Por
John Perry, traducido por Nan McCurdy
Algunas
de las organizaciones locales de 'derechos humanos' en Nicaragua, que
recibieron financiamiento extranjero y operaron como vehículos de
propaganda contra el gobierno, perdieron su estatus legal a
principios de este año. Uno de ellos fue el CENIDH (Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos), dirigido por Vilma Núñez.
Varios miembros del personal del CENIDH, incluyendo a Gonzalo
Carrión, uno de sus
directores, partieron
en febrero para establecer
un nuevo organismo en Costa Rica, el “Colectivo
de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más”,
supuestamente utilizando dinero que pertenece al CENIDH (The
Gray Zone ha informado más
ampliamente sobre El
Surgimiento y la Caída de las Organizaciones de 'Derechos Humanos'
de Nicaragua y los
conflictos recientes dentro de ellas).
Nicaragua
Nunca Más está claramente dotada de recursos, ya que ahora tiene
una oficina en San José, publica
informes elaborados y puede
presentar sus argumentos y celebrar reuniones con las Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos
internacionales. Aunque no hay nada en su sitio web que indique de
dónde proviene este dinero, como también fue el caso del CENIDH, su
página de Facebook sugiere que recibe apoyo de la embajada del Reino
Unido en Costa Rica y de otras fuentes. Nicaragua Nunca Más cuenta
con la colaboración del gobierno de Costa Rica, que regularmente
condena a Nicaragua a pesar de tener sus propios y considerables
problemas de derechos humanos.
Nunca
Más se creó en febrero, pero ya está teniendo una influencia
considerable en los organismos internacionales. Hasta ahora su
campaña más exitosa ha sido contra el "asesinato" de
campesinos en áreas rurales de Nicaragua, presuntamente por el
ejército o la policía nicaragüense, y supuestamente enfocada en
personas que se opusieron al gobierno durante las protestas de 2018.
Todos los organismos internacionales clave lo han tratado con
seriedad. La OEA tomó
evidencia de ello de Nunca
Más el 25 de septiembre, y el 4 de octubre la CIDH emitió un
comunicado
de prensa, denunciando el
asesinato de ‘al menos 30’ campesinos, la mayoría vinculados a
la oposición o en conflicto político con el gobierno. Además,
Andrew Gilmour, el Subsecretario General (británico) de Derechos
Humanos de la ONU, viajó
a Costa Rica para escuchar
las acusaciones de ‘terrible represión’ de Nunca Más, y Gilmour
también escuchó con simpatía los puntos de vista similares del
gobierno
costarricense.
En
su campaña por sanciones internacionales contra Nicaragua, la
oposición Alianza Cívica acaba de presentar a la OEA uno de los
informes elegantes producidos por Nicaragua Nunca Más. Titulada
Situación
de Derechos Humanos de la Población Campesina,
acusa al gobierno de represión
sistemática, selectiva y
letal contra los campesinos, con 30 de las muertes presuntamente
ocurridas en los primeros nueve meses de este año.
Para
un informe que supuestamente da detalles de una campaña de terror en
el campo, tiene una estructura inusual. La primera parte no trata en
absoluto de la actualidad, sino de las protestas contra el canal
interoceánico en los años previos a 2017. A pesar de las
acusaciones de represión, el movimiento anti-canal pudo realizar
alrededor de 90 grandes manifestaciones en este período, y nadie
resultó muerto (aunque hubo enfrentamientos con la policía cuando
los manifestantes bloquearon las carreteras, lo que provocó heridas
en ambos lados).
La
segunda parte se refiere a los tranques de carreteras establecidos en
las zonas rurales durante el fallido intento de golpe de estado de
2018. Pero el informe no dice nada sobre muchas personas que fueron
matados cuando intentaron pasar los tranques construidos por la
oposición, o que murieron en el camino por no recibir tratamiento
urgente porque se impidió que las ambulancias llegaran al hospital a
tiempo. El informe de investigadores solidarios, Rechazando
la Verdad, dedica un
capítulo (capítulo 5) a las muertes que ocurrieron en el centro de
Nicaragua en la primera mitad del año pasado, mostrando que la
mayoría de las víctimas eran en realidad personas locales, pero que
no fueron asesinadas por la policía sino por quienes controlaban los
tranques de carretera.
La
tercera parte del informe Nunca Más trata sobre la detención y el
juicio de Medardo Mairena y Pedro Mena, hombres que fueron declarados
culpables de organizar la masacre en la pequeña ciudad de Morrito.
