En cualquier crisis, las ONG de derechos humanos financiadas por los las élites corporativas occidentales y los gobiernos que ellas controlan, despliegan falsas afirmaciones sensacionalistas, por ejemplo que las fuerzas policiales están asesinando a manifestantes pacíficos. Estas acusaciones, generalmente falsas, se hacen con el fin de crear un limbo cognitivo de duda y sospecha destinado a incapacitar la oposición a las campañas de recolonización de Occidente. A mediano y largo plazo, el goteo constante de falsas acusaciones contra los países que se resisten a la recolonización, como Siria e Irán, o Cuba, Venezuela y Nicaragua, crean falsos recuerdos, corrompiendo y distorsionando el registro histórico y oscureciendo los crímenes de Occidente contra esos y tantos otros países del mundo mayoritario.
Las élites gobernantes occidentales han corrompido las organizaciones e instituciones de derechos humanos en prácticamente todos los niveles utilizando subvenciones corporativas y financiación gubernamental. Las prácticas corruptas que resultan de este proceso reflejan las técnicas corporativas para cometer el fraude contable y lograr la evasión estratégica de la regulación. Escritores sobre economía como Michael Hudson y William Black, entre otros, han explicado cómo las corruptas corporaciones estadounidenses han explotado estos abusos fraudulentos durante décadas. El fraude contable no es diferente esencialmente de otras prácticas muy antiguas, por ejemplo de degradar las monedas, adulterar los productos alimenticios o vender productos defectuosos como si fueran aptos para usar. Todas ellas engañan a la gente para que acepten algo que les causa pérdidas, daños y perjuicios.
En los Estados Unidos, las poderosas corporaciones controlan la vida política e institucional lo suficiente como para poder cooptar la justicia y escapar a la persecución penal. Esta realidad desplaza del mercado a las prácticas comerciales y financieras honestas y socialmente responsables. Paralelamente al fraude contable por parte de las principales instituciones financieras, otras empresas multinacionales, por ejemplo las empresas petroleras, mineras o de tecnología de la información, aplican lo que varios escritores llaman una estrategia de "un velo de niveles" que falsea o esconde sus ganancias a fin de evitar la reglamentación fiscal o el enjuiciamiento judicial. Más legítimamente, en el ámbito de los seguros, la estrategia del "velo de los niveles" difunde de manera dispersa los riesgos asociados a posibles litigios. La industria internacional de los derechos humanos utiliza técnicas similares para justificar y disfrazar los ataques de Occidente contra los pueblos del mundo mayoritario.
La dependencia de las ONG internacionales de derechos humanos de la
financiación corporativa y gubernamental y de la publicidad a través de
los medios corporativos y las relaciones públicas a lo largo del tiempo
ha generado la ósmosis de la práctica corporativa corrupta a la
industria de los derechos humanos. Escritores como Cory Morningstar
han analizado exhaustivamente cómo esta toma de control por parte de la
cultura corporativa del "complejo industrial sin fines de lucro sirve a
la hegemonía como un sofisticado mecanismo simbiótico afinado en un
continuo estado de metamorfosis y refinamiento. La élite gobernante
canaliza una cantidad inconmensurable de recursos y herramientas a
través de estas organizaciones para fortalecer, proteger y expandir aún
más las formas existentes de estructuras de poder y dominación global".
En el contexto de los derechos humanos, el fraude contable empresarial
adopta la forma de acusaciones políticamente motivadas, falsas y
sensacionalistas, basadas en investigaciones atrozmente unilaterales, a
menudo vacíos de acontecimientos verdaderos, que a veces utilizan falsas
reconstrucciones pseudocientíficas. La responsabilidad por estas falsas
acusaciones se difumina de manera dispersa mediante una estrategia del
"velo de niveles" que comienza en un nivel bajo con pequeñas ONG de
derechos humanos locales o nacionales. Luego progresa a través de ONG
internacionales de derechos humanos más grandes y también contratistas
privados auxiliares hasta llegar a las instituciones regionales de
derechos humanos, para finalmente llegar a las organizaciones de las
Naciones Unidas y, en última instancia, a los niveles más altos del
sistema jurídico internacional de derechos humanos. Al excluir la
corroboración independiente, el intercambio de un nivel a otro imparte
una espuria legitimidad mutua de grados variables entre las
organizaciones e instituciones involucradas.
