Managua, 4 nov (Prensa Latina) Las denominadas revoluciones de color o golpes suaves constituyen hoy unas de las estrategias de intervención silenciosa empleadas por Estados Unidos, con el propósito de derrocar a gobiernos contrarios a su visión económica, política, social y militar.
Uno de los casos más recientes contra Nicaragua es la suspensión de cientos de cuentas a periodistas y activistas a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, a menos de una semana de las elecciones generales.
La campaña de censura barrió también de las plataformas digitales a medios de comunicación defensores de una agenda mediática de izquierda y ello representa otras de las acciones asumidas por los presidentes estadounidenses Donald Trump y el actual Joe Biden tras el fracaso en el intento de golpe de 2018.
Facebook e Instagram cancelaron mil 300 cuentas con sede en Nicaragua y ante la réplica de los activistas en Twitter la plataforma le aplicó un golpe doble a la libertad de expresión, según los analistas, tras el cierre de perfiles con miles de seguidores y pertenecientes a grandes e influyentes medios dentro de este país.
Para el analista político uruguayo, radicado en Managua, Jorge Capelán, Washington empleó todos los métodos de desestabilización en la nación centroamericana, pues desde el mismo triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 financió una fuerza paramilitar contrarrevolucionaria.
«Durante 10 años, los muertos como consecuencia de ese enfrentamiento se calculan sobre los 50 mil. Los denominados contras torturaban, quemaban cooperativas, atacaban puestos de salud y volaban puentes, pero nunca pudieron establecer una cabeza de playa en el territorio nacional», señaló a Prensa Latina.
Al final, tuvieron que sentarse a dialogar con el gobierno encabezado por Daniel Ortega y aceptar elecciones dentro del marco constitucional, si bien para los comicios de 1990, Estados Unidos destinó cantidades ingentes de dinero en apoyo a la oposición al FSLN.
Además del aporte económico, el país norteño ejerció presión sobre la ciudadanía pues, con el propósito de lograr un voto desfavorable contra el FSLN prometieron el fin del conflicto bélico y esa elección supuso el comienzo de «la larga noche neoliberal», traducida en 16 años de saqueo y privatizaciones.
CAMBIOS EN LOS MÉTODOS DE DESESTABILIZACIÓN
Los embajadores norteamericanos en Nicaragua asumieron siempre una postura agresiva desde la llegada a la presidencia de Ortega, reconoció Capelán, entre ellos Paul Trivelli y su sucesor Roberto Callahan.
«Sin embargo, cada uno de esos diplomáticos se fue desgastando hasta que bajo la presidencia de Barack Obama arribó al país en septiembre de 2015 la funcionaria Laura F. Dogu quien, contrario a sus predecesores, mantuvo su disposición de trabajar con el pueblo y el gobierno de Nicaragua», recalcó.
A juicio de Capelán ya estaba «por debajo del tapete» la preparación del intento de golpe de estado de 2018 con una «estrategia envolvente» y mientras ella ejerció como diplomática infiltraron instituciones y formaron jóvenes de universidades privadas en cursos vinculados, por ejemplo, al desarrollo comunitario.
«En esos programas de estudios les enseñaban cómo subvertir al país mediante las redes sociales, la creación de medios de comunicación, el manejo de numerosas plataformas digitales y bajo la fachada de un supuesto trabajo social, mantenían cuentas bancarias para su activación llegado el momento», indicó.
Capelán recordó que, en aquella oportunidad, impulsaron un estado de opinión desfavorable a instituciones como la Policía Nacional o la Juventud Sandinista, sin respaldo o pruebas de ningún tipo y luego vino toda la campaña relacionada con los incendios en la Reserva Indio Maíz, la segunda más relevante de Nicaragua.
«Fue entonces cuando emprendieron una cruzada mediática sobre una presunta inoperancia del gobierno en esa región, sacaron versiones del hecho totalmente desproporcionadas y después descubrieron, incluso, que el incendio había sido provocado», consideró.
El 16 de abril de 2018 Ortega anunció medidas destinadas al aumento del aporte de los trabajadores y empleadores a la seguridad social y la creación de un tributo especial a las pensiones del 5 %; al día siguiente la cuenta de Twitter @SOSINSS, anunciaba un supuesto asesinato de un joven que ayudaba en la economía familiar.
A partir de ese momento, aumentaron las convocatorias a plantones en distintas ciudades y contra las reformas y, según el académico, los atacantes a espacios como el Centro Universitario de León «estaban facistizados y hábilmente manipuladas para actos de violencia y odio».
El presidente sandinista determinó entonces posponer la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, aparentemente, uno de los detonantes de las protestas y a la semana siguiente la sociedad comenzó con una serie de manifestaciones a favor del gobierno del FSLN.
Los «tranquistas»—impulsores de los bloqueos a pueblos y ciudades—, reconoció Capelán no lograron ahogar económicamente al país y unas semanas después la Policía Nacional intervino en el levantamiento de las barricadas y, poco a poco, los sandinistas retomaron el control de las calles.
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