martes, 29 de octubre de 2019

Propaganda antinicaragüense sobre los derechos humanos made in Costa Rica



Por John Perry, traducido por Nan McCurdy

Algunas de las organizaciones locales de 'derechos humanos' en Nicaragua, que recibieron financiamiento extranjero y operaron como vehículos de propaganda contra el gobierno, perdieron su estatus legal a principios de este año. Uno de ellos fue el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), dirigido por Vilma Núñez. Varios miembros del personal del CENIDH, incluyendo a Gonzalo Carrión, uno de sus directores, partieron en febrero para establecer un nuevo organismo en Costa Rica, el “Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más”, supuestamente utilizando dinero que pertenece al CENIDH (The Gray Zone ha informado más ampliamente sobre El Surgimiento y la Caída de las Organizaciones de 'Derechos Humanos' de Nicaragua y los conflictos recientes dentro de ellas).

Nicaragua Nunca Más está claramente dotada de recursos, ya que ahora tiene una oficina en San José, publica informes elaborados y puede presentar sus argumentos y celebrar reuniones con las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales. Aunque no hay nada en su sitio web que indique de dónde proviene este dinero, como también fue el caso del CENIDH, su página de Facebook sugiere que recibe apoyo de la embajada del Reino Unido en Costa Rica y de otras fuentes. Nicaragua Nunca Más cuenta con la colaboración del gobierno de Costa Rica, que regularmente condena a Nicaragua a pesar de tener sus propios y considerables problemas de derechos humanos.

Nunca Más se creó en febrero, pero ya está teniendo una influencia considerable en los organismos internacionales. Hasta ahora su campaña más exitosa ha sido contra el "asesinato" de campesinos en áreas rurales de Nicaragua, presuntamente por el ejército o la policía nicaragüense, y supuestamente enfocada en personas que se opusieron al gobierno durante las protestas de 2018. Todos los organismos internacionales clave lo han tratado con seriedad. La OEA tomó evidencia de ello de Nunca Más el 25 de septiembre, y el 4 de octubre la CIDH emitió un comunicado de prensa, denunciando el asesinato de ‘al menos 30’ campesinos, la mayoría vinculados a la oposición o en conflicto político con el gobierno. Además, Andrew Gilmour, el Subsecretario General (británico) de Derechos Humanos de la ONU, viajó a Costa Rica para escuchar las acusaciones de ‘terrible represión’ de Nunca Más, y Gilmour también escuchó con simpatía los puntos de vista similares del gobierno costarricense.

En su campaña por sanciones internacionales contra Nicaragua, la oposición Alianza Cívica acaba de presentar a la OEA uno de los informes elegantes producidos por Nicaragua Nunca Más. Titulada Situación de Derechos Humanos de la Población Campesina, acusa al gobierno de represión sistemática, selectiva y letal contra los campesinos, con 30 de las muertes presuntamente ocurridas en los primeros nueve meses de este año.

Para un informe que supuestamente da detalles de una campaña de terror en el campo, tiene una estructura inusual. La primera parte no trata en absoluto de la actualidad, sino de las protestas contra el canal interoceánico en los años previos a 2017. A pesar de las acusaciones de represión, el movimiento anti-canal pudo realizar alrededor de 90 grandes manifestaciones en este período, y nadie resultó muerto (aunque hubo enfrentamientos con la policía cuando los manifestantes bloquearon las carreteras, lo que provocó heridas en ambos lados).

La segunda parte se refiere a los tranques de carreteras establecidos en las zonas rurales durante el fallido intento de golpe de estado de 2018. Pero el informe no dice nada sobre muchas personas que fueron matados cuando intentaron pasar los tranques construidos por la oposición, o que murieron en el camino por no recibir tratamiento urgente porque se impidió que las ambulancias llegaran al hospital a tiempo. El informe de investigadores solidarios, Rechazando la Verdad, dedica un capítulo (capítulo 5) a las muertes que ocurrieron en el centro de Nicaragua en la primera mitad del año pasado, mostrando que la mayoría de las víctimas eran en realidad personas locales, pero que no fueron asesinadas por la policía sino por quienes controlaban los tranques de carretera.

La tercera parte del informe Nunca Más trata sobre la detención y el juicio de Medardo Mairena y Pedro Mena, hombres que fueron declarados culpables de organizar la masacre en la pequeña ciudad de Morrito. Apenas se menciona los actos de terror que llevaron a cabo, y se afirma inexactamente que dos personas murieron cuando el número real de muertos era de cinco, de los cuales cuatro eran policías y uno era un popular maestro local.