Apenas se menciona los actos de terror que llevaron a cabo, y se
afirma inexactamente que dos personas murieron cuando el número real
de muertos era de cinco, de los cuales cuatro eran policías y uno
era un popular maestro local.
La
historia completa fue
contada en enero por Dick y
Miriam Emanuelsson. Los mensajes Whatsapp en los teléfonos que
llevaban Mairena y Mena cuando fueron arrestados, y el testimonio de
personas que escucharon los planes que se estaban haciendo,
proporcionaron las pruebas que llevaron a su condena. Sin embargo,
fueron puestos en libertad en junio en el marco de la amnistía
condicional del gobierno, y Mairena se presenta ahora como un posible
candidato presidencial.
La
cuarta sección trata sobre el desplazamiento de los campesinos que
huyeron a Costa Rica cuando se desmantelaron los tranques de
carretera. Apenas se menciona el nombre de las personas implicadas,
pero en cualquier caso el informe no señala en absoluto que muchos
de los que huyeron de los tranques lo hicieron porque eran culpables
de delitos y portaban armas. En cambio, los presenta a todos como
víctimas inocentes de la persecución del gobierno.
Sólo
en la quinta sección del informe hay detalles de las ‘ejecuciones’
en las zonas rurales, y la mayoría de ellas se refieren al período
2008-2017, mucho antes de que comenzaran las recientes protestas. Los
casos de 2019, supuestamente consecuencia de las protestas del año
pasado, ocupan sólo nueve páginas del informe. De las '30' muertes,
sólo siete se presentan con algún evidencia pero poco detallada. La
mayoría de ellos se relacionan con miembros de una sola familia, de
los cuales dos muertes ocurrieron en Honduras. En uno de los otros
casos, sólo se da el nombre de la víctima ("Martin"), lo
que hace imposible verificar la cuenta.
Las
verdaderas historias detrás de varios de los casos anteriores y
recientes han sido examinadas por la agencia de noticias
independiente Carta
Boden, que a menudo publica
noticias favorables a la oposición, así como noticias del gobierno.
Por ejemplo, los asesinatos ocurridos en Honduras, a 25 kilómetros
de la frontera con Nicaragua, fueron atribuidos por la policía local
y la prensa hondureña a enemigos de la familia, sin evidencia de
participación de las autoridades nicaragüenses. En total,
incluyendo casos que se remontan a 2008, Carta Boden dice que el
informe afirma que ha habido 55 asesinatos rurales, pero sólo da
detalles de 26 de ellos, y establece un vínculo claro con el
ejército o la policía nicaragüense en sólo 18 casos. Incluso en
estos casos, el análisis muestra que muchos de ellos estaban
relacionados con delitos comunes como el tráfico de drogas, el robo
de ganado o el asesinato. Carta Boden concluyó que las muertes que
investigó no tenían nada que ver con la situación política.
En
otras palabras, Nicaragua Nunca Más ha escrito un informe en el que
se afirma que el gobierno nicaragüense está llevando a cabo una
campaña de terror en las zonas rurales, que contiene poca o ninguna
evidencia concreta de que esto esté ocurriendo. Incluso en los casos
en que se documentan muertes u otros incidentes, el informe a menudo
no explica el contexto que permitiría que los incidentes se
entendieran adecuadamente. Por supuesto, la oposición sabe que si
presentan un informe elegante y bien diseñado de 80 páginas, la
mayoría de los medios de comunicación que simpatizan con su
política no lo analizarán y producirán titulares como La
Represión del Régimen contra los Campesinos.
Lo
que debería ser más sorprendente, pero lamentablemente no lo es, es
la crédulidad acrítica de las organizaciones internacionales cuando
reciben este material y su falta de debida diligencia en la
comprobación de los hechos. Presumiblemente, Nicaragua Nunca Más
sabe que es poco probable que los administradores de la ONU, la OEA y
la CIDH hagan algo más que echar un vistazo a un informe de este
tipo y lo tomen en serio. Incluso si se fijan en los detalles, no
tendrán conocimiento de las circunstancias locales. Para la
oposición y sus propagandistas en organizaciones de "derechos
humanos", el objetivo clave es dar la impresión de que (como
dice el informe) las zonas rurales de Nicaragua están sufriendo bajo
una "ola criminal" dirigida por el gobierno contra personas
que formaron parte de la oposición el año pasado. El hecho de que
pocas personas en Nicaragua hayan observado esta ola criminal es
totalmente irrelevante ya que el propósito primordial del informe es
ofrecer falsos pretextos para la injusta condena internacional al
gobierno sandinista de Nicaragua.
