulsó la liquidación gradual de los contratos de fideicomiso y las alianzas público-privadas, usadas por los gobiernos continuadores del golpe como herramientas jurídicas para privatizar las finanzas públicas, en el marco de negocios oscuros que lesionaron severamente los intereses del Estado hondureño.

En este sentido, ya se solicitó al Congreso un nuevo decreto que permita la cancelación de fideicomisos y que reintegre los fondos a las arcas del Estado, al tiempo que se comenzó a suprimir “las capas de administración pública inoperantes que sirvieron al manejo oscuro de la cosa pública”, detalló la presidenta.

Para enfrentar la grave crisis económica, el gobierno de Xiomara Castro inició un programa de subsidio de los combustibles y de la energía eléctrica, beneficiando a 1.3 millones de familias. También se dio a la tarea, para nada fácil, de rescatar la empresa pública de energía (ENEE), sometida durante más de doce años a un despiadado saqueo, y se aprobó una nueva ley que reconoce la energía eléctrica como bien público de seguridad nacional y un derecho humano.

También se autorizó al Banco nacional de desarrollo agrícola (Banadesa) a colocar 40 millones de dólares en créditos para unos 7500 pequeños productores agrícolas a tasas reducidas de interés. Vale la pena recordar que Banadesa estuvo a punto de ser liquidado por el régimen de Juan Orlando Hernández por su elevada mora.

Finalmente, se creó la Secretaría de transparencia y lucha contra la corrupción, se inició el diálogo con Naciones Unidas para la instalación de una Comisión internacional contra la impunidad en Honduras (CICIH), una de las más sentidas demandas del pueblo hondureño, se otorgaron amplias facultades y autonomías a la Unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (UFERCO) y se creó en el Congreso Nacional una Comisión Anticorrupción.

Varias fueron también las medidas tomadas en materia de salud, educación y defensa del medio ambiente, como la creación de “batallones verdes” para la defensa de las reservas forestales y el combate a la tala ilegal de bosques.

“Es como caminar por un camino minado, pero avanzamos. Este modelo privatizador y de acumulación de riqueza más despiadada vive su fase más salvaje que lo destruye todo. Son capaces de hacer lo que tengan que hacer para asegurar sus ganancias.

He recibido un país en ruina y estoy construyendo la base del desarrollo humano, el respeto al medio ambiente y la justicia. El futuro es nuestro, nada es inmutable, la historia la hacen los pueblos, en dialéctica y siempre tiende hacia la liberación de lo más postergado”, sentenció la presidenta Castro.

“El nuevo gobierno se encontró a una Estado totalmente desnaturalizado, es decir que no cumple con sus funciones sociales a favor de la población, sino que se ha convertido en una maquinaria para enriquecer aún más a las clases dominantes.

Estamos hablando de la nueva oligarquía nacional, vinculada principalmente al capital transnacional colombiano, israelí y estadounidense, y a sectores de la política tradicional corrupta”, explicó Gilberto Ríos Munguía, analista político y dirigente de Libre.

“La corrupción está estrictamente vinculada al sistema y modelo capitalista. Se estima que por la corrupción se pierden, cada año, algo como 3 mil millones de dólares, es decir casi el 33% del presupuesto general”, añadió.

“Combatir este estado de cosas es imprescindible, aunque nos lleve en rota de colisión con la oligarquía y el gran capital. El gobierno, solo, no va a poder. Necesita de todo el apoyo posible”, advirtió Ríos Munguía.

Muchas expectativas

“Las expectativas en la población son muy grandes y las respuestas hasta el momento se han enfocado en desmontar el sistema que dejó el régimen de Juan Orlando Hernández, en borrar el anclaje de la dictadura”, dijo el catedrático Eugenio Sosa.

“Además de varias leyes que fueron derogadas, se va a intervenir para renegociar los contratos con las empresas térmicas o generadoras de energía, que aprovecharon de la red de corrupción pública después del golpe de 2009. Esto va en la lógica de desmontar el aparato de la dictadura”, agregó.

Sin embargo, asegura el también director del Instituto nacional de estadística (Ine), la expectativa más grande está en lo que se va a hacer para enfrentar y resolver los grandes problemas del país, en especial dar respuesta a la demanda urgente de empleos dignos y enfrentar la inseguridad y la violencia.

“La gente se encuentra entre la desesperación por la situación económica y social y la esperanza política de que va a haber un cambio real. Se percibe que sigue dándole el respaldo a la presidenta, con la expectativa de que, una vez enfrentada la fase más difícil, pueda dar señales más fuertes, más contundentes”.