La historia completa fue contada en enero por Dick y Miriam Emanuelsson. Los mensajes Whatsapp en los teléfonos que llevaban Mairena y Mena cuando fueron arrestados, y el testimonio de personas que escucharon los planes que se estaban haciendo, proporcionaron las pruebas que llevaron a su condena. Sin embargo, fueron puestos en libertad en junio en el marco de la amnistía condicional del gobierno, y Mairena se presenta ahora como un posible candidato presidencial.

La cuarta sección trata sobre el desplazamiento de los campesinos que huyeron a Costa Rica cuando se desmantelaron los tranques de carretera. Apenas se menciona el nombre de las personas implicadas, pero en cualquier caso el informe no señala en absoluto que muchos de los que huyeron de los tranques lo hicieron porque eran culpables de delitos y portaban armas. En cambio, los presenta a todos como víctimas inocentes de la persecución del gobierno.

Sólo en la quinta sección del informe hay detalles de las ‘ejecuciones’ en las zonas rurales, y la mayoría de ellas se refieren al período 2008-2017, mucho antes de que comenzaran las recientes protestas. Los casos de 2019, supuestamente consecuencia de las protestas del año pasado, ocupan sólo nueve páginas del informe. De las '30' muertes, sólo siete se presentan con algún evidencia pero poco detallada. La mayoría de ellos se relacionan con miembros de una sola familia, de los cuales dos muertes ocurrieron en Honduras. En uno de los otros casos, sólo se da el nombre de la víctima ("Martin"), lo que hace imposible verificar la cuenta.

Las verdaderas historias detrás de varios de los casos anteriores y recientes han sido examinadas por la agencia de noticias independiente Carta Boden, que a menudo publica noticias favorables a la oposición, así como noticias del gobierno. Por ejemplo, los asesinatos ocurridos en Honduras, a 25 kilómetros de la frontera con Nicaragua, fueron atribuidos por la policía local y la prensa hondureña a enemigos de la familia, sin evidencia de participación de las autoridades nicaragüenses. En total, incluyendo casos que se remontan a 2008, Carta Boden dice que el informe afirma que ha habido 55 asesinatos rurales, pero sólo da detalles de 26 de ellos, y establece un vínculo claro con el ejército o la policía nicaragüense en sólo 18 casos. Incluso en estos casos, el análisis muestra que muchos de ellos estaban relacionados con delitos comunes como el tráfico de drogas, el robo de ganado o el asesinato. Carta Boden concluyó que las muertes que investigó no tenían nada que ver con la situación política.

En otras palabras, Nicaragua Nunca Más ha escrito un informe en el que se afirma que el gobierno nicaragüense está llevando a cabo una campaña de terror en las zonas rurales, que contiene poca o ninguna evidencia concreta de que esto esté ocurriendo. Incluso en los casos en que se documentan muertes u otros incidentes, el informe a menudo no explica el contexto que permitiría que los incidentes se entendieran adecuadamente. Por supuesto, la oposición sabe que si presentan un informe elegante y bien diseñado de 80 páginas, la mayoría de los medios de comunicación que simpatizan con su política no lo analizarán y producirán titulares como La Represión del Régimen contra los Campesinos.

Lo que debería ser más sorprendente, pero lamentablemente no lo es, es la crédulidad acrítica de las organizaciones internacionales cuando reciben este material y su falta de debida diligencia en la comprobación de los hechos. Presumiblemente, Nicaragua Nunca Más sabe que es poco probable que los administradores de la ONU, la OEA y la CIDH hagan algo más que echar un vistazo a un informe de este tipo y lo tomen en serio. Incluso si se fijan en los detalles, no tendrán conocimiento de las circunstancias locales. Para la oposición y sus propagandistas en organizaciones de "derechos humanos", el objetivo clave es dar la impresión de que (como dice el informe) las zonas rurales de Nicaragua están sufriendo bajo una "ola criminal" dirigida por el gobierno contra personas que formaron parte de la oposición el año pasado. El hecho de que pocas personas en Nicaragua hayan observado esta ola criminal es totalmente irrelevante ya que el propósito primordial del informe es ofrecer falsos pretextos para la injusta condena internacional al gobierno sandinista de Nicaragua.

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