El proceso es cuasijudicial y las organizaciones no enfrentan ningún
interrogatorio externo, de modo que intentar contrarrestar las falsas
acusaciones es sumamente difícil, si no imposible, especialmente a corto
plazo. En todo caso, la industria de los derechos humanos es aún menos
regulada que las empresas multinacionales. Dos ejemplos recientes, entre
otros innumerables, confirman la monopolización progresiva de la
industria de los derechos humanos por las prácticas corruptas
corporativas. Tanto contra el gobierno de Ucrania en febrero de 2014
como contra el gobierno de Nicaragua en mayo de 2018, las ONGs
occidentales de derechos humanos hicieron acusaciones muy similares de
que sus fuerzas policiales asesinaron indiscriminadamente a
manifestantes pacíficos. En ambos casos, las acusaciones eran falsas.
En ambos casos, el contexto de las muertes fue un violento intento de
cambio de régimen por parte de una oposición política financiada por el
gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Ucrania, la oposición
había sido apoyada durante más de veinte años con fondos del gobierno de
los Estados Unidos que ascendían a más de US$5,000 millones, como confirmó en 2013 Victoria Nuland,
entonces Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Esa
financiación del gobierno de los Estados Unidos se sumaba a la
financiación de parte de oligarcas corporativos de los Estados Unidos
como Pierre Omidyaar y George Soros.
El acontecimiento más notorio de la campaña de cambio de régimen en
Ucrania tuvo lugar entre el 18 y el 20 de febrero de 2014, cuando más de
70 personas fueron asesinadas en la plaza Maidan de Kiev durante los
violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La
masacre condujo al derrocamiento del gobierno legítimo y su sustitución
por un régimen fascista cliente de EE.UU.
Después del evento, incluso la CNN se sintió obligada a informar sobre una conversación filtrada
entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y
Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión de Relaciones
Exteriores, en la que Paet confirmó que un médico pro-oposición que
atendía a los manifestantes heridos afirmó que eran los francotiradores
de la oposición, y no las fuerzas de seguridad del gobierno, que habían
disparado a los manifestantes. Ese reporte fue seguido por la emisión de
entrevistas del la televisión italiana aquí y aquí,
con francotiradores mercenarios que confesaron haber disparado tanto a
los manifestantes como a la policía durante las protestas de Maidan en
febrero de 2014. Los mercenarios fueron agraviados por no haber recibido
el pago prometido por las personas alineadas de la oposición que los
contrataron. Aun así, las autoridades ucranianas anunciaron que su
investigación sobre los disparos había concluido, simplemente repitiendo
las falsas acusaciones contra el anterior gobierno ucraniano, a pesar
de las pruebas categóricamente claras de lo contrario.
Una parte prominente de la falsa argumentación de los fiscales del nuevo gobierno de Ucrania fue una reconstrucción virtual de los acontecimientos por un contratista privado de Nueva York llamado SITU Research,
cuyo trabajo en materia de derechos humanos es financiado por algunas
fundaciones privadas de oligarcas estadounidenses, como la Fundación
MacArthur, la Fundación Oak y las Fundaciones Open Society. En un
detallado estudio académico, Ivan Katchanovski, de la Universidad de
Ottawa, ha expuesto como falsa
la reconstrucción por parte de SITU Research de los tiroteos de Maidan,
demostrando, por ejemplo, que en varios casos las imágenes de SITU
Research desplazaron la ubicación en los cuerpos de los víctimas de las
heridas indicados en los respectivos informes de las autopsias forenses
para así ajustarse a las conclusiones del vídeo. El análisis detallado
de Katchanovksi se basa en otras pruebas omitidas por SITU Research que
también contradicen las afirmaciones de su reconstrucción virtual, por
ejemplo, el testimonio de 25 manifestantes heridos de la oposición que declararon que les dispararon desde edificios controlados por la oposición.