“La realidad – continuó Sosa – es que Xiomara (Castro) ganó la presidencia, pero la oligarquía sigue teniendo el poder y está lista para querer imponer límites al gobierno, si tan sólo trata de quitarle privilegios. Lo hemos visto en los días pasados cuando se tocó el tema energético”.

Para Sosa, los próximos meses serán cruciales.

“Se viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General. Se necesita una mayoría calificada de los dos tercios de los diputados, y no va a ser fácil convencer a los miembros de los partidos tradicionales. Tampoco hay votos seguros para promover consultas populares”.

Además, hay hilos, mecanismos y actores del antiguo régimen que todavía están vivos y activos, trabajando para boicotear cualquier intento de promover verdaderos cambios estructurales.

“Pareciera que radicalizar y profundizar el cambio en este momento aún no es posible. Todavía estamos amarrados y no tenemos la fuerza política para hacerlo.

En este sentido – continuó Sosa – será clave hacer una reingeniería del aparato administrativo estatal y tomar el control de las instituciones, donde la mayoría de cuadros intermedios todavía responde a los intereses del antiguo régimen”.

“Los ministerios están copados de gente joven, de personas que vienen de la lucha contra el golpe y contra el régimen de Juan Orlando (Hernández). En la medida que este gobierno logre afianzarse, podrá mostrar su verdadero rostro y su capacidad operativa”, explicó Ríos Munguía.

Aciertos y desafíos

El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) hizo público el documento “Cuatro meses de gestión: aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro”, donde se da una primera valoración centrada en temas torales como, por ejemplo, estado de derecho y derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción, justicia ambiental.

Cespad valoró como positivo el esfuerzo del nuevo gobierno por modificar las prioridades nacionales, fortaleciendo el rol del Estado en el desarrollo nacional, revirtiendo la privatización de los bienes públicos y recuperando el gasto social.

Al mismo tiempo, mostró preocupación por el alto nivel de la deuda pública y del gasto militar, así como por “los débiles signos hacia la desmilitarización del Estado y la sociedad”.

El informe evidenció “avances notables en el área de anticorrupción y transparencia”, así como en la “gestión territorial y ambiental”. Sin embargo, señala también la necesidad de impulsar rápidamente “acciones políticas estratégicas, encaminadas a desmontar la política extractivista del despojo del territorio y la política agraria de concentración de la tierra”.

En cuanto a derechos de las mujeres, Cespad insta a las nuevas autoridades a establecer “una ruta estratégica para ir convirtiendo en políticas públicas y acciones afirmativas las demandas históricas de las mujeres”.

Entre los grandes desafíos de la nueva administración Castro, el informe destaca la renegociación de la deuda pública y la reducción del gasto militar, más recursos para la inversión pública y para enfrentar las grandes problemáticas que atañen los sectores históricamente excluidos de la sociedad hondureña.

Asimismo, avanzar en la transformación, democratización y desmilitarización del Estado y la sociedad, realizar una reforma agraria con enfoque de género, proceder con el desmontaje de la normativa y del modelo extractivista y avanzar en el establecimiento de un sistema de justicia independiente, entre otros puntos.

Poder popular

Según Ríos Munguía, para el gobierno es fundamental trabajar tres ejes estratégicos: el fortalecimiento del partido y su estructura a nivel nacional, mantener alianza multipartidista hasta donde sea posible y fortalecer la relación, colaboración e intercambio con el movimiento social y popular”.

En diciembre del año pasado, previo a la toma de posesión de Xiomara Castro, la Comisión de Transición instaló varias mesas donde diferentes sectores de la sociedad hondureña presentaron sus demandas[6].

En especial, la Comisión de Transición para movimientos sociales abarcó tres ejes: soberanía nacional, acceso a la tierra indígena y campesinas, asentamientos humanos; extractivismo, defensa del agua, ambiente, bienestar animal y autonomía; institucionalidad pública del ambiente, tierra y territorio

De estos encuentros se sistematizaron 33 propuestas y se pasó a la fase sucesiva, es decir la búsqueda de las herramientas legales y fondos para soportar dichas propuestas.

A mediados de mayo pasado, se realizó el Encuentro nacional del poder popular para la refundación, donde decenas de activistas y organizaciones se reunieron con el objetivo de avanzar, desde la autonomía de los movimientos sociales, hacia la refundación de la sociedad, mediante la construcción de propuestas para ser implementadas por el nuevo gobierno.

