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| (Foto: Jamil Buitrago) |
Por Jorge Capelán
managuaconamor.blogspot.com
Los comicios del domingo 7 de noviembre en Nicaragua fueron históricos. Fueron las primeras elecciones sin injerencia extranjera a lo interno del país en toda su vida republicana. La inmensa mayoría del pueblo se decidió por la vía electoral bajo el marco constituyente surgido del 19 de julio de 1979 cuando una insurrección popular dio al traste con el Estado constabulario instituido por los EE. UU: La dictadura somocista. Solo un 6-11% del electorado cayó bajo el influjo de línea de la propaganda estadounidense, que era la abstención, o sea que esa campaña de guerra sicológica fracasó estrepitosamente. Explicaremos todo por partes.
Las potencias coloniales (especialmente los Estados Unidos y Gran Bretaña), siempre han practicado la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
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En 1848, Inglaterra se apodera de San Juan de Nicaragua y bautiza la ciudad con el nombre de Greytown en apoyo a un tal “Rey Mosco” local “zambo-miskito” que ellos mismos habían instaurado el siglo anterior —una especie de Juan Guaidó de aquellos tiempos. El objetivo era apoderarse de la ruta interoceánica que une al Caribe con el Pacífico.
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En 1856, una facción liberal local “recluta” al filibustero estadounidense William Walker en su guerra contra los conservadores. Craso error, porque Walker financiado por el magnate ferroviario y naviero Cornelius Vanderbilt vino a Nicaragua con el objetivo declarado de “civilizar” la región instaurando la esclavitud, obviamente, con el fin de controlar el paso interoceánico. Es importante recalcar que la intervención de Walker fue propagada como una empresa noble y progresista, el primer ejemplo de “promoción de la democracia” estadounidense en Nicaragua.
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A partir de ese entonces, fueron incontables las ocasiones en las que Nicaragua contó con los dudosos “nobles oficios” de los Estados Unidos para injerir en sus asuntos internos, generalmente forzando pactos y empréstitos que solamente beneficiaban al “gran vecino del Norte” y a una u otra facción de la oligarquía local.
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En nombre de la democracia, los marines organizaron elecciones y contaron los votos de los nicaragüenses hasta que su amor por este pueblo fue tanto que llegaron a instaurar la dictadura líbero-conservadora de Somoza —una dictadura que en sus últimos estertores no tuvo el menor empacho en usar armas de destrucción masiva (bombas de fósforo blanco) contra su propio pueblo, tal y como aún hoy en día lo pueden atestiguar los habitantes de ciudades como Estelí y Masaya.
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A inicios de 1981, la administración Reagan le declara la guerra a Nicaragua y a su joven revolución nacida dos años antes. Desde el mismo inicio de la revolución los Estados Unidos se dedicaron a organizar y a financiar grupos locales para neutralizar el proceso de cambios y asegurarse de que el país volviera a someterse a sus intereses. Con ayuda de la CIA y la USAID, y más tarde, a partir de 1983, de la Fundación Nacional para la Democracia, financiaron todo tipo de grupos sindicales, gremiales y políticos que les ayudasen en su esfuerzo de guerra Contra de “baja intensidad” que convirtió a Nicaragua en la Siria de los años 80. Esta injerencia alcanzó su máximo en términos de apoyo financiero en las elecciones de 1990, en las que el mensaje de los EE. UU. al pueblo nicaragüense era que debería votar por la alianza UNO o de lo contrario la guerra y el bloqueo continuarían. Aunque respetando las normas de la constitución de 1986, y aunque las elecciones fueron de una pulcritud absoluta, el pueblo nicaragüense debió acudir a las urnas con una pistola apuntándole a la sien: La del gobierno estadounidense y sus dispositivos de injerencia política.
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Durante todo el período de gobiernos neoliberales entre 1990 y 2006, la injerencia estadounidense, ahora reforzada con la de los gobiernos europeos, fue permanente. Ya sea financiando todo tipo de grupos afines a los partidos antisandinistas o tratando de extorsionar económicamente a las organizaciones afines al sandinismo, la mal llamada “ayuda al desarrollo” fue usada como medio de injerencia política. Los embajadores occidentales, especialmente el de Estados Unidos, rutinariamente expresaban en los medios juicios de valor sobre las políticas internas, condenando abiertamente a los grupos y dirigentes políticos que no eran de su agrado. En las elecciones, hasta llegaron a traer al país a figuras tristemente célebres de los años 80, como el teniente coronel Oliver North, a amenazar al pueblo nicaragüense con lo que podría venir en caso de votar por el FSLN. Crearon toda una parafernalia de ONG tóxicas con el expreso fin de que Nicaragua fuese literalmente entregada a Estados Unidos y a los países occidentales, como es el caso del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) que a fines de los años 90 intentó (en vano) que el Estado de Nicaragua entregara sus misiles tierra-aire de la guerra de los años 80 a los Estados Unidos. Otras ONG occidentales se encargaron de manipular cuestiones como los derechos humanos y los derechos de las mujeres, mientras que otras se centraron en la manipulación de las elecciones para beneficiar a los partidos liberales, que a su vez eran objeto de profusas acciones de injerencia y financiamiento tóxico.