Katchanovski señala que numerosas imágenes de vídeo y de diferentes
canales de la televisión muestran a francotiradores y tiradores de la
oposición en edificios controlados por la oposición. Esas imágenes están
respaldadas por más de 150 testimonios que confirman que los
francotiradores dispararon desde esos lugares. Katchanovski también
señala que Brad Samuels, socio fundador de SITU Research "dijo en un video
[que comienza a las 55:16] que '...eventualmente, hay un consenso de
que había un tercero actuando. Está claro por las pruebas forenses que
la gente fue disparada por la espalda. Alguien estaba disparando desde
los tejados". " Katchanovski comenta
que la "impactante observación de Samuels no fue incluida en ningún
lugar del informe del modelo 3D de SITU que él produjo." El análisis
crítico de Katchanovski del material de la investigación de SITU
Researchy de la investigación oficial del nuevo gobierno de Ucrania
sobre la masacre de Maidan nunca ha sido seriamente cuestionado.
Similares acusaciones falsas que ignoran mucha evidencia contradictoria,
fácilmente disponible y también usando un modelo virtual de SITU
Research, se han hecho contra el gobierno de Nicaragua. El 30 de mayo un
órgano subsidiario de la Organización de Estados Americanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y SITU Research publicaron conjuntamente un video
que supuestamente prueba que la policía de Nicaragua disparó y mató a
manifestantes desarmados en una manifestación el 30 de mayo de 2018. Sin
embargo, un análisis detallado
del vídeo muestra que también en este caso SITU Research ha
tergiversado los datos, específicamente la distancia entre la policía y
los manifestantes en el lugar, que en realidad era de unos 175 metros, a
fin de armonizar la realidad de lo ocurrido con su reconstrucción
virtual, que afirma que los francotiradores de la policía dispararon
desde una distancia de unos 250 metros.
En las imágenes de vídeo de las protestas en Nicaragua no hay escenas en
las que la policía nicaragüense utilice sus armas de fuego. Del mismo
modo, al igual que en su falsa reconstrucción de los acontecimientos en
la plaza Maidan de Kiev, SITU Research omitió un importante conjunto de información
que contradice su relato de los tiroteos en Managua el 30 de mayo. El
contexto en este caso también fue de protestas extremadamente violentas
de organizaciones financiadas por el gobierno de los Estados Unidos
con más de 15 millones de dólares sólo en el período2017-2018. Por
ejemplo, tres organizaciones nicaragüenses de derechos humanos
recibieron más de US$3 millones de dólares del Gobierno de los Estados
Unidos ese año, al igual que una ONG parte de los medios de comunicación
locales. Aunque dos organizaciones de solidaridad escribieron y publicaron una carta abierta
a las organizaciones que produjeron el vídeo, cuestionando
respetuosamente sus conclusiones, hasta la fecha sólo ha recibido un
acuse de recibo formal de la carta sin responder a las preguntas.
Tanto en Ucrania como en Nicaragua, el Gobierno de los Estados Unidos
financió a ONGs locales y otras organizaciones de la oposición política
en esos países para que hicieran denuncias falsas de violaciones muy
graves de los derechos humanos. Un contratista de una empresa privada
estadounidense fue financiado por intereses corporativos de los Estados
Unidos para producir falso material pseudocientífico que incriminaba
injustamente a los gobiernos por esas violaciones. Las ONG
internacionales de derechos humanos repitieron las falsas acusaciones
sobre la base de esas mismas pruebas falsa y suprimieron abundantes
pruebas contradictorias. En su turno, las instituciones regionales de
derechos humanos también acusaron a los gobiernos e individuos en
cuestión en base a ese mismo material defectuoso.
Las acusaciones son falsas, pero al gobierno nicaragüense y a los
miembros acusados del antiguo gobierno ucraniano se les niega una
defensa justa. Este mismo proceso se ha repetido una y otra vez contra
los gobiernos que se resisten a las políticas de los Estados Unidos y
sus aliados. Las organizaciones occidentales de derechos humanos
comparten la misma metodología corrupta que sus patrones corporativos y
gubernamentales. Hacen afirmaciones falsas, suprimen pruebas
inconvenientes, hacen todo lo posible para evitar el escrutinio
independiente y evitan sistemáticamente una rendición de cuentas
adecuada.