“No va a poder haber cambios sin el apoyo popular. Me inclino por una fuerte alianza y unidad del movimiento social y popular con el gobierno, en plena autonomía y basado en propuestas programáticas”, manifestó Sosa.

(continúa)

[1] http://www.rel-uita.org/honduras/amnistia-justicia-y-reconciliacion/

[2] http://www.rel-uita.org/honduras/estado-se-responsabiliza-por-el-asesinato-de-vicky-hernandez/

[3] http://www.rel-uita.org/honduras/una-rendija-de-luz-en-un-mar-de-oscuridad/

[4] https://www.pressenza.com/es/2022/05/honduras-deroga-ley-de-empleo-por-hora/

[5] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2022/04/honduras-derogaron-las-zede.html

[6] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2022/01/honduras-es-un-volcan.html

Honduras: La dictadura que no acaba de morir…

 

Por Gilberto Ríos Munguía, El Pulso.

Desde el 27 de enero de 2022 asumió en Honduras el primer gobierno Socialista Democrático de su historia, dirigido por una mujer Iris Xiomara Castro Sarmiento, respaldada en las urnas electorales el pasado 28 de noviembre por más de 1,7 millones de hondureños y hondureñas, en unas elecciones en las que participaron más del 68% de la población habilitada para votar. El mensaje del pueblo es claro hacia la Unidad Opositora, al Partido Libertad y Refundación y a la historia: es preciso acabar con la narco dictadura del Partido Nacional y su cogobierno con el Partido Liberal.

En el mes de diciembre y las primeras semanas de enero la alegría continuaba desbordando a la gran mayoría de la población; El contundente triunfo electoral a nivel presidencial, tuvo –entre otras- un par de réplicas muy importantes; el triunfo de las alcaldías más grandes del país, la del Municipio del Distrito Central la capital política, y la de San Pedro Sula la capital industrial. A eso se sumaba el crecimiento en el poder legislativo que de 30 diputados electos en la anterior contienda, ahora sumaban 50, obteniendo un crecimiento de más del 60% de representación partidaria en el hemiciclo.

No obstante, lo que para la mayoría era un momento de alegría, para otro sector era momento de negociaciones oscuras, cálculos políticos y financieros. La traición de 18 diputados y diputadas de la bancada de Libertad y Refundación se fraguó con los diputados de la narco dictadura, como un acto político de la oligarquía; se debía frenar la posibilidad de que la oposición controlara un segundo poder del Estado, también debían frenar la euforia de las masas. Los textos, audios, fotos y vídeos que circularon inmediatamente por las redes, más las pesquisas realizadas por el partido, terminaron de armar el cuadro.

El zarpazo deja una gran herida en la dirigencia nacional, el enorme esfuerzo de organización electoral se realizó en medio de una grave crisis económica y enfrentando una pandemia. La democracia estuvo amenazada y atacada por muchos flancos. Fue una transición democrática pero en medio de una enorme tensión, sobre todo cuando se recordaban las experiencias de 2009, 2013 y 2017, que cobraron muchas vidas y sacrificios. El odio popular se hizo sentir en las redes sociales y también en las calles. Ningún dirigente del partido hizo una convocatoria, las acciones contra los diputados y diputadas que habían traicionado al pueblo, surgieron espontáneamente; siendo incluso más fuertes de los mismos dirigentes que habían trabajado de forma directa con los candidatos traidores.

Sus declaraciones públicas evidencian la construcción de débiles argumentos; su caída en la popularidad –medida por varias empresas durante la semana de mayor conflicto- demostró que no pudieron engañar a la población. De manera muy oportuna, aún como candidata electa, a dos días de tomar posesión, Xiomara Castro hizo una convocatoria muy valiente a los bajos del Palacio Legislativo “¡Acompáñenme!” decía en sus redes sociales. El acto demostró nuevamente la disposición de la totalidad del partido a cerrar filas contra la traición y las maniobras de la narco dictadura.

El anuncio público del golpe legislativo se llevó a cabo nuevamente desde los foros televisivos de la derecha, al igual que el conteo y proyección de Batson con los votos rurales del 2017, la legitimación del fraude de 2013 o el respaldo al golpe de Estado en el 2009. La ambigüedad intencionada en la información, la complicidad de los mismos medios y la propagación de información falsa en las redes, también nos dan cuenta la batalla que continuaremos enfrentando.