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Desde el regreso del Frente Sandinista al gobierno, toda esa estructura de injerencismo fue reforzada, ahora con el fin de destituir al gobierno del Comandante Daniel Ortega. Esto incluyó el financiamiento y apoyo al micropartido violento Movimiento Renovador Sandinista y a toda una red de grupos enfocados en todo tipo de temas utilizados como pretexto para discursos insurreccionales y deslegitimadores de la institucionalidad del país. En lo electoral, los Estados Unidos alentaron a todos los grupos que promoviesen salidas y discursos abstencionistas, financiando una red de medios en apariencia independientes pero totalmente subordinados a los intereses estadounidenses. Todo esto desembocó en el derrotado “golpe suave” del año 2018 que le causo al país serios daños económicos, pero que chocó frontalmente con los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía. Esta “revolución de colores” confundió durante algunos días a sectores de la población, pero sus organizadores muy pronto mostraron que sus verdaderas intenciones eran las de destruir el país y no impulsar supuestas reivindicaciones sociales. El dinero injerencista de Estados Unidos y de las embajadas de la Unión Europea financió la muerte y la destrucción, así como gravísimas violaciones a los derechos humanos del pueblo nicaragüense.
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Tras la derrota de la “revolución de colores” del año 2018, la red de conspiradores terroristas financiada por los Estados Unidos, siguió el mismo rumbo destituyente que había seguido desde el inicio del gobierno sandinista, sin entender que algo muy fundamental había sucedido en la sociedad nicaragüense: que la inmensa mayoría de la población decidió que quiere vivir aquí en Nicaragua y que quiere que las contradicciones se resuelvan pacíficamente dentro del marco de la ley. El gobierno sandinista ofreció a los sectores golpistas amnistías, procesos de diálogo, amplios movimientos de reconciliación y un conjunto de políticas públicas que jamás diferenciaron a sus beneficiarios por su color político. Esto caló en la ciudadanía de a pie, pero no en una minoría de los operadores políticos controlados por Estados Unidos. Esos grupos siguieron conspirando como siempre y la injerencia de EE. UU. y la UE continuó ininterrumpida, junto con la agresiva campaña internacional de desprestigio contra Nicaragua. Mientras tanto, el consenso social a lo interno de la Nicaragua real se fue consolidando y con ello una mayoría política, tanto de individuos como de organizaciones, que decidieron que este marco institucional es el que el propio pueblo nicaragüense se ha elegido y que es dentro de este marco que se debe vivir en el país. Asimismo, el gobierno sandinista, basado en su sólida mayoría en la Asamblea Nacional, fue reforzando el marco legal que castiga la injerencia extranjera en los asuntos internos así como las actividades de traición a la patria, como el pedir expresamente la intervención extranjera. Es precisamente ese marco legal el que se ha aplicado a un selecto grupo de agentes al servicio de los Estados Unidos que incluye a algunos banqueros, prominentes oligarcas, operadores de ONG, propagandistas, etcétera. Entre estos operadores está Cristiana Chamorro, perteneciente a la más rancia oligarquía de Nicaragua, y a quien los Estados Unidos habían reservado el rol que le asignaron a Juan Guaidó en Venezuela, pero la arrogancia imperial fue tal, que la misma Chamorro quedó fuera del marco legal incluso antes de fuera electa candidata por partido alguno.
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Esa red de una cuarentena de conspiradores actualmente presos, investigados y juzgados por graves delitos contra la patria no ha recibido el menor apoyo en la calle en Nicaragua, ya que sencillamente no lo tiene. Incluso los sectores de la población que han sido influenciados por la propaganda abstencionista de los Estados Unidos y no votaron en las elecciones del domingo, jamás han salido a la calle a protestar, no porque le hayan temido a “la represión del régimen”, como dice la propaganda occidental, sino sencillamente porque no tienen la suficiente convicción de que esos sujetos y grupos realmente merezcan ser defendidos. De otro modo, hubiese sido imposible para el Estado impedirles que se manifestasen.
Veamos a continuación algunas cifras de las elecciones del domingo. Los datos están redondeados porque aún falta el informe definitivo:
En la elección del domingo votaron unos 2.86 millones de electores, es decir, 64% de un padrón electoral de 4.48 millones de electores. 2 millones lo hicieron por el FSLN (75.9% de los votos válidos), 651 mil por la oposición (24% de los votos válidos) y unos 156 mil votos nulos (5.4% del total). Un total de 1.6 millones de ciudadanos habilitados (36.1% del padrón) se abstuvieron de votar. De estos datos se pueden sacar varias conclusiones.
La primera es que la línea imperial, el abstencionismo, salió duramente derrotado. Pensar que un 36% de abstención (64% de participación) es una victoria a favor de los Estados Unidos es una grave equivocación, porque en Nicaragua desde 1986 habitualmente ha habido entre un 25-30% de abstención. La participación más baja se dio en 2006 (61.2%) y la más alta en 1990 (86.%). Entre esos dos extremos lo habitual ha estado entre el 70 y el 75%. Esa gente no vota por muchas razones, ya sea porque se les perdió la cédula de identidad, porque no les interesa la política o, como en el caso de decenas de miles de testigos de Jehová en Nicaragua, su religión no se lo permite.
Entonces, la cifra más cercana de sectores que no participaron en la contienda electoral por estar bajo el influjo de la guerra sicológica occidental es bastante más modesta, un 11 o un 6% del electorado, un dato mucho más cercano a las cifras de la encuestadora M&R, que por cierto, en su último estudio la semana anterior a las elecciones predijo una predisposición favorable al FSLN del 75%.
En lo que respecta al voto de la oposición (651 mil), este representó un 14.53% del total de los electores (4.48 millones). Si a este voto le sumamos los 156 mil votos nulos, tenemos un porcentaje total del 18% del electorado con posturas opositoras pero dentro del sistema electoral vigente claramente superior al 6-11% que todavía está bajo el influjo del golpismo. En general, un 24-29% del electorado se identifica con posiciones de derecha y de esa fracción solo una tercera parte o la mitad todavía se identifica con el golpismo de alguna manera más o menos militante.
En total tenemos que, mientras que un 64% del electorado está a favor de la democracia y la institucionalidad nicaragüenses, solamente entre un 6 y un 11% del electorado cree que lo mejor es plegarse a las amenazas del imperio. Incluso, de ese reducido universo, una fracción considerable no está dispuesta a repetir las atrocidades y crímenes cometidos por los golpistas en 2018 y más bien se abstuvo a causa del miedo provocado por la campaña de guerra sicológica desatada por los medios occidentales y el diario de la CIA en Managua, La Prensa.
En general, podemos decir que si tomamos en cuenta la totalidad de los habilitados para votar, el Frente Sandinista moviliza a un 44.6% del electorado (2 millones de 4.48); los indiferentes constituyen entre 25 y 30%, los opositores que aceptan la realidad democrática son un 14.5% y los opositores bajo el influjo del golpismo imperial son entre un 6 y un 11%. En términos de institucionalidad contra golpismo, la ventaja de la primera es 59% (44.6 + 14.5) contra 6-11% del segundo. En términos de izquierda-derecha, la correlación es de 44.6% a favor de la alternativa revolucionaria del FSLN contra 30 o 35% (24+6-11) que de uno u otro modo apoya a las fuerzas de la reacción. En medio (o al margen) queda un 25-30% del electorado que generalmente no participa en política (pero que podría llegar a hacerlo).
En resumidas cuentas, las fuerzas revolucionarias en Nicaragua han hecho avances políticos innegables llegando a construir un poder hegemónico en la sociedad, pero la vieja pugna entre patriotismo y lacayismo, entre izquierda y derecha, todavía subsiste. Es crucial para el Frente Sandinista atraer al proyecto Nacional-Popular de liberación nacional con justicia social, al proyecto Cristiano, Socialista y Solidario, a todos los sectores que se puedan atraer de la derecha que votó por la vía institucional y a los sectores que históricamente se han desvinculado de la política, aislando todavía más a los agentes del golpismo y desfacistizando a las víctimas de la constante guerra sicológica del imperio contra el pueblo nicaragüense -una guerra que no viene de ahorita, sino que es ya de siglos.
Ahora, con mecanismos jurídicos y con toda una infraestructura de poder democrático consolidada como nunca antes, están dadas las condiciones para que la sociedad nicaragüense avance por la senda del desarrollo y la independencia sin injerencias externas de ningún tipo y sea capaz de enfrentar las agresiones del imperio al mismo tiempo.
La vieja derecha procolonial está atravesando por una seria crisis de ideas que en realidad es producto de la crisis del proyecto civilizatorio del imperio. Tal vez esta nueva etapa que se abre a partir del 7 de noviembre de 2021 signifique para esta derecha la posibilidad de insertarse en la sociedad nicaragüense sobre otras bases que no sean las de la servidumbre a una oligarquía en vías de extinción y a un imperio en descomposición. Si no lo logra, no importa, Nicaragua no la extrañará.