Es claro que el triunfo electoral ha colocado a las fuerzas de oposición en mejores condiciones para la batalla, es necesario avanzar. “Hemos tomado la colina” decíamos en la evaluación de diciembre; estamos seguros que el gobierno avanzará a pasos agigantados con la nueva administración. 12 años y 7 meses de neoliberalismo crudo han dejado el país en ruinas, pero una correcta conducción del Estado de Honduras, el ejercicio transparencia de la ejecución de los fondos públicos y la participación permanente y protagónica del pueblo en cada momento que el enemigo aceche, conseguirán mantener el rumbo.

Honduras, el cambio es ahora

 

Por Fabrizio Casari
www.altrenotizie.org

Tal y como preveían todas las encuestas, Xiomara Castro, candidata de la izquierda hondureña, es la nueva Presidenta de Honduras. Doce años después de que el golpe de Estado de Hillary Clinton derrocara al presidente legítimo Mel Zelaya, ahora líder del Partido Libre Progresista, Xiomara -la esposa de Mel- ha devuelto las cosas a su orden natural, con el consenso popular en el gobierno y el golpismo en la oposición. Los intentos desesperados de impedir la victoria de Xiomara por parte
del gobierno estadounidense y de la UE, de la mano de la OEA, resultaron ineficaces. Un margen tan amplio, que si ha impedido cualquier posible fraude en lo que se refiere a la victoria de los candidatos presidenciales, ve ahora a la derecha trabajar duro para intentar anular o al menos modificar parcialmente la victoria igualmente abrumadora de la izquierda, tanto en lo que se refiere a los votos parlamentarios como a los de las administraciones locales. Aquí, de hecho, en las elecciones para alcaldes, la derecha está intentando operaciones sucias, pero la impresión es que pueden reducirse a acciones disruptivas que tendrán poco efecto en la proclamación de los resultados reales.

Una propuesta posible y viable

La identidad del "socialismo democrático" reivindicada por Xiomara Castro no debe inducir a error sobre una supuesta blandura hacia las clases dominantes y el sistema político. Habla de democracia directa y consulta popular, de acabar con la pobreza y la corrupción. Pues bien, unir la situación de los desposeídos y la lucha contra la corrupción y la delincuencia es un eslabón estratégico en la construcción de una Honduras diferente. Es precisamente la soldadura entre anexionismo y criminalidad lo que constituye la quinta esencia del sistema de poder que tiene secuestrado al país, ahora más cercano a la representación del horror que a la de una sociedad moderna y desequilibrada. Precisamente por eso, Estados Unidos y la derecha local, mucho más circunspectos que ciertos izquierdistas con sus adjetivos fáciles y fuera de lugar, ven claramente la amenaza a sus intereses.
La propuesta política de reconciliación nacional y de reforma profunda del Estado y de la sociedad hondureña, a través de una lucha encarnizada contra la corrupción y el crimen organizado, ha demostrado ser la baza de una batalla política por la redención de un país sumido en la delincuencia atroz y la corrupción rampante, la otra cara de la moneda de un país reducido a su mínima expresión, donde los índices de delincuencia y pobreza se combinan en una mezcla horrenda, entre los más altos de todo el continente americano. San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, es más peligrosa que Bagdad en cuanto a la tasa de asesinatos en relación con sus habitantes. Un país ahora dominado desde fuera por Estados Unidos y dominado desde dentro por el crimen organizado. Una pinza mortal cuyos dos brazos responden a los mismos intereses, aunque no siempre a los mismos señores.
Una condición que necesitaba una propuesta política amplia y compartida, desencadenando una rebelión tanto cívica como política, que se resume en el manifiesto político de la izquierda vencedora. En este sentido, la victoria de Xiomara no sólo es una reparación tardía de lo sufrido con el golpe de Estado de 2009, al que siguieron doce años de luchas sociales y políticas y una dura represión, con el asesinato de numerosos líderes de movimientos sociales, sino que también recoge los frutos de las luchas contra las políticas antipopulares de los distintos gobiernos que siguieron al golpe de Estado de Micheletti y la incidencia del crimen organizado en las políticas gubernamentales.
Es precisamente la combinación de las luchas por las reivindicaciones sociales y contra la brutal represión, por un lado, y la aspiración a un país libre de narcotráfico, por otro, lo que ha representado el vínculo entre distintos sectores sociales del país, ahora reflejado en una votación que, por su amplitud y transversalidad, debe leerse como una protesta generalizada y no sólo del segmento más débil de la población.
La dictadura hondureña ha sufrido gravemente el abandono incluso de algunos de sus sectores sociales de referencia en zonas tradicionalmente conservadoras. Una caída vertical del consenso amplificada por los aproximadamente dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales emigraron ilegalmente durante los últimos doce años de la narcodictadura imperante en Tegucigalpa. No es casualidad que el gobierno haya establecido un mecanismo de actualización de documentos que complica enormemente el voto en el extranjero.
Pero no ha servido para poner trampas en el camino de los votantes, que sin embargo tendrán que, con toda probabilidad, defender su voto en las calles, dado que es difícil que la derecha y el narcogobierno de Hernández cedan el poder, reconociendo el valor del proceso democrático que produjo su derrota electoral.
De hecho, no se pueden descartar intentos de anular el voto mediante presiones e iniciativas de tipo golpista, pudiendo contar con el total apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que ve en la victoria de Xiomara Castro, una importante amenaza a su papel de dominio sobre el País.

Los reflejos internacionales

Honduras se caracteriza por ser, a todos los efectos, un portaaviones terrestre de Estados Unidos en Centroamérica. Todos los golpes y asaltos a los gobiernos progresistas de la época centroamericana y caribeña tuvieron su origen en las gigantescas bases estadounidenses en su territorio y el país fue la principal base de operaciones y de retaguardia de la Contra antisandinista de los años 80. El control total de Honduras es crucial para el control militar sobre el Golfo de Fonseca (en el Océano Pacífico) y el Mar Caribe y las fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Es precisamente esta ubicación geográfica la que le confiere una posición clave, preparatoria para el control de toda la región centroamericana.
Una región que no sólo es vital para el comercio y la red de telecomunicaciones de la que EE.UU. se ve afectado en gran medida por las tendencias del mercado en sus estados del sur, sino que, junto con México, garantiza la emigración incontrolada de mano de obra barata y sin derechos, que es útil para socavar lo que queda de los derechos laborales en el mercado interno de EE.UU.
El acuerdo con la vecina Nicaragua recuerda el apoyo de Mel Zelaya al proyecto Alba, por lo que la gestión del Bukele en El Salvador, que con la introducción de la moneda virtual podría reducir significativamente su dependencia del dólar, provocando problemas políticos y financieros que no son fáciles de prever. Estas son algunas de las preocupaciones que angustian en estos momentos a la CIA y a la Casa Blanca, que obviamente ya están pensando qué hacer para disuadir a Xiomara Castro de aventurarse por el camino de su marido o, si no quiere, deshacerse de ella como hicieron con Mel Zelaya.
Estados Unidos no quiere ni puede permitirse una Honduras diferente con una Nicaragua sandinista y un El Salvador parcialmente descontrolado. Por una razón general y circunstancial. La general es que Estados Unidos no tolera a los gobiernos que no le son sumisos; no necesariamente hostiles, sino simplemente no obedientes. El bastón de mando gira permanentemente sobre las cabezas de los países que quieren reducir la nefasta influencia estadounidense y el continuo saqueo de los recursos terrestres y subterráneos, así como del espacio geográfico y satelital para los fines de Washington.
En particular, si la proximidad geográfica con Nicaragua se convirtiera también en una fuerte proximidad política, muchas de las amenazas de aislamiento de la nación sandinista tomarían la forma de amenazas ociosas. La red de comercio e intercambio se vería ciertamente impulsada por un desarrollo positivo de las relaciones entre Managua y Tegucigalpa, que ya han mejorado significativamente con la firma del acuerdo bilateral sobre aguas territoriales en Nicaragua en octubre. Y la capacidad de Nicaragua para exportar alimentos permitiría una agenda social hondureña que decidiera combatir la pobreza a través de subsidios alimentarios a los grupos más débiles, lo que incidiría directamente en la reducción de la microcriminalidad.
En definitiva, un cuadro en ciernes que preocupa a Washington, precisamente porque la victoria de Xiomara Castro es el motor de una mayor integración regional y una mayor independencia de Washington y el empuje que viene de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia para una superación definitiva de la OEA, para ser sustituida por la CELAC, encontraría una nueva, inesperada e importante pieza en la construcción de una América Latina diferente y más independiente.
Ante la noticia de la virrotia de Xiomara, la bandera hondureña ondeó ayer como nunca antes sobre los edificios de Tegucigalpa. Movido por un viento de cambio que acentuaba sus colores, ajeaba sinuosamente, bailando y tocando el cielo.
Muchos juran haber visto los brazos de Berta Cáceres agitando banderas y la sonrisa de Xiomara dictando las olas. Desde ayer, el momento de un cambio en la música se puede sentir desde arriba, así como desde abajo